Por Dan De Luce, Peter Nicholas, Scott Wong y Garrett Haake - NBC News
El sistema que tiene Estados Unidos para manejar sus documentos clasificados parece estar roto y las consecuencias pueden ser graves para la seguridad nacional, advirtieron este martes legisladores, exfuncionarios y académicos consultados por NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo.
El hallazgo de archivos clasificados en la casa del exvicepresidente Mike Pence es el más reciente en una serie que involucra tanto a la Administración de Donald Trump como a la de Barack Obama, lo que plantea preguntas sobre cómo el Gobierno etiqueta el material secreto y cómo lo gestiona, sobre todo cuando los presidentes han dejado el cargo.
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Legisladores demócratas y republicanos afirman que ambos Gobiernos incurrieron en un “fallo sistémico” al no gestionar adecuadamente los documentos secretos tras dejar la Casa Blanca.
“¿Qué demonios está pasando aquí, esa es mi reacción?”, aseveró el senador por Florida Marco Rubio, el republicano de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Congreso. “Obviamente hay un problema sistémico en el Poder Ejecutivo. Se trata de dos Administraciones sucesivas, de dos partidos diferentes con funcionarios del más alto nivel que tienen en su poder documentos guardados en sitios donde no van”.
“Nadie está por encima de la ley”, afirmó por su parte el senador republicano por Florida, Rick Scott. “No sé cómo alguien se puede llevar consigo documentos clasificados. Todos deberían explicar cómo algo así fue posible”.
Los asistentes y funcionarios encargados de garantizar que los papeles secretos permanezcan siempre “custodiados” parecen estar fallando en su misión, opinó Loch Johnson, estudioso en materia de inteligencia y profesor emérito de asuntos públicos e internacionales de la Universidad de Georgia.
“Su trabajo consiste en asegurarse que estos atareados políticos comprendan la importancia de la clasificación y devuelvan los documentos al lugar que les corresponde”, explicó Johnson, quien fue ayudante del Congreso en los Comités de Inteligencia y asesoró a Gobiernos anteriores.
“Hay una cantidad increíble de negligencia en el manejo de estos archivos que es realmente desconcertante”, añadió Johnson. “Necesitamos algunas sanciones severas para las personas en la cadena de custodia que no se toman su trabajo con la seriedad necesaria”.
¿Cómo debe funcionar el sistema?
Se supone que los miembros del personal de la Casa Blanca deben registrar cada documento clasificado, asignarle un número y hacer un seguimiento para que esté localizable en todo momento.
Varios exfuncionarios dicen que el proceso se desordenó un poco durante la Administración Trump, debido a los hábitos del expresidente y a la inexperiencia de algunos miembros del personal. Pero los partidarios del exmandatario niegan ese argumento.
En el Congreso, legisladores y miembros del personal con autorizaciones deben seguir reglas estrictas y examinar el material en salas seguras.
“Cuando leo un documento, tengo que firmar y devolverlo antes de salir de allí”, comentó el senador demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
“Lo que hay que analizar es toda la naturaleza de lo que es clasificado y lo que no lo es, y en qué circunstancias. Pero hasta que eso ocurra, deben conservarse en lugares que no suponen un riesgo a los intereses o la seguridad nacional”, dijo.
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Elizabeth Goitein, experta en leyes de seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia, un think tank de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, apuntó que la raíz del problema es el enorme volumen de materiales a los que se pone el sello de secretos, lo que puede abrumar a la Casa Blanca y a las agencias federales.
“Cada año se toman 50 millones de decisiones de clasificar documentos, el 90% probablemente innecesarias. Son muchas normas que hay que cumplir cada hora de cada día. Y algo siempre se escapa”, señaló la experta Goitein.
El peligro de transiciones presidenciales precipitadas
Las transiciones presidenciales, sobre todo las precipitadas, pueden agravar el problema de la gestión de la información confidencial del Gobierno, añadió.
“Creo que la cadena de custodia se vuelve mucho más problemática en el contexto de una transición presidencial. Eso puede ser parte de lo que estamos viendo aquí, especialmente cuando son precipitadas”, explicó Goitein.
Adam Schiff, representante demócrata por California y expresidente del Comité de Inteligencia, afirmó que “debe haber una visión de lo que ocurre cuando la gente deja el cargo en la presidencia y vicepresidencia”.
Legisladores de ambos partidos alertaron que las consecuencias de no rastrear los documentos secretos tienen ramificaciones preocupantes para la seguridad nacional.
“Está claro que no tenemos un sistema de gestión eficaz para supervisar adónde van los papeles clasificados y cómo se recuperan”, dijo el senador Mitt Romney, republicano por Utah. “La negligencia no queda bien en un presidente o un vicepresidente, ni actual ni pasado, es una vergüenza para nosotros, y es una amenaza potencial para la seguridad nacional”.
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Sheldon Whitehouse, senador demócrata por Rhode Island, indicó que el Ejecutivo ha abusado a veces del poder de clasificar y desclasificar documentos. Los funcionarios desclasifican estratégicamente ciertos archivos, por ejemplo, cuando les da ventaja para hacer frente a la supervisión del Congreso, explicó.
“Quizá algo bueno que salga de este lío es que hagamos una revisión de lo que es claramente un proceso defectuoso y que a menudo se utiliza para obtener ventajas estratégicas contra la supervisión legislativa”, afirmó Whitehouse.
Oportunidad para abordar las fallas
Goitein y otros expertos consideran que los recientes hallazgos de documentos clasificados representan una oportunidad política para que la Casa Blanca, y posiblemente el Congreso, aborden por fin el problema.
Durante décadas, funcionarios, exempleados y el Congreso han advertido sobre el creciente riesgo de etiquetar demasiada información como secreta.
En 2004, el Informe de la Comisión del 11-S, que examinó cómo el Gobierno federal no prestó atención a las señales de peligro antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, advertía que “los actuales requisitos de seguridad alimentan la sobreclasificación”.
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Los presidentes han promulgado órdenes ejecutivas para intentar frenar esta práctica y acelerar la desclasificación de archivos antiguos.
Pero el material relacionado con el fiasco de Bahía de Cochinos en 1961, por ejemplo, no se desclasificó hasta más de 50 años después. Algunos papeles relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 no se publicaron hasta hace poco, y otros siguen clasificados.
“Hay material clasificado y clasificado”, aseguró el expresidente Barack Obama en 2016.
¿Demasiados documentos secretos?
Los expertos han propuesto normalizar y simplificar las normas de clasificación y limitar la discrecionalidad de quienes emiten los juicios de clasificación.
Goitein ha pedido que se introduzcan sanciones para los funcionarios que etiqueten innecesariamente material como secreto. En la actualidad, hay un incentivo abrumador hacia la burocracia federal y hacia clasificar información como secreta, según expertos.
Los detractores del sistema llevan mucho tiempo argumentando que, al calificar de secreta una cantidad inmanejable de información, el Gobierno podría poner en peligro los verdaderos secretos que hay que salvaguardar.
En 1997, el difunto senador Daniel Patrick Moynihan, demócrata de Nueva York, supervisó un informe bipartidista en el que se recomendaba reducir el secretismo en el Gobierno, garantizando al mismo tiempo la protección de la información sensible vital para la seguridad nacional.
“La mejor manera salvaguardar la información secreta y que los secretos más importantes permanezcan así, es que estos vuelvan a desempeñar su función limitada pero necesaria”, decía el informe. “Los secretos pueden protegerse más eficazmente si se reduce el secretismo en general”. Las recomendaciones de Moynihan no se pusieron en práctica.