Una corte federal de apelaciones reactivó este martes la política del Gobierno de Joe Biden que busca limitar la deportación de inmigrantes indocumentados a aquellos que supongan un grave riesgo para la seguridad nacional, y los que hayan cruzado recientemente la frontera y tengan así menor arraigo en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió en septiembre de 2021 una directriz que pausaba las deportaciones de los inmigrantes sólo por ser indocumentados, e instruía a los agentes enfocarse en detener y deportar a aquellos que "suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza y, por tanto, amenazan el bienestar de Estados Unidos"; así como los que hayan cruzado recientemente la frontera y por tanto tengan menor arraigo en el país.
Pedía en este sentido que se tuviera en cuenta otros factores como los lazos con la comunidad antes de decidir las expulsiones.
Esta política sustituía la política del expresidente Donald Trump de expulsar todos los indocumentados independientemente de si tenían antecedentes criminales o de sus lazos con la comunidad.
Con la nueva norma, los agentes migratorios deben evaluar si las personas han cometido un delito de gravedad en el pasado, qué tipo de daño causaron y si hubo un arma de fuego involucrada. Además, se requiere tener en cuenta si son jóvenes o mayores, y el impacto que tendría su deportación para el resto de su familia.
Los estados republicanos de Arizona, Ohio y Montana recurrieron ante la justicia en contra de la nueva política de Biden, alegando que incrementaría la criminalidad (pese a que las estadísticas prueban que los migrantes cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses) y pondría en aprietos las arcas públicas.
Lograron que un juez federal paralizara las nuevas directrices de forma temporal, pero el Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, que ha anulado este martes el bloqueo judicial y ha permitido que vuelvan a entrar en vigor.
La corte de apelaciones dictaminó que los estados no han podido probar sus alegaciones, explicando además que las directrices del Gobierno sólo instruyen a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre cómo aplicar una política sobre la que tiene jurisdicción para decidir.
Además, “no impone ningún coste directo a los estados ni amenaza con la pérdida de fondos federales”, aseguró en la resolución firmada por el juez Jeff Sutton.
Emilee Cantrell, secretaria de prensa del fiscal general de Montana, Austin Knudsen, dijo en un comunicado que la "decisión de la corte desafortunadamente permite que Biden continúe con sus peligrosas políticas de inmigración".
“El fiscal general continuará utilizando todas las herramientas disponibles para que el Gobierno haga su trabajo y asegure la frontera”, agregó Cantrell, alegando que "la crisis en la frontera ha tenido un impacto devastador en Montana".
Montana es un estado fronterizo, pero con Canadá: se encuentra a más de 1,300 millas de la frontera con México.