Por Edwin Flores - NBC News
Casi todos los que han buscado asilo en la corte de inmigración de Los Ángeles han recibido una orden de deportación, en virtud de un programa de la Administración Biden destinado a acelerar las audiencias de asilo.
Un estudio realizado por la Clínica de Políticas de Derechos de los Inmigrantes encontró que el 99.1% de las personas en 449 casos que se llevaron a cabo bajo el programa Expedientes personalizados en Los Ángeles terminaron con órdenes de expulsión.
“A través de este sistema, la Administración Biden no solo niega a las familias que buscan asilo su cita en la corte, sino que también castiga a los niños, algunos de menos de un año, al ingresar órdenes de deportación que los seguirán por el resto de sus vidas, dejándolos vulnerables”, declaró en un comunicado Ahilan Arulanantham, codirectora de la facultad del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA.
La política se creó para garantizar un proceso con audiencia judicial justo, eficiente y acelerado para los solicitantes de asilo que cruzan la frontera suroeste. El programa opera en 11 ciudades y apunta a reducir el tiempo para resolver casos a un total de 300 días, frente a un promedio de 4.5 años actualmente.
Pero la Clínica de Políticas de Derechos de los Inmigrantes, parte del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, descubrió que, en cambio, el programa ha dejado a las familias sin representación legal y con una gran cantidad de órdenes de deportación emitidas contra niños en ausencia, entre otras fallas en el proceso judicial.
Hasta el 70.1% de las familias bajo este programa en Los Ángeles fueron estuvieron sujetas a un proceso acelerado y sin abogados, descubrió el instituto.
La mayoría de las órdenes de expulsión se emitieron en ausencia, lo que significa que los deportados ni siquiera estuvieron en el tribunal y no pudieron defender su caso.
Además, se encontró que los jueces de inmigración asignados a este sistema en Los Ángeles tenían tasas de denegación más altas que otros jueces a nivel nacional: 90.7% en comparación con 67.6% a nivel nacional, según el informe.
Aproximadamente 2,410 familias están asignadas al nuevo sistema en Los Ángeles, y la mayoría está acusada de entrada sin inspección.
Los niños que formaban parte de unidades familiares representaban casi la mitad de la lista. Los menores no acompañados están sujetos a otras reglas especiales.
Casi la mitad de las órdenes de deportación en ausencia se emitieron contra niños, la mayoría menores de 6 años y la mayoría de los cuales no tenían abogado, según el informe.
“Los niños a menudo tienen reclamos que son más fuertes que los de sus padres, pero los niños y sus padres están agrupados y, por lo tanto, una de las cosas más perturbadoras es que tantos niños son deportados sin tener siquiera una oportunidad”, criticó Hiroshi Motomura, profesor de la facultad de derecho de UCLA y codirector de la facultad en el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración.
Nuestra cadena hermana NBC News comunicó con el Departamento de Justicia para obtener comentarios sobre los hallazgos del informe. De acuerdo al DOJ, la Executive Office for Immigration Review (EOIR) no comenta sobre estos datos.
En noviembre, el director de la EOIR David Neal publicó un memo para incrementar la comunicación entre la oficina y la comunidad legal con el objetivo de que aumente la representación pro-bono para este tipo de casos.
El programa conocido en inglés con el nombre de Dedicated Dockets fue diseñado con las familias en mente y ha estado ubicando a los padres en procedimientos junto a sus hijos, consolidando los casos, explicó Talia Inlender, directora suplente del Center for Immigration Law and Policy.
"Cuando no hay ningún abogado presente para ayudar a las personas a navegar estos procedimientos, el niño se vuelve invisible", dice Inlender. "Es tan duro como que el caso de los padres avanza y el niño es solo un apéndice de los padres. Lo que eso logra es esconder los pedidos independientes del niño para obtener ayuda".
Los menos que tienen orden de deportación son despojados de sus derechos de apelación, lo que aumenta la dificultad para que regresen legalmente a Estados Unidos y potencialmente los somete a un proceso penal por el reingreso ilegal si intentan regresar, subraya Inlender.
Más de dos tercios de los casos involucran a individuos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Colombia.