Por Michael Casey y Mary Clare – The Associated Press
La Cámara de Representantes aprobó este martes un amplio proyecto de ley bipartidista para reducir el costo de la vivienda, cuando los legisladores de ambos partidos se muestran ansiosos por demostrar avances en temas de asequibilidad antes de las elecciones de mitad de mandato de este año.
Con una votación de 358 a 32, el proyecto de ley pasa ahora al presidente Donald Trump, quien se espera que lo promulgue el miércoles en el Capitolio. El Senado aprobó la legislación el lunes por 85 votos a favor y 5 en contra.
La legislación reduciría las regulaciones federales, simplificaría las evaluaciones ambientales, aceleraría el proceso de construcción y frenaría la influencia de los propietarios corporativos al limitar su capacidad para comprar viviendas unifamiliares. Representa uno de los esfuerzos más ambiciosos en décadas para aumentar la oferta de vivienda y bajar los precios, en un momento en que la frustración de los votantes por el costo de vida es muy alta.
La diputada demócrata Maxine Waters, de California, quien ayudó a negociar el proyecto de ley, señaló que la edad media de quienes compran su primera vivienda es ahora de 40 años y que los alquileres se han disparado cerca de 47% desde la pandemia de COVID-19.
“Nuestro país debe hacerlo mejor y hoy lo haremos”, afirmó.
Tras meses de negociaciones, se combinaron docenas de proyectos de ley para crear el paquete final, lo que generó un momento excepcional de bipartidismo en una sesión del Congreso que se ha visto plagada de amargos enfrentamientos.
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El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, French Hill, un republicano por Arkansas que trabajó con Waters y el Senado en el proyecto de ley, señaló que es la primera vez en años que el Congreso se ha unido para realizar “cambios medibles y responsables” en las leyes de vivienda del país.
El proyecto de ley “ayudará a construir más viviendas para satisfacer esa creciente demanda y mantener el sueño americano al alcance de todos”, dijo.
El proyecto de ley amplía el financiamiento y protege a los inquilinos
La legislación, que está en camino hacia Trump, ampliaría el financiamiento, fomentaría el desarrollo de “viviendas innovadoras” como las casas modulares, exigiría nuevas protecciones para los inquilinos y mejoraría los programas destinados a acabar con la falta de vivienda.
También ofrecería financiamiento a los Gobiernos locales que construyan más viviendas, incluyendo fondos del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) a las localidades que superen la tasa media de construcción de viviendas. Proporcionaría nuevos recursos para que las comunidades conviertan infraestructura abandonada en viviendas, y ofrece un marco para las comunidades que deseen reformar las normas de zonificación obsoletas, que a menudo limitan los desarrollos habitacionales de mayor escala.
Además, el proyecto de ley aumentaría los límites al número de unidades de vivienda pública que pueden recibir financiamiento para renovaciones y codificaría un programa de recuperación para ayudar a acelerar la entrega de fondos a las comunidades que se reconstruyen tras un desastre.
La legislación no incluye una disposición del Senado que habría exigido a los inversionistas vender las viviendas recién construidas en un plazo de siete años.
Tanto los republicanos como los demócratas han respaldado el proyecto de ley como una forma de demostrar que están abordando la crisis de asequibilidad que atraviesa el país, impulsada en parte por el aumento de los precios de las viviendas debido a la escasez de viviendas asequibles. El mercado inmobiliario de Estados Unidos se encuentra en una recesión que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos registrados durante la pandemia.
Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos se han mantenido cerca de un ritmo anual de 4 millones desde 2023, muy por debajo del ritmo anual de 5.2 millones que históricamente ha sido la norma. Las ventas se desaceleraron el año pasado hasta alcanzar su nivel más bajo en 30 años y se han mantenido débiles en lo que va del año, cuando registraron una caída en enero y febrero en comparación con el año anterior.
El Informe Económico del Presidente de abril señaló un déficit de 10 millones de viviendas, mientras que un informe de este mes del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard reveló que las ventas de viviendas existentes se encontraban en su nivel más bajo en tres décadas y que los inventarios estaban aumentando debido a los elevados costos de compra de viviendas. “La carga de los costos, tanto para los inquilinos como para los propietarios, sigue aumentando, mientras que la asistencia sigue estando profundamente subfinanciada”, señaló el informe.
Si bien la renta mensual mediana en Estados Unidos ha estado disminuyendo durante casi tres años, en mayo aún era 17.2% más alta que antes de la pandemia, según datos de Realtor.com.
La legislación contó con un amplio respaldo en la comunidad inmobiliaria, tanto de organizaciones que representan a arrendadores y grandes propietarios como de grupos que defienden a los inquilinos y a los arrendatarios de bajos ingresos.
También unió a republicanos y demócratas, muchos de los cuales destacaron el inusual nivel de bipartidismo previo a la votación.
“En este Congreso polarizado y enconado, realmente estamos logrando algo”, dijo el representante Jim Himes, demócrata por Connecticut.