CIUDAD DE MÉXICO - El exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna será sentenciado este miércoles en un tribunal federal de Nueva York, tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico, vínculos con la delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.
La sentencia del llamado zar antidroga de México, quien llegó a ser el artífice de la sangrienta guerra contra el narco durante el Gobierno de Felipe Calderón, ha generado grandes expectativas en México desde su detención en Texas, en 2019.
“Mi país está sufriendo una gran convulsión, por orden del actual presidente de México se acaba de desmantelar al Poder Judicial del País (jueces, magistrados, ministros, Corte) [...] Se busca encarcelar a los que combatimos al crimen... México está entrando en una etapa muy peligrosa”, dijo García Luna en una carta enviada el martes al juez Brian Cogan, quien preside su caso.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la misiva en su conferencia matutina de este miércoles, afirmando que esta demuestra el “cinismo” del exfuncionario federal.
“Mucho cinismo, ¿no? Un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que tuvo por estar vinculado con el narcotráfico en un momento donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿Quién es García Luna y qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México?”, afirmó la mandataria.
García Luna fue declarado culpable en febrero de 2023 de cinco cargos relacionados con el narcotráfico de cocaína, mantener una relación con una empresa criminal ―el Cartel de Sinaloa― y dar falso testimonio tras un juicio con jurado.
Aunque la defensa del exfuncionario pidió una pena de 20 años, en septiembre pasado la fiscalía del distrito Este de Nueva York argumentó que merece cadena perpetua y una multa mínima de 5 millones de dólares.
Falta de pruebas “materiales”
García Luna es el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser enjuiciado en Estados Unidos, luego de que fuera arrestado en Texas en diciembre de 2019. Tras dejar su cargo público, en 2012, se mudó con su familia a Florida, Estados Unidos, donde vivía en una lujosa residencia, mientras ofrecía consultoría en seguridad.
Aunque la sentencia es vista como un hecho histórico, expertos consultados por Noticias Telemundo afirman que el proceso se centró en el testimonio de testigos protegidos, pero no logró presentar pruebas materiales concretas.
“Esto es histórico, un juicio muy importante, pero hay que decir que no hay pruebas materiales que avalen la sentencia. Es la culminación de un proceso accidentado donde se declara culpable al hombre más fuerte en la guerra contra el narco, lo que sigue teniendo efectos en México donde siguen muriendo cientos de miles de personas cada sexenio”, dijo a Noticias Telemundo Guadalupe Correa-Cabrera, un experto en narcotráfico y migración de la Universidad George Mason.
“Al final, no tenemos la certeza de que se haya hecho justicia y no es la culminación de un proceso justo”, opinó Correa-Cabrera.
Narcos convertidos en testigos
Durante el proceso judicial, desfilaron por la corte de Brooklyn narcotraficantes como Sergio El Grande Villarreal, Edgar El Diablo Veytia y Óscar Nava Valencia, quienes tuvieron un papel protagónico en la estrategia de la Fiscalía, que culmina con la sentencia de este miércoles.
“Aunque haya muchas irregularidades en las acciones de García Luna, darle un valor determinado y un peso tan grande a los testimonios de criminales confesos, sin incluir pruebas concretas, es algo que desvaloriza o demerita el resultado del juicio”, sostuvo Erubiel Tirado, especialista en seguridad y académico de la Universidad Iberoamericana.
En el juicio, los fiscales resaltaron el testimonio de algunos testigos protegidos como Sergio Villarreal, el narco conocido como El Grande por sus dos metros de estatura, quien dijo haber presenciado sobornos millonarios que su jefe, el capo Arturo Beltrán Leyva, le entregaba a García Luna para traficar droga hacia Estados Unidos sin ser perseguido por la policía mexicana.
“El cártel tenía más control en las carreteras del país, los aeropuertos y puertos”, dijo Villarreal.
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También hubo testimonios sobre un supuesto secuestro que sufrió García Luna durante una semana cuando estalló un enfrentamiento entre las facciones del Cartel de Sinaloa lideradas por Beltrán Leyva y Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí fue clave el testimonio del narco colombiano Harold Mauricio Poveda, conocido como El Conejo, quien afirmó en la corte que Beltrán Leyva quería cortarle la cabeza a García Luna, pero él lo convenció de que no lo hiciera para no generar la reacción del Gobierno mexicano.
“Dijo que lo iba a matar... que les iba a mandar la cabeza para que vieran que con él no se juega”, contó Poveda.
Edgar Veytia, exfiscal del estado mexicano de Nayarit, conocido como El Diablo y quien cumple una condena de 20 años por narcotráfico en Estados Unidos, aseguró que en 2011 Ney González, quien en ese entonces era el gobernador de Nayarit, le dijo que había recibido instrucciones de Calderón y García Luna para apoyar a la facción liderada por El Chapo Guzmán en las luchas internas del Cartel de Sinaloa. “Debíamos privilegiar a los Chapos y no a los Beltrán como veníamos haciendo”, afirmó.
Durante el juicio también testificó Israel Ávila, quien fue contador de varios narcos mexicanos. Ávila dijo que García Luna estaba en las nóminas del Cartel de Sinaloa, bajo los apodos de El Tartamudo y El Metralleta, y que se le hicieron pagos de hasta cinco millones de dólares. Sin embargo, en el juicio no se presentaron esas nóminas como prueba material.
“Esos testimonios que muestran la relación de García Luna con los narcos serían más valiosos si estuvieran acompañados de pruebas fehacientes, pero son acusaciones de oídas. Y eso pasa mucho en los juicios de narcos en Estados Unidos, con lo cual siempre quedan dudas de algunos procesos”, observó Tirado.
Correa-Cabrera, por su parte, dijo que en Estados Unidos los procesos relativos al tráfico de drogas, donde se utilizan testigos cooperantes y testigos protegidos, en ocasiones “solo se basan en dichos de criminales confesos”.
“Entonces nos quedamos realmente esperando justicia y claridad”, concluyó.