Nueva York— “Las evidencias prueban que Genaro García Luna fue un funcionario inteligente, ambicioso, poderoso y egoísta que utilizó su puesto para hacer millones de dólares”, disparó en la corte federal del Distrito Este de Nueva York la fiscal Saritha Komatireddy, al dar este miércoles los alegatos finales en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, acusado de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa.
Komatireddy, quien presentó las conclusiones por parte de las autoridades estadounidenses, hizo un recorrido por el testimonio de los nueve testigos cooperantes, sobre todo antiguos narcos que aseguraron ante el jurado haber pagado millones de dólares a Genaro García Luna, o haber escuchado que se le pagaba, a cambio de proteger y ayudar al Cártel de Sinaloa, cuando su función era combatirlo. Uno de ellos, Sergio El Grande Villarreal Barragán, el primero de los testigos, dijo que a García Luna se le consideraba “la mejor inversión del cártel” y que este recibía “maletas negras repletas de efectivo”.
Según El Grande, García Luna les ayudaba en tres frentes: brindaba información sobre operativos e investigaciones en contra de la organización, facilitaba el nombramiento de comandantes que trabajaban con ellos en “cualquier plaza de México” y les daba información sobre sus rivales, para poder eliminarlos.
Luego de casi tres semanas de audiencia, la principal evidencia de la Fiscalía para probar su acusación contra el exfuncionario son las declaraciones de El Grande y otros antiguos narcotraficantes que terminaron presos en Estados Unidos. Y ha sido precisamente la falta de evidencia documental, el arma que utilizó el defensor César de Castro cuando le pidió al jurado no creer en las palabras de capos "que han cometido crímenes horribles".
En sus conclusiones, el abogado le apostó a destruir la credibilidad del testimonio de los testigos cooperantes, a quienes llamó “asesinos, torturadores, estafadores, traficantes y mentirosos”.
“Todo lo que les dije ha ocurrido (…) la falta de evidencia del Gobierno es impactante. Les piden que condenen a este hombre solo basados en palabras de asesinos”, dijo de Castro al jurado.
Por la mañana, la fiscal Komatireddy insistió a los miembros del jurado que el relato de estos testigos se considera evidencia y debería ser suficiente para “probar más allá de cualquier duda razonable” que García Luna fue un funcionario “corrupto”.
“No les pedimos que les gusten, algunas de estas personas han hecho cosas terribles”, dijo. “Pero les pedimos que los escuchen y consideren lo que tienen que decir”, agregó Komatireddy, cuya presentación duró tres horas.
El defensor de García Luna habló una hora y media y dijo al jurado que la Fiscalía "quizo abrumarlos" con información y datos que no demuestran la culpabilidad de García Luna.
“¿Dónde está la evidencia del dinero?”, preguntó de Castro. “La falta de evidencia no es evidencia”.
“La vida de este hombre (García Luna) está en juego, los detalles importan”, dijo el abogado, quien aseguró que las pruebas del Gobierno se reducen a dos testimonios, los de Sergio Villareal, El Grande y de Jesús El Rey Zambada, para él los únicos testigos que dijeron haberle pagado directamente a García Luna.
El abogado entonces trató de desacreditar a El Grande y El Rey, diciendo que ambos están tratando de escribir “el capítulo final de una novela enfermiza…La venganza última” contra García Luna.
El defensor también calificó a los testigos de "victimarios de miles de personas", que han cometido crímenes horribles y que a cambio de su testimonio buscar quedarse en Estados Unidos y “disfrutar sus nuevas vidas” con "permisos de trabajo y residencias" para ellos y sus familias. “Ellos actúan para servirse a sí mismos, Vinieron aquí a servirse a sí mismos, para obtener los beneficios que el Gobierno les puede dar”, dijo.
Durante el juicio, tanto Sergio Villarreal como El Rey Zambada explicaron que como parte de sus acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses, han podido traer a sus familias de México y recibieron o esperan permisos de trabajo y otros beneficios migratorios para vivir en Estados Unidos.
Igual es el caso de Óscar El Lobo Nava Valencia, exlíder del Cártel del Milenio que dijo que le entregó 8 millones de dólares a García Luna, y quien explicó que espera poder quedarse en Estados Unidos una vez que salga de prisión, donde lleva más de 13 años. Harold Poveda Ortega, apodado El Conejo y quien fuera uno de los mayores proveedores de cocaína que tuvo el Cártel de Sinaloa, otro testigo de la Fiscalía, también recibió beneficios migratorios para él y su familia a cambio de su cooperación con los fiscales.
Los detalles importan, dice la Fiscalía
Durante su intervención, la fiscal Komatireddy trató de conectar los testimonios de los testigos, cuyos detalles, según ella, “muestran la fortaleza de su narrativa”, pero aseguró que no hubo coordinación entre ellos para acordar lo que iban a decir.
Komatireddy calificó al Cártel de Sinaloa como “un imperio global” y lo llamó el “Fedex de la cocaína”, que utiliza trenes, contenedores, aviones, lanchas y submarinos y que utilizaron uno de los aeropuertos más grandes —el de la capital mexicana— “en una de las ciudades más grandes del mundo” para mover drogas.
Harold Poveda, alias El Conejo, contó precisamente al jurado que se encargó de conseguir cocaína para cártel, primero en barcos y lanchas rápidas con cargas entre dos y nueve toneladas, y luego en contenedores y a través de aeropuertos mexicanos. Otros testigos contaron antes cómo las cargas de droga se movían con facilidad, sin control e incluso con la ayuda de la Policía Federal, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Aunque El Conejo reconoció que nunca tuvo contacto directo con García Luna.
La fiscal insistió a los miembros del jurado que pongan atención en los detalles y las descripciones específicas que han dado los exnarcotraficantes sobre los presuntos sobornos a García Luna, y que probarían que dicen la verdad. “Los detalles importan”, dijo.
“Hay evidencia específica y directa de estos individuos”, agregó.
El jurado ha escuchado muchos de esos detalles en coloridos y largos relatos. Villarreal Barragán contó que en una ocasión García Luna y varios de sus colaboradores se llevaron “unos 14 o 16 millones empacados en cajas de cartón”. Nava Valencia dijo que pagó 500,000 dólares por una reunión con el exsecretario en 2008 en un lavadero de carros en Guadalajara para comprar su protección en la guerra entre cárteles, y que luego entregó otros 2.5 millones; Jesús El Rey Zambada García, el último testigo estrella de la fiscalía, relató dos reuniones en el restaurante Champs-Élysées en Ciudad de México en las que se pagaron 5 millones.
“Este caso (contra García Luna) se construyó por más de una década. Tomó tiempo juntar las piezas, tomó tiempo corroborar las versiones”, dijo Komatireddy, quien aseguró que los exnarcos que declararon “están tomando un gran riesgo” al hablar contra “una figura intimidante y con mucho poder” como García Luna.
El mismo libreto, diferente perspectiva
De cierto modo, el abogado de García Luna acudió al mismo libreto de la Fiscalía para abogar a favor de su cliente. "Los detalles importan", dijo al jurado antes de recordarle algunas inconsistencias en las historias que contaron los testigos, entre ellas "las seis versiones" que, según él, ofreció El Rey Zambada sobre las dos reuniones en el restaurante capitalino donde presuntamente García Luna recibió 5 millones de dólares.
Según se reveló durante el juicio, a lo largo de las diversas entrevistas con los fiscales, Zambada ha ofrecido detalles distintos sobre cómo ocurrieron dichos pagos, pero lo atribuyó a problemas con su memoria y fallos de quienes tomaron notas durante sus entrevistas.“Es imposible precisar los detalles. La memoria es memoria y cambia (…) a veces escriben mal las cosas”, dijo.
El defensor de García Luna, César de Castro, también atacó a la Fiscalía diciendo que en 10 años no habían sido capaces de encontrar evidencias que corroboraran los dichos de los narcos y los acusó de “hacer un trato con el diablo”.
“Uno de los principales problemas que tiene el Gobierno es que no pueden corroborar los alegatos sobre Genaro García Luna porque nada de eso existe”, dijo al jurado.
También alega que las autoridades mexicanas y estadounidenses han decomisado cientos de teléfonos celulares de exmiembros del Cártel de Sinaloa, y en ninguno han encontrado información o documentos que demuestren una relación con García Luna.
También dijo que si alguna agencia federal de Estados Unidos hubiese sospechado que García Luna estaba colaborando con el narcotráfico, no hubiesen permitido que se viera con el presidente Barack Obama, la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, o el secretario de Justicia, Eric Holder y otros altos funcionarios de gobierno. “No los habrían expuesto”, dijo.
El defensor insistió en que García Luna era el “socio más confiable” de Estados Unidos en la lucha contra las drogas.
Testimonios que García Luna nunca esperó
Por su parte, la fiscal dijo que “el acusado nunca imaginó que tanta gente iba a venir a testificar a esta sala de juicio”. Insistió en la importancia de los detalles ofrecidos por los antiguos narcos. “La especificidad es un sello de hablar con la verdad”, dijo.
La fiscal enfatizó en el valor de los detalles, en un intento de contraatacar la estrategia de la defensa de recordarle al jurado que no hay evidencia documental que corrobore la versión de los narcos ni que muestre que García Luna recibió millones de dólares.
“No hay fotos, no hay grabaciones, no hay video, no hay textos, ni documentos ni evidencia creíble”, dijo el abogado defensor.
“Para ser honestos, pudimos haber finalizado con nuestro caso después del testimonio de El Grande, porque si ustedes le creen debería ser suficiente”, dijo la fiscal al jurado. “Él les dio la imagen completa (…) les explicó por qué era necesario que el cártel pagara", remarcó.
En un intento por compensar la falta de pruebas que demuestre que García Luna y su familia pudieron haber tenido acceso a millones de dólares, Komatireddy dijo: “Los políticos no pueden ser muy ostentosos (…) para los políticos el dinero no es dinero para gastar, significa poder para comprar a otras personas”.
La esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, fue la única testigo convocada por la defensa para relatar que los bienes que amasaron en México —que van desde una amplia casa en la capital del país, otra residencia de campo en Morelos y un par de restaurantes— los obtuvieron a partir del trabajo y ahorros de ambos durante más de 30 años.
La fiscal Komatireddy utilizó el testimonio de los exnarcos, que explicaron como gastaban y lavaban su dinero, para sugerir que García Luna pudo haber hecho lo mismo. “(El dinero) se puede ocultar en empresas a nombre de otras personas”, dijo.
“Era muy fácil para el acusado mantener las apariencias y llevar el dinero a otra parte”, agregó la fiscal, en consonancia con las acusaciones que enfrenta García Luna en México de construir una fortuna ilícita de 745 millones de dólares en una red de corrupción con empresas familiares.
"¿Pero dónde está la evidencia?", replicó el defensor de García.
César de Castro contraatacó, diciendo que según la versión de los narcos a García Luna se le pagaron "más de 300 millones de dólares", durante sus años como funcionario público. "Después de trabajar durante más de 20 años, lo que tiene es una casa en la ciudad de México, otra casa de descanso en Morelos, un par de restaurantes, dos motocicletas, un par de carros y una hermosa pecera. Eso es todo", dijo.
Durante el juicio, los fiscales presentaron fotografías y material recabado de la computadora personal y el teléfono celular de García Luna que muestran las propiedades y bienes del exfuncionario, entre ellas la casa de Ciudad de México con una pecera gigante, que su esposa, Linda Cristina Pereyra, aseguró construyeron para ocultar las bases de una construcción contigua que sobresalían en el muro de su residencia.
Un poder imposible sin el apoyo del Gobierno
En los argumentos de apertura, la Fiscalía había ya anticipado que acusaban a García Luna de tener un papel crucial en el éxito del cártel, apoyando así el tráfico de droga a Estados Unidos, entre 2001 y 2012, mientras ocupaba cargos públicos en México (primero como director de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y después frente a la Secretaría de Seguridad Pública con el Gobierno de Felipe Calderón.
“El cartel no hubiese logrado todas las muertes, el tráfico de drogas, todo lo que hizo, sin el apoyo de Genaro”, señaló el fiscal Philip Nathan Pilmar en la primera audiencia.
Este miércoles, Komatireddy mantuvo esa línea. “El cártel tenía infraestructura en todo México (…) para tener ese tipo de acceso debías tener al Gobierno a bordo”, remarcó. “Ellos tenían a la AFI a nivel nacional, eso quiere decir que tenían al acusado”, dijo.
La fiscal describió los “años dorados” del Cártel de Sinaloa, entre 2000 y 2006, cuando se convirtió en la organización criminal más poderosa de México, y dijo que el grupo pagaba por “protección y seguridad”.
“No dejábamos de producir”, había dicho en su momento El Conejo al hablar de la época en que la organización prosperó y presuntamente trabajó con el apoyo de García Luna.
Los narcos han descrito a García Luna como un poderoso funcionario, la pieza clave en el Gobierno mexicano para poder operar con libertad, ya sea para cambiar cargamentos de drogas, moverse sin controles por el país, o evitar allanamientos y detenciones, en un complejo balance de poder en el que también cuando era necesario, como el supuesto secuestro exprés al exsecretario en medio de la guerra entre cárteles.
Israel Ávila, un excontable del cártel de Sinaloa, dijo que en una ocasión el fallecido capo narco Mario Pineda Villa, alias El MP, le dijo: “Ni tú ni nosotros trabajamos para Genaro García Luna. Genaro García Luna trabaja para nosotros”.
“Paz mental extrema, eso es lo que la promesa de protección significa”, dijo Komatireddy desde un podio frente al jurado y rodeada de una pizarra con las fotos de los narcotraficantes que testificaron en el juicio.
La fiscal concluyó su presentación diciéndole a los miembros del jurado: “Escuchen a los testigos, sigan la ley, usen el sentido común y declárenlo (a García Luna) culpable”.
Por su parte, César de Castro no solo pidió al jurado que declaren la inocencia de su cliente, sino que les sugirió discutir si los cargos por narcotráfico en su contra ya prescribieron, al exceder el plazo de 5 años desde que se presuntamente se cometieron y hasta que se presentó la acusación. "No les digo que (los delitos) hayan ocurrido, lo que les digo es que analicen si en caso de haber ocurrido, ya se excedió el estatuto de limitaciones (período prescriptivo)".
García Luna dejó su puesto como secretario de Seguridad Pública de México en diciembre de 2012, y fue acusado y arrestado en Estados Unidos a finales de 2019. Sin embargo, el Gobierno alega que al seguir operando el Cártel de Sinaloa, los delitos de conspiración por los que se le acusan siguen vigentes.
Este jueves, el jurado recibirá del juez Brian M. Cogan las instrucciones para su deliberación. Luego se retirará a discutir el caso para decidir si condena o no al exfuncionario mexicano de mayor rango que ha sido enjuiciado en Estados Unidos.
