Emilio Lozoya, exdirectivo de Petróleos Mexicanos, acepta ser extraditado acusado de corrupción

Estaba prófugo desde mayo de 2019 hasta ser detenido en España a principios de año. Se le acusa de fraude y de aceptar sobornos cuando dirigía la campaña de Enrique Peña Nieto.

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/ Source: Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras más de un año prófugo, una de las principales figuras del anterior gobierno mexicano deberá enfrentar a la justicia en casa: Emilio Lozoya, quien dirigió Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016, aceptó ser extraditado de España a México. Además, otro prófugo de la justicia del anterior gobierno, el exjefe de investigaciones criminales Tomás Zerón, ahora cuenta con una ficha roja de Interpol para su detención.

Lozoya enfrenta diversas acusaciones de corrupción, entre ellas aceptar sobornos de la empresa Odebrecht, gigante brasileño de la construcción acusado de organizar un esquema de coimas por todo el continente.

Se acusa a Lozoya de recibir sobornos desde mediados de 2012, antes de que dirigiera la petrolera estatal que es joya de la economía mexicana y cuando todavía era parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, presidente de 2012 a 2018. (Peña Nieto también estaría siendo investigado, según reportes.)

Además, el año pasado surgió una nueva denuncia en su contra por fraude en la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, comprada a sobrecosto pese a que su planta llevaba años inoperativa. Investigaciones periodísticas mostraron que Lozoya tenía una relación cercana con el dueño de la compañía matriz de Agronitrogenados, llamada Altos Hornos.

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El expolítico huyó a España poco después de que entrara el nuevo Gobierno, que giró una orden de aprehensión en su contra. Estuvo prófugo hasta febrero de este año, cuando lo detuvieron las autoridades españolas y lo transfirieron a una prisión en Málaga.

El fiscal mexicano Alejandro Gertz anunció la extradición durante una conferencia de prensa virtual este martes. "A partir de este momento, en que el extraditable se ha puesto a disposición de las autoridades mexicanas, se habrán de levar a cabo una serie de gestiones" para que "en un plazo inmediato esta persona regrese a México", indicó. 

Lozoya es de las figuras políticas de más alto rango bajo investigación en México, pero no es el único.

Gertz informó además de que también se busca formalmente a Tomás Zerón, quien estaba a cargo de la Agencia de Investigaciones Criminales de la Procuraduría General de la República durante la investigación de 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Más de cinco años después se sigue desconociendo el paradero de los jóvenes, en parte porque la investigación de Zerón resultó ser insuficiente y, según acusan algunos, viciada por él directamente.

Zerón promovió la llamada “verdad histórica”, que aseguraba que los 43 estudiantes fueron incinerados en un basurero; investigadores internacionales reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descartaron por completo esa posibilidad y concluyeron que no se persiguieron múltiples otras pistas que pudieran haber ayudado a esclarecer el paradero de los estudiantes.

Zerón es buscado por denuncias de torturar repetidamente a las personas arrestadas por el caso, además de cargos por desaparición forzada, por alterar la escena de un crimen y por ocultamiento de pruebas.

Se escapó de México desde marzo, ante las órdenes para arrestarlo, por lo que enfrenta la ficha roja de Interpol.

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La Fiscalía anunció además que hay 46 nuevas órdenes de arresto de sospechosos de haber participado en la desaparición de los jóvenes hace cinco años. Tales órdenes fueron giradas un día después de que las autoridades anunciaran el arresto de José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo.

El Mochomo sería parte del grupo criminal Guerreros Unidos, que se cree fue parte de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa.

La Fiscalía también tiene abierta una investigación en contra de otro exfuncionario mexicano de muy alto rango: Genaro García Luna, quien estuvo a cargo de toda la seguridad y de la política antinarcóticos de México entre 2006 y 2012.

La indagatoria en México fue abierta después de que García Luna fuera arrestado y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, donde enfrenta juicio bajo sospecha de haber aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa y de incluso haber ayudado a ese grupo.

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