El Departamento de Justicia anunció este jueves que pedirá a la Corte Suprema que intervenga en la batalla judicial sobre la píldora abortiva, requiriéndole una medida "de emergencia" que garantice al menos temporalmente su acceso a quienes quieran usarla, según dijo el jueves en un comunicado el fiscal general, Merrick Garland.
El Gobierno de Joe Biden “está totalmente en desacuerdo” con el dictamen de una corte de apelaciones, conocido a última hora del miércoles, que permitió temporalmente el acceso a la píldora pero revirtió una serie de medidas de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) para facilitar su disponibilidad.
"Buscaremos ayuda de emergencia de la Corte Suprema para defender el juicio científico de la FDA y proteger el acceso a una atención reproductiva segura y eficaz”, explicó Garland.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. basado en New Orleans decidió el miércoles que no avalaría la suspensión de la mifepristona, el principal fármaco de las pastillas abortivas, tal como había ordenado un juez texano de primera instancia, por lo que la droga podrá seguir a la venta mientras se dirime el desafío judicial en su contra. Sin embargo, sí aceptó otras limitaciones al acceso, como que no puedan ser enviadas por correo y que se necesiten tres visitas en persona para que sean recetadas.
Más de 20 años en el mercado
La mifepristona fue aprobada en 2000 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) junto con otro fármaco, el misoprostol, para la realización de abortos con medicamentos en Estados Unidos, dada su eficacia y seguridad. Se calcula que se utiliza para más de la mitad de las interrupciones de embarazos del país.
La Casa Blanca había anticipado que daría batalla para garantizar el acceso a este fármaco desde que la coalición de grupos antiabortistas con la Alianza para la Medicina Hipocrática presentó el año pasado una demanda pidiendo que se suspenda la autorización de hace más de 20 años de la FDA ante el juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, designado por el expresidente Donald Trump.
Kacsmaryk dio la razón la semana pasada a esta coalición y ordenó suspender la aprobación de la FDA, junto con otras facilidades para el acceso aprobadas por la agencia en 2016 y 2021; y el Gobierno de Biden apeló el fallo.
“Nuestra intención es hacer todo lo posible para que el medicamento siga accesible, no solo dentro de una semana sino en definitiva, a futuro”, dijo en su momento el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, quien calificó el fallo como una decisión "irresponsable".
Las nuevas restricciones al acceso
El tribunal de apelaciones respondió el miércoles indicando que los demandantes habían esperado demasiado tiempo para cuestionar la droga y sólo avaló que se suspendan los cambios más recientes de la FDA. Esto incluye una actualización de 2016 que reducía de una a tres las visitas en persona necesarias para obtener el fármaco y ampliaba el plazo original en que podía emplearse de siete semanas a diez semanas de gestación. También se suspendió un cambio hecho en 2021, en medio de la pandemia, que permitía el envío de la droga por correo.
De este modo, quienes necesiten el fármaco tendrían que acudir en persona varias veces para tenerlo, lo cual puede limitar el acceso, en particular cuando hay más de una docena de estados que no permiten el aborto con medicamentos por lo que sus residentes tienen que viajar a otros estados para poder obtener la asistencia que necesitan.
Se acorta además el tiempo en que pueden requerirlo, ya que sólo se puede emplear hasta la séptima semana de embarazo.
"Perjudicaría gravemente a las mujeres"
La batalla en tribunales ha generado una gran incertidumbre ante el futuro acceso al fármaco y preocupación por sus consecuencias negativas, en particular para las minorías como las latinas, que son las más afectadas por las restricciones al aborto.
Los abogados del Departamento de Justicia han advertido en presentaciones judiciales que limitar el acceso a la mifepristona no sólo va en contra del valor de la evaluación científica de la FDA, que sostiene que la píldora es segura, sino que "perjudicaría gravemente a las mujeres, en particular a aquellas para las que la mifepristona es una necesidad médica o práctica”.
“Este daño se sentiría en todo el país, dado que la mifepristona tiene usos legales en todos los Estados. La orden socavaría los sistemas sanitarios y los intereses de confianza de empresas y proveedores médicos”, añadieron en la apelación presentada.
Defensores de los derechos reproductivos alertan además que está siendo un caldo de cultivo para campañas de desinformación sobre la interrupción del embarazo con noticias falsas como que está prohibido en todos los estados o que causa riesgos de salud que en realidad no provoca.
“Le recomendamos a las personas que busquen apoyo con organizaciones que están proveyendo información correcta y que les pueden ayudar con apoyo práctico”, indicó a Noticias Telemundo Lupe Rodriguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva (Latina Institute), mencionando como ejemplo el grupo que lidera y los fondos para abortos (abortion funds, en inglés).
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El aborto con medicamentos es legal de alguna forma en 37 estados: está autorizado en 22 estados y Washington D.C., pero en 15 estados debe ser recetado por un doctor especializado. Algunos tienen más restricciones como requerir una visita en persona.
Clínicas de distintos puntos del país han anticipado que se están preparando para un posible escenario en que la droga no esté disponible en el mercado, a partir de dar más servicios de procedimientos quirúrgicos o de recetar el otro fármaco, el misoprostol, como alternativa para realizar un aborto. Algunos estados, además, han comprado grandes cantidades de dosis de píldoras abortivas o acaparado reservas.
