El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el viernes que había ordenado a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, en inglés) para que desplegara más autobuses en Eagle Pass y El Paso, en ese estado, para transportar a inmigrantes a otras ciudades "autodeclaradas como santuario y así proporcionar un alivio muy necesario a nuestras ciudades fronterizas".
En un comunicado de la oficina del gobernador, Abbott aseguró que "la continua negativa del presidente Biden a asegurar nuestra frontera invita a miles de cruces ilegales a Texas y a nuestra nación cada día".
"Las comunidades de Texas como Eagle Pass y El Paso no deberían tener que soportar el aumento sin precedentes de la inmigración ilegal causada por las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden", subrayó Abbott.
El texto precisó que la activación de los autobuses en El Paso y Eagle Pass se sumará a las operaciones de autobuses estatales en curso en Brownsville, Del Rio, Laredo y McAllen.
En abril de 2022, Abbott instruyó a TDEM a alquilar autobuses para llevar a otros estados a los inmigrantes que habían sido liberados por el Gobierno federal en Texas.
De acuerdo con el comunicado, para abordar los autobuses, los inmigrantes deben hacerlo de "manera voluntaria" y "mostrar documentación de su liberación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos".
Abbott subrayó que "hasta que el presidente Biden cumpla con su deber constitucional de asegurar la frontera sur de Estados Unidos, Texas continuará desplegando tantos autobuses como sea necesario para aliviar la tensión causada por el aumento de cruces ilegales".
En la comunicación, la oficina del gobernador precisó que hasta la fecha, Texas ha enviado a más de 40,000 inmigrantes hacia ciudades como Washington, D.C., Nueva York, Chicago, Philadelphia, Denver y Los Ángeles.
Una niña de 3 años que iba a bordo de un autobús con inmigrantes enviado por Abbott desde Brownsville, en Texas, con destino a Chicago, murió el jueves 10 de agosto, tras experimentar problemas de salud.
El pasado 7 de septiembre se informó, después de una autopsia, que la niña tenía neumonía y problemas intestinales.
La menor, llamada Jismary Alejandra Barboza González se encontraba viajando en la autopista 57 a través del condado Marion, en el sur de Illinois –a unos 145 kilómetros (90 millas) al este de St. Louis– como parte de un grupo de migrantes.
Según el reporte de la autopsia, practicada por el médico forense del condado Marion, Troy Cannon, la menor falleció de colitis bacteriana por Shigella Flexneri, una enfermedad intestinal, y de neumonía por aspiración.
Las medidas tomadas por Abbott
Como parte de su política para contener la entrada de inmigrantes, Abbott ha tomado, entre otras medidas, el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas y efectivos del Departamento de Seguridad Pública de Texas en la frontera.
Además, el gobernador ordenó la instalación de boyas en el río Grande con el objetivo de impedir el cruce de migrantes hacia Estados Unidos.
El pasado jueves 7 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito puso un alto temporal a la orden de un juez para que el estado de Texas retirara las boyas que había colocado en el río Grande.
El fallo del juez federal David Ezra, del miércoles, constituyó una victoria tentativa para la Administración Biden, que había presentado una demanda el pasado 24 de julio contra el estado de Texas y a su gobernador, el republicano Greg Abbott, por la barrera de boyas flotantes.
En un documento presentado por el Departamento de Justicia en su demanda se aseguraba que 787 pies de las boyas se encontraban en México.
La orden del juez Ezra obligaba al estado a retirar las boyas antes del 15 de septiembre y prohibía a las autoridades estatales instalar estructuras similares en el río Grande.
La polémica por los buses con inmigrantes
Los envíos de autobuses con inmigrantes han sido el centro de críticas por ser considerados una maniobra política.
El pasado lunes 2 de mayo, la alcaldesa de Chicago, la demócrata Lori Lightfoot, le pidió a Abbott que pusiera fin a esa práctica.
Lightfoot se quejó en una carta el domingo previo que la ciudad no tenía los recursos suficientes para hacer frente al flujo de llegadas. Algunos migrantes son mantenidos en espacios públicos, como comisarías, hasta que se encuentra un lugar en un refugio.
Chicago ha lidiado con el problema de dónde alojar a los inmigrantes, mientras organizaciones de servicios sociales se quejaron de que se estaban quedando sin espacio.
El jefe de la Orden Fraternal de la Policía de Chicago presentó una queja el 2 de mayo porque la ciudad estaba alojando a inmigrantes en comisarías. Entre las quejas de los grupos de servicios sociales –y de la ciudad– sobre el traslado de inmigrantes en autobuses por parte de Abbott se encuentra la falta de coordinación de su oficina, que no deja tiempo ni capacidad para acomodar la afluencia de personas.
"Abbott se esfuerza por ser un imbécil en el tema", declaró en ese momento Joshua Hoyt, copresidente de la American Business Immigration Coalition, un grupo de defensa de los inmigrantes y quien ha trabajado como voluntario sobre el terreno para ayudar con la afluencia de inmigrantes.
El gobernador republicano respondió en una carta en esa ocasión que el problema de Chicago era mínimo comparado con la situación que vivían las comunidades fronterizas de Texas.
Por su parte, el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, afirmó el pasado 9 de agosto que "nuestra compasión puede ser ilimitada, pero nuestros recursos no lo son”, al pedir ayuda al Gobierno estatal y a la Administración federal para enfrentar la emergencia provocada por el arribo de casi 100,000 solicitantes de asilo —la mayoría enviados en autobúses desde Texas— desde 2022.
Adams estimó que la ciudad podría gastar más de 12,000 millones de dólares en los años fiscales 2023, 2024 y 2025 en alojamiento, alimentos y otros servicios a los miles de solicitantes de asilo que podrían llegar en este periodo, según explico en una conferencia de prensa, agregando que en 2023 la ciudad ya gastó 1,450 millones.
El alcalde estimó en esa ocasión que, de mantenerse la tendencia actual, para 2025 la ciudad tendría a 100,000 migrantes bajo su cuidado.