El Gobierno que preside Donald Trump ha anunciado este viernes la expansión del su política Remain in México (Quédense en México, en español), por la cuál envía el país vecino a los solicitantes de asilo centroamericanos hasta que se resuelva sus peticiones.
Hasta ahora se estaba aplicando en los puertos de entrada de San Diego (California) con Tijuana (México), pero en una o dos semanas se ampliará “exponencialmente”, según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional, para incluir otras ciudades fronterizas.
Estados Unidos lleva casi un mes devolviendo a México a los inmigrantes que solicitan asilo en su frontera, para que esperen allí durante meses o años hasta conocer si serán aceptados en el país. En un principio, el Gobierno mexicano, que preside Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no aceptaría la devolución de menores, pero están llegando y no los ha rechazado.
El Instituto Nacional de Inmigración ha indicado que se ha recibido ya a 112 inmigrantes centroamericanos, incluidos 25 menores de edad. Según su director, Tonatiuh Guillen, han sido devueltas 17 familias de Honduras, El Salvador y Guatemala a través del puesto de San Ysidro, en Tijuana.
Ahora, esta política podría ampliarse a cualquier gran ciudad fronteriza, según el Departamento de Seguridad Nacional, que no ha concretado a cuáles. El diario Dallas Morning News asegura que se extenderá a Texas.
La Patrulla Fronteriza capturó a casi 400.000 indocumentados que trataban de entrar en Estados Unidos ilegalmente entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, de las que 50.000 eran menores de edad viajando solos.
Todo inmigrante que llega a la frontera tiene derecho a solicitar asilo. El presidente, Donald Trump, firmó en otoño una orden ejecutiva que retiraba este derecho a los que cruzaran ilegalmente, para forzar así que todos los inmigrantes acudan a los puertos de entrada; sin embargo, una corte federal congeló temporalmente su directiva, que no está pues aún en vigor.
Para solicitar asilo, los inmigrantes deben pasar primero una prueba de miedo creíble, en la que demuestren que temen por su vida si regresan a su país de origen porque allí son perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Aproximadamente nueve de cada 10 inmigrantes que lo intentan consiguen pasar esta prueba.
Quienes pasan la prueba obtienen derecho a plantear su caso ante una corte de inmigración; entre tanto, a la mayoría se les permite quedar en libertad, porque las autoridades migratorias sólo tienen 50.000 plazas en centros de detención.
El colapso de las cortes migratorias hace que la cita pueda retrasarse años. Hasta ahora, podían pasarlos en Estados Unidos. Ahora también pueden ser devueltos a México, a ciudades fronterizas plagadas por la violencia y con capacidad limitada para asistirlos socialmente, como denuncian organizaciones de derechos civiles.