IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Un obispo se negó a ser desterrado de Nicaragua en vuelo a EE.UU. Daniel Ortega lo llamó "desquiciado" y lo condenó a 26 años de cárcel

Monseñor Rolando Álvarez, un prominente obispo opositor de la diócesis de Matagalpa, no aceptó montarse junto a otros 222 disidentes y presos políticos en un avión rumbo a Washington, D.C. El régimen sandinista confirmó su traslado a una cárcel de reos comunes.

El monseñor Rolando Álvarez ya había dejado claro en sus prédicas dominicales que no abandonaría Nicaragua ni su gente.

El prominente obispo opositor de la diócesis de Matagalpa, al norte del país, mantuvo su palabra este jueves cuando el régimen de Daniel Ortega quiso montarlo en un avión rumbo al destierro en Estados Unidos, junto a otros 222 presos políticos nicaragüenses que llegaron en la mañana a Washington, D.C.

El líder sandinista confirmó la negativa de Álvarez en un discurso transmitido por la televisión oficialista el jueves por la noche. Según Ortega, el obispo era el número 92 en la lista de presos, pero no aceptó irse. "Está desquiciado", aseguró y dijo que debía ser evaluado por "autoridades médicas".

"Está haciendo fila y llega a las gradas del avión, empieza a decir que él no se va", afirmó Ortega, de 77 años, quien se ha mantenido en el poder desde 2007 tras elecciones cuestionadas por observadores internacionales.

[El arresto de un obispo agrava la represión en Nicaragua contra la Iglesia católica]

Un día después, Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión luego que las autoridades nicaragüenses adelantaran el juicio previsto para el 15 de febrero en el que le acusaban de “organizar grupos violentos” y “propagación de noticias falsas”, con el agravante de “desobediencia y desacato a la autoridad”. Además, fue despojado de su nacionalidad y sus bienes y deberá pagar una multa de 58,000 córdobas (unos 1,600 dólares).

Según Ortega, por negarse a acatar las órdenes del Estado, el obispo que permanecía en un régimen de casa por cárcel, fue trasladado al penal de reos comunes La Modelo, a pocos kilómetros de Managua, la capital. "Y como él lo decidió, ahí está guardando prisión", sentenció.

Monseñor Rolando Álvarez en una foto de archivo de mayo de 2022.
Monseñor Rolando Álvarez en una foto de archivo de mayo de 2022.STR / AFP via Getty Images

En su discurso, Ortega despotricó contra el obispo, llamándole "energúmeno" y diciendo que este "no puede tener el coraje de Cristo que aguantó los azotes".

Álvarez, de 56 años, fue arrestado el 19 de agosto junto a varios de sus sacerdotes en la Curia Episcopal de Matagalpa tras varias semanas de asedio policial en las que no se les permitió abandonar el lugar y durante las que el obispo, crítico del régimen y muy popular entre los fieles católicos, ofició la Eucaristía mediante transmisiones en vivo.

En los últimos años, el régimen orteguista ha intensificado su persecución contra la Iglesia católica, arrestando a sacerdotes, negándoles la entrada al país y prohibiendo que se realicen las tradicionales celebraciones religiosas que suelen ser masivas en muchos departamentos del país. También ha cancelado la licencia a varios medios católicos de radio y televisión.

Policías y antimotines patrullan frente a la Curia Arzobispal de Matagalpa impidiendo la salida de Monseñor Rolando Álvarez, en Matagalpa, Nicaragua, el 4 de agosto de 2022.
Policías y antimotines patrullan frente a la Curia Episcopal de Matagalpa impidiendo la salida del monseñor Rolando Álvarez, en Matagalpa, Nicaragua, el 4 de agosto de 2022.STR / AFP via Getty Images

Tres sacerdotes fueron condenados a 10 años de prisión el lunes por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Otro fue sentenciado poco antes. Todos ellos fueron desterrados este jueves en el vuelo a Estados Unidos. La Asamblea Nacional, dominada por el partido de Gobierno, aprobó poco después una reforma a la Constitución nicaragüense en la que estipuló que podía retirar, conceder y devolver la nacionalidad a sus ciudadanos.

[Nicaragua libera a más de 200 presos políticos, que vuelan ahora hacia EE.UU., según familiares de opositores a Ortega]

Algunos religiosos forzados al exilio reaccionaron a la noticia. Uriel Vallejos, párroco de la iglesia Divina Misericordia en el municipio de Sébaco, bajo la diócesis de Matagalpa, escribió en Twitter: "Nunca nos quitarán en nuestro ser la nacionalidad y el ser nicaragüense. Eso se lleva dentro de cada uno ¡Viva Nicaragua libre!".

Vallejos, exiliado desde septiembre y acusado por los mismos delitos por los que condenaron a Álvarez, es considerado un prófugo de la justicia nicaragüense, que lo circuló con la Interpol. Sus supuestas víctimas son el “Estado y la sociedad nicaragüense”.

Noticias Telemundo trató de contactar a varios sacerdotes en Nicaragua, pero declinaron hacer comentarios.

Un hombre observa la misa de Monseñor Rolando Álvarez a través de Facebook en Managua, el 11 de agosto de 2022, pocos días antes que el obispo fuera arrestado.
Un hombre observa la misa de Monseñor Rolando Álvarez a través de Facebook en Managua, el 11 de agosto de 2022, pocos días antes que el obispo fuera arrestado.OSWALDO RIVAS / AFP via Getty Images

No sabían adónde los llevaban

La noticia del destierro de más de 200 presos políticos empezó a circular el jueves por la mañana, pero los rumores serían confirmados después por familiares de los excarcelados, autoridades de Estados Unidos y finalmente por el régimen de Ortega, que calificó el destierro como "deportación".

Entrevistados en Washington por el diario nicaragüense La Prensa, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, ambos detenidos y condenados tras hacer públicas sus intenciones de postularse como candidatos presidenciales en 2021, aseguraron que no sabían hacia dónde los llevaban la madrugada del jueves y que no supieron que serían expulsados, hasta llegar al aeropuerto. Ahí también se les dijo a qué país.

Ambos confirmaron que les hicieron firmar un documento que decía que abandonaban Nicaragua voluntariamente, pero no daba más detalles.

Los excandidatos insistieron en que, por la naturaleza de su encierro, no podían comunicarse con otros detenidos ni estar al tanto de lo que sucedía en el país, por lo que su destierro fue sorpresivo. Tampoco sabían que les habían arrebatado su nacionalidad.

[El régimen de Ortega en Nicaragua halla culpable a Cristiana Chamorro, su principal oponente política, de lavado de dinero]

Al menos 39 personas siguen encarceladas por oponerse al régimen, informó este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Hugo Torres Jiménez, exguerrillero histórico del sandinismo, murió en febrero de 2022 a los 73 años, tras varios meses de prisión.

Entre los presos políticos desterrados hay reconocidas figuras opositoras del régimen, como la comandante revolucionaria Dora María Téllez, periodistas como el cronista deportivo Miguel Mendoza, líderes campesinos como Medarno Mairena, líderes estudiantiles, defensores de los derechos humanos, empresarios, académicos y ciudadanos encarcelados y condenados por protestar, como Sergio Beteta, detenido en diciembre de 2020 por quemar una bandera del Frente Sandinista.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que las autoridades estadounidenses debían constatar que “cada uno de ellos deseaba viajar a Estados Unidos”.

[Poca participación y denuncias por detenciones en las cuestionadas elecciones presidenciales de Nicaragua]

En Washington fueron alojados en un hotel donde serán evaluados para comprobar su estado de salud. Podrán permanecer en el país durante dos años y aplicar a un permiso de trabajo bajo el programa de parole humanitario ampliado por la Administración Biden.

Esta no es la primera vez que el régimen excarcela a presos políticos. En 2019, al menos 100 personas fueron "liberadas" bajo una amnistía otorgada por Ortega. Muchas fueron recapturadas poco después, entre ellas el periodista y excandidato a la presidencia Miguel Mora, quien también fue desterrado este jueves.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando Ortega sofocó las protestas pacíficas de la población, que pedía un cambio de liderazgo. Más de 300 personas han sido asesinadas por la represión estatal, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).