Por Christopher Sherman, Elliot Spagat y Valerie Gonzalez - The Associated Press
Los migrantes venezolanos suelen tener una respuesta rápida cuando se les pide que nombren el tramo más difícil de su viaje de ocho países hasta la frontera con Estados Unidos, y no es la travesía un día por la selva a través de Colombia y Panamá, dond e abundan las serpientes venenosas, arañas gigantescas y escorpiones. Es México.
“En la selva hay que prepararse para los animales. En México, hay que prepararse para los humanos”, comentó Daniel Ventura, de 37 años, después de caminar tres días por el Tapón del Darién y esperar cuatro meses en México para entrar legalmente en Estados Unidos, utilizando el sistema de citas en línea del Gobierno: CBP One. Junto a su familia de seis miembros se dirigían a Fort Atkinson, Wisconsin, donde tiene un pariente.
El combate contra la emigración en México en los últimos meses –a instancias de la Administración Biden– ha afectado especialmente a los venezolanos. Este hecho pone de relieve hasta qué punto Estados Unidos depende de ese país para controlar la inmigración, que ha alcanzado niveles sin precedentes y es uno de los temas principales para los votantes en un momento en que el presidente, Joe Biden, busca la reelección.
Las detenciones de inmigrantes por cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México han descendido considerablemente este año tras alcanzar un máximo histórico en diciembre. El mayor descenso se produjo entre los venezolanos, cuyos arrestos se desplomaron a 3,184 en febrero y 4,422 en enero, frente a 49,717 de diciembre.
Aunque dos meses no marcan una tendencia y los cruces ilegales siguen siendo elevados en comparación con los niveles históricos, la estrategia de México de mantener a los inmigrantes más cerca de la frontera con Guatemala que de la que comparte con Estados Unidos supone un alivio, al menos temporal, para el Gobierno de Biden.
Un gran número de venezolanos comenzaron a llegar a Estados Unidos en 2021, primero tras volar a México y luego movilizarse a pie y en autobús después de que esa nación impusiera restricciones a los visados. En septiembre, los venezolanos reemplazaron brevemente a los mexicanos como la mayor nacionalidad que cruzaba la frontera.
Los esfuerzos de México han incluido obligar a los migrantes a bajar de los trenes, trasladarlos en avión y autobús a la parte sur del país, y llevare en avión a algunos de regreso a Venezuela.
La semana pasada, México dijo que daría unos 110 dólares al mes durante seis meses a cada venezolano que deportara, con la esperanza de que no volvieran. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, extendió la oferta el martes a ecuatorianos y colombianos.
“Si se apoya a la gente en sus lugares de origen, el flujo migratorio se reduce considerablemente, pero eso requiere recursos y eso es lo que el Gobierno de Estados Unidos no ha querido hacer”, declaró López Obrador, a quien los límites de su mandato le impiden presentarse a las elecciones de junio.
Los migrantes afirman que deben pagar a funcionarios corruptos en los frecuentes controles gubernamentales de México para evitar ser devueltos a las ciudades del sur. Cada revés es costoso y frustrante.
“Al final, es un negocio porque, llegues donde llegues, quieren quitarte lo último que tengas”, afirmó Yessica Gutiérrez, de 30 años, quien salió de Venezuela en enero en un grupo de 15 miembros de su familia que incluye niños pequeños. Para evitar algunos controles, caminaron en medio del monte.
El grupo espera ahora en Ciudad de México una cita para poder cruzar legalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Para utilizar la aplicación CBP One, los solicitantes deben encontrarse en el centro o norte de México. Por ello, el grupo de Gutiérrez duerme en dos tiendas de campaña donadas frente a un albergue para migrantes y consulta la aplicación a diario.
Más de 500,000 migrantes han utilizado la aplicación para entrar en Estados Unidos por los pasos fronterizos terrestres con México desde su introducción en enero de 2023. Pueden permanecer en Estados Unidos durante dos años en virtud de una autoridad presidencial llamada libertad condicional, que les da derecho a trabajar.
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“Prefiero cruzar la selva 10 veces que pasar por México una vez”, aseguró José Alberto Uzcategui, quien dejó un trabajo de construcción en la ciudad venezolana de Trujillo junto a su esposa y sus hijos, de 5 y 7 años, como parte de un grupo familiar de 11. Están esperando en la Ciudad de México hasta que tengan suficiente dinero para comprar un teléfono inteligente y acceder a CBP One.
Los venezolanos representan la gran mayoría de los 73,166 migrantes que cruzaron el Tapón del Darién en enero y febrero, cifra que va camino de superar el récord del año pasado de más de 500,000, según el Gobierno panameño, lo que sugiere que los venezolanos siguen huyendo de un país que ha perdido a más de 7 millones de personas en medio de la agitación política y el declive económico. Las autoridades mexicanas detuvieron a migrantes venezolanos más de 56,000 veces en febrero, aproximadamente el doble que en los dos meses anteriores, según cifras gubernamentales.
“La cuestión de fondo aquí es: ¿Dónde están los venezolanos? Están en México, pero ¿dónde están?”, dijo Stephanie Brewer, que cubre México para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo que vigila los abusos contra los derechos humanos.
México deportó sólo a unos 429 venezolanos durante los dos primeros meses de 2024, lo que significa que casi todos están esperando en México.
Muchos temen aventurarse al norte de Ciudad de México, donde podrían ser víctimas de despojos o devueltos al sur de México. Estados Unidos admite a 1,450 personas al día a través de CBP One con citas que son concedidas con dos semanas de antelación.
Incluso si logran evadir a las autoridades mexicanas, los migrantes se sienten amenazados por bandas que secuestran, extorsionan y cometen otros delitos violentos.
“Tienes que ir pueblo por pueblo porque los cárteles necesitan poner comida en sus platos”, dijo María Victoria Colmenares, de 27 años, quien esperó siete meses en Ciudad de México para una cita de CBP One, y mantuvo a su familia trabajando como camarera mientras su esposo laboraba en un lugar donde lavan autos.
“Vale la pena la espera porque trae una recompensa”, indicó Colmenares, quien tomó un taxi desde el aeropuerto de Tijuana hasta el cruce fronterizo con San Diego, horas antes de su cita del martes.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha pregonado sus propios esfuerzos para explicar la reciente reducción de cruces ilegales en su estado, donde se producen al menos el 95% de las detenciones de venezolanos por parte de la Patrulla Fronteriza. Entre otras cosas, ha instalado alambre de púas, ha colocado una barrera flotante en el río Grande y tiene planes de construir una nueva base para los miembros de la Guardia Nacional.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha atribuido en su mayor parte a México el descenso de las detenciones en la frontera.
Algunos venezolanos siguen viniendo al norte a pesar de los peligros.
Marbelis Torrealba, de 35 años, llegó esta semana a Matamoros, al otro lado de la frontera con Brownsville, en Texas, con su hermana y su sobrina. Llevaba las cenizas de su hija, que se ahogó en una embarcación que zozobró en Nicaragua. Dijo que fueron asaltadas por funcionarios y bandas mexicanas y devueltas varias veces al sur de México.
Un refugio consiguió que entraran legalmente en Estados Unidos por razones humanitarias de emergencia, pero ella estaba dispuesta a cruzar ilegalmente.
“Ya viví lo peor: Ver morir a tu hija delante de ti y no poder hacer nada”, declaró.