El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se está preparando para emitir esta semana nuevas directrices que buscan frenar drásticamente las detenciones y deportaciones de inmigrantes, de acuerdo con memorandos internos y correos electrónicos obtenidos por el diario The Washington Post.
Las ordenes provisionales enviadas a altos funcionarios del ICE establecen que los agentes ya no deportarán a inmigrantes con delitos menores y se centrarán en casos que amenacen a la seguridad nacional, en aquellos que hayan cruzado recientemente la frontera, y en personas que estén cumpliendo condenas por delitos graves.
Estas nuevas normas están a la espera de ser aprobadas por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El presidente, Joe Biden, asumió la presidencia revirtiendo políticas migratorias de la Administración del expresidente Donald Trump. Ahora busca reorientar el ICE, pero funcionarios consultados por el citado diario opinan que estos cambios les quitarán discrecionalidad a los agentes y limitarán sus capacidades para deportar delincuentes.
"Han suprimido ICE sin abolirlo", dijo un funcionario a The Washington Post bajo condición de anonimato, "el cambio es extremo, hemos pasado de aplicar plenamente nuestras leyes de inmigración a no aplicar nada”. Según un borrador de comunicado, los agentes que quieran detener a fugitivos fuera de las cárceles necesitarán la aprobación previa del director de la agencia en Washington justificando su decisión.
"La comisión de un delito grave es la prueba más concluyente de una amenaza a la seguridad pública", dijo la portavoz del ICE, Jenny Burke, en un comunicado, "ICE mantiene su discreción ilimitada para evaluar cualquier conducta al definir una amenaza a la seguridad pública".
Los funcionarios del ICE que se quejan de las nuevas normas que implementaría Biden en los próximos días. Dicen que esperaban cambios importantes, pero no las restricciones que se han salido a la luz pública por los memorandos y correos electrónicos
John Sandweg, director del ICE durante la Administración del expresidente Barack Obama, dijo que los nuevos lineamientos serán un buen paso para mejorar la imagen de la agencia y la calidad de su trabajo: "Nadie juzga al FBI por el número de detenciones que realiza. Los juzgan por la calidad de las detenciones".
Para Sandweg, medir el rendimiento del ICE según el número de detenciones y deportaciones, como hizo Trump, "no es una receta para una buena aplicación de la ley”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una directriz el 20 de enero con la que se ordenaba parar las deportaciones por 100 días, pero un juez federal frenó la decisión.
Los inmigrantes deben ser considerados amenazas a la seguridad pública si tienen un historial de comportamiento violento, afiliaciones a bandas delictivas o condenas por delitos graves, dijo Johnson. Además, aclaró que en el caso en que el delito con agravante tenga más de 10 años y no sea el motivo de una detención reciente, esa persona no se consideraría una amenaza para la seguridad pública.
Los críticos del Gobierno de Biden aseguran que el memorando del 20 de enero permitirá que miles de personas con antecedentes penales permanezcan en Estados Unidos.
Miembros del equipo de Biden aseguraron que las directrices provisionales dejan claro que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos de forma ilegal puede ser deportada si un funcionario del ICE justifica su expulsión.
Deportaciones de veteranos y familiares
Entre las políticas migratorias que Biden busca revertir de la Administración anterior está incluida la revisión de las deportaciones de veteranos y familiares de funcionarios de las Fuerzas Armadas ocurridas en los últimos cuatro años.
"El Gobierno federal, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, revisará más a fondo las expulsiones de veteranos y sus familiares", dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Vedant Patel, al grupo de noticias McClatchy.
"La aplicación de la ley en materia migratoria se centrará en aquellos que son amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, no a las familias de militares, miembros del servicio o veteranos", aseguró Patel.
Según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de 2019, al menos 250 veteranos estaban en proceso de expulsión del país.
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Los miembros activos normalmente no corren el riesgo de ser deportados debido al estatus migratorio que deben tener para poder servir. Estas personas no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para unirse al Ejército. Pueden ser residentes, nacidos en el extranjero con conocimientos especializados en idiomas o medicina o alistados no inmigrantes con estatus especial que sean residentes de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y Palau.
"Sabemos que en un momento dado pudo haber entre 8,000 y 10,000 miembros del servicio, o cónyuges en particular, en proceso de obtener estatus migratorio", dijo el congresista demócrata de Florida, Darren Soto, citando estadísticas del grupo no partidista de defensa de la inmigración American Families United.
Cientos de veteranos deportados a México pidieron a Biden a través de una carta que les permita regresar a su país. Además, clamaron porque se detengas las expulsiones.
"Creemos que no hay un momento más perfecto en la historia de nuestra nación para traer a estos héroes a casa. Biden es padre de un militar y sabe lo que es estar separado de un ser querido en el extranjero", dice el documento firmado a nombre de miles de veteranos que obtuvo la web informativa Insider.
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La senadora de Illinois Tammy Duckworth y el representante por California Mark Takano expresaron su apoyo a las solicitudes incluidas en la carta.
El presidente, Joe Biden, firmó en su primer día en el cargo 17 órdenes ejecutivas, entre ellas, la paralización de la construcción del muro fronterizo con México.
También emitió una orden ejecutiva para volver a incluir a los inmigrantes indocumentados en el Censo, a quienes Trump excluyó el año pasado.
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Además, propuso al Congreso un plan para garantizar un camino de regularización para 11 millones de personas indocumentadas hasta poder obtener la ciudadanía en ocho años si se cumplen determinadas condiciones.
Con información de The Washington Post, Insider y McClatchy.