Por Erik Ortiz - NBC News
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este jueves que presentó una demanda contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés) y cuatro personas, incluido su líder, Wayne LaPierre, que busca disolver el grupo de defensa de los derechos de armas por “años de negocios ilegales” que financiaron el “lujoso estilo de vida” de sus ejecutivos.
La funcionaria dijo que la asociación incurrió en una conducta ilegal al desviar “millones de dólares de la misión caritativa de la organización para uso personal de los altos cargos, otorgando contratos que beneficiaban financieramente a los asociados cercanos y sus familiares, y concediendo lucrativos contratos a exempleados con el fin de comprar su silencio y lealtad continua”.
“La NRA está plagada de fraudes y abusos, por eso, hoy buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”, dijo.
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En la demanda también se menciona a Wilson “Woody” Phillips, extesorero y director financiero; Joshua Powell, ex jefe de gabinete y director ejecutivo de operaciones generales; y John Frazer, secretario corporativo y asesor general. James acusa a esos miembros de fallar en la administración de los fondos de la NRA y el cumplimiento de las leyes estatales y federales, lo que contribuyó a la pérdida de más de 64 millones de dólares en tres años.
La fiscal sostiene que los ejecutivos usaron la asociación como una “alcancía personal”, y que millones de dólares de las reservas de la NRA fueron utilizados en viajes personales y familiares y para pagar aviones privados y comidas caras. LaPierre también está acusado de gastar más de 500,000 dólares de los fondos de la organización en ocho viajes a las Bahamas durante tres años, contratar servicios de automóviles negros de lujo, pagar el cabello y el maquillaje de su esposa y obtener un contrato de beneficios posempleo valorado en 17 millones de dólares.
Según James, “dada la amplitud y profundidad de la corrupción, la ilegalidad y los descarados intentos para evadir la ley”, es necesario que la NRA se disuelva para proteger a sus miembros y donantes.
LaPierre, Phillips, Powell y Frazer no respondieron de inmediato a la demanda, que se presentó en un tribunal estatal de Manhattan después de una investigación de 18 meses. Ninguno de los miembros de la asociación ha sido acusado de algún delito, aunque James dijo que la demanda sería remitida al IRS por posibles violaciones de la ley tributaria.
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También el jueves, el Fiscal General del Distrito de Columbia, Karl Racine, presentó una demanda contra la NRA y la Fundación NRA, que fue establecida en ese distrito, por “malversación de fondos de caridad para fomentar el gasto derrochador de la NRA y sus ejecutivos”. La demanda busca que la ANR devuelva el dinero de la Fundación NRA que usó, con el fin de garantizar que la fundación “opere de manera independiente y cumpla con sus fines benéficos”.
En respuesta a las acusaciones del jueves, la presidenta de la NRA, Carolyn Meadows, calificó la demanda de James como un “ataque premeditado y sin fundamento contra nuestra organización y las libertades de la Segunda Enmienda”, y que la organización “la confrontaría y prevalecería”.
“Es un claro intento de ganar puntos políticos y atacar a la voz principal que se opone a la agenda izquierdista”, dijo Meadows en un comunicado. “Esta ha sido una toma de poder por parte de una oportunista política, un movimiento desesperado que forma parte de una venganza política. Nuestros miembros no serán intimidados o amedrentados en su defensa de las libertades políticas y constitucionales”.
El presidente Donald Trump, quien recibió el respaldo de la NRA en julio para su campaña de reelección, dijo a un grupo de periodistas que se encontraban afuera de la Casa Blanca que la demanda de James fue “algo muy terrible que acaba de suceder”.
“Creo que la NRA debería mudarse a Texas y tener una vida muy buena y hermosa”, agregó.
En abril de 2019, James confirmó que se estaba investigando a la NRA, parte de su promesa de campaña para profundizar en el estatus sin fines de lucro del grupo. Según los informes, James emitió citaciones para investigar sus campañas de financiamiento, los pagos realizados a los miembros de la junta y el cumplimiento tributario.
Ese mismo mes, Oliver North, un teniente coronel retirado de la Marina estadounidense que se convirtió en el presidente de la NRA en 2018, renunció al cargo después de alegar que otros líderes se habían involucrado en irregularidades financieras.
Su salida reveló las fracturas dentro de la organización y una lucha interna por el poder en la que, según los informes, North y sus partidarios habían intentado destituir a LaPierre, director ejecutivo y vicepresidente ejecutivo de la NRA —que tiene más de 5 millones de miembros— desde 1991.
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Luego, LaPierre acusó a North de tratar de extorsionarlo. Sin embargo, desde hace tiempo el veterano directivo de la ANR ha sido objeto de escrutinio por parte de los principales donantes que se preocupan por los ingresos de la asociación y sus crecientes problemas legales.
Después de que se enteró de la investigación de James, el presidente Donald Trump defendió a la NRA, tuiteando que el grupo estaba siendo “asediado” por ella y por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ambos demócratas, “quienes están usando ilegalmente el aparato legal del Estado para acabar y destruir esta organización muy importante, y otras”.
William A. Brewer III, un abogado que representa a la organización, dijo en un comunicado en diciembre que “los registros financieros de la NRA y sus afiliados fueron auditados y reportados en las declaraciones de impuestos, de conformidad con las regulaciones estatales y federales, un hecho que subraya el compromiso de la asociación con la buena gobernanza”.
Y agregó que la investigación de James tenía un “propósito partidista, no una preocupación real de que la NRA no esté usando sus activos de manera efectiva para lograr los intereses de sus miembros”.
Aunque la NRA tiene su sede en el condado de Fairfax, Virginia, la fiscalía general de Nueva York tiene autoridad sobre su condición de organización sin fines de lucro, porque está constituida en Nueva York. La asociación sigue siendo el lobby de armas más poderoso en los Estados Unidos, aunque en medio de la pandemia de coronavirus, ha despedido a docenas de empleados además de ordenar un recorte de salarios.
En julio, la NRA respaldó la reelección de Trump y dijo que “había hecho más que cualquier otro presidente para proteger el derecho de la Segunda Enmienda a poseer y portar armas”.