El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tomará en consideración los servicios que han prestado a Estados Unidos los migrantes indocumentados que sirven o sirvieron en las Fuerzas Armadas a la hora de decidir si deben ser deportados.
Una nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional busca formalizar una práctica que se estableció hace tiempo, pero que no se observa siempre, lo que provocó la expulsión de veteranos.
La orden tiene el objetivo de “garantizar que se tenga en cuenta el servicio en las Fuerzas Armadas por parte de un no ciudadano o de sus familiares inmediatos al decidir si se toman medidas civiles de inmigración contra ellos y qué medidas corresponde adoptar".
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La directriz también establece que el Gobierno deberá mantener un registro de los indocumentados que sirven en alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, como la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la Infantería de Marina, la Guardia Costera o la Fuerza Espacial.
Los militares en activo no podrán ser sometidos a un proceso de deportación, independientemente de su estatus migratorio.
El haber pertenecido a las Fuerzas Armadas se tomará en cuenta como "un factor mitigante", independientemente del tiempo que haya durado ese servicio. Pero no se tomará en cuenta sí sólo se recibió entrenamiento sin ningún desempeño en el servicio.
Las autoridades también deberán tener en cuenta si un inmigrante veterano es elegible para la ciudadanía en virtud de su servicio militar, en cuyo caso no podrán estar sujetos a la deportación.
Esta directriz se emitió en respuesta a una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Asuntos de Veteranos, según se indicó en un comunicado de prensa.
Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental en 2019 concluyó que 250 veteranos inmigrantes estaban bajo amenaza de deportación entre 2013 y 2018, y 92 de ellos finalmente fueron expulsados, según reporta el portal de noticias Military Times.
Anteriormente, a los agentes de ICE se les exigía que documentaran la decisión de emitir un aviso a un veterano, pero no se les requería que identificaran el estatus de veterano de una persona que pudiera ser deportada cuando la entrevistaban, según el reporte de 2019.
Durante el Gobierno de Donald Trump se suspendió un programa que durante una década permitió a los veteranos indocumentados tener un camino para la ciudadanía. Al mismo tiempo, se eliminaron protecciones para los miembros en activo de las Fuerzas Armadas, poniendo a muchos en peligro de la deportación.
El Congreso actualmente discute varios proyectos de ley para proteger a los veteranos de la deportación y otorgarles un camino a la ciudadanía, pero ninguno ha prosperado hasta el momento.