GUATEMALA (AP) — El tribunal que juzga a José Efraín Ríos Montt citó a las partes para la tarde del viernes para escuchar el veredicto del proceso contra el ex dictador y su jefe de inteligencia por genocidio y delitos contra la humanidad por la muerte de indígenas durante el conflicto armado en Guatemala.
"Se cierra solemnemente este debate y en este momento el Tribunal se retira a deliberar en forma secreta" dijo Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal, al tiempo de dar un golpe con el mazo.
El Tribunal escuchó la última declaración del juicio hecha por el ex jefe de inteligencia José Rodríguez Sánchez, quien se declaró inocente de los cargos que se le imputan.
"Yo me siento inocente, por eso pido mi libertad señora jueza" dijo Rodríguez Sánchez al Tribunal, en su silla de ruedas, en la cual ha permanecido durante todo el debate por quebrantos en su salud.
Al terminar la audiencia el abogado defensor de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, calificó de ilegal el debate que finalizaba argumentando que se violaron las garantías constitucionales de su defendido.
"Esto no es un ejemplo digno del sistema de justicia en Guatemala, el sistema no sirve, no funciona, aquí por supuesto va haber un fallo condenatorio, se violaron todas las garantías constitucionales" dijo visiblemente molesto a periodistas.
Benjamín Gerónimo, un indígena ixil presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) que inició la demanda contra los ex militares, habló el jueves en representación de las víctimas. Gerónimo sobrevivió a las masacres y asesinatos cometidos contra 256 miembros de su comunidad.
"Yo lo vi con mi propia vista, no voy a mentir. Fueron asesinados niños, mujeres embarazadas, ancianos. Nos tacharon de terroristas, un terrorista nunca viene a pedir justicia", dijo.
Un informe de Naciones Unidas determinó que por lo menos 200.000 personas murieron durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996).
El proceso contra Ríos Montt fue interrumpido en dos ocasiones y ha enfrentado diversos obstáculos desde que comenzó el 19 de marzo. Por lo menos 150 recursos legales, entre inconstitucionalidades, amparos, recusaciones, quejas, solicitudes de destitución de jueces y otros han sido interpuestos a lo largo del juicio oral.
El proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez inició en 2000 cuando la AJR presentó la denuncia en el departamento de Quiché. Sin embargo, el juzgado que recibió el expediente poco pudo hacer debido a la lluvia de recursos legales pero también a que Ríos Montt mantenía inmunidad desde ese año hasta 2012, cuando dejó de ser diputado.
Tras perder la inmunidad el 14 de enero de 2012, la jueza Carol Patricia Flores del Juzgado de Primera Instancia ordenó 12 días después ligarlo a proceso y ordenar su arresto domiciliario.
Un año después, el 28 de enero de 2013, el juez Miguel Angel Galvez abrió el juicio contra el ex dictador y su ex jefe de inteligencia. Junto a ellos también están procesados el general retirado Héctor Mario López Fuentes, quien por problemas de salud no ha podido ser encausado, y Luis Enrique Mendoza, ex viceministro de Defensa quién está prófugo de la justicia.
Uno de los puntos más conflictivos del juicio fue el 18 de abril cuando una jueza anuló todo lo actuado en el juicio y lo actuado hasta el 23 de noviembre de 2011, cuando Ríos Montt ni siquiera podía ser investigado pues tenía inmunidad como diputado.
El Ministerio Público pidió que Ríos Montt y Rodríguez Sánchez reciban una condena de 75 años de prisión: 30 años por genocidio, 30 años por delitos contra deberes de humanidad y 15 años más como aumento de la pena en una cuarta parte. También solicitó que se le retire la medida sustitutiva de arresto domiciliario por prisión.
El abogado defensor del ex gobernante (1982-1983), García Gudiel, afirmó en sus conclusiones que Ríos Montt "jamás ordenó, jamás planificó, jamás ejecutó, jamás supervisó de lo que se le acusa".
En tanto, César Calderón, abogado defensor de Rodríguez Sánchez, dijo que su defendido no era responsable de los delitos que se le acusa.