Las autoridades venezolanas detuvieron hace cuatro días a la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel en un aeropuerto de la capital cuando se disponía a viajar a Miami con su hija, luego de vincularla con un presunto plan para atentar contra el régimen y la vida de Nicolás Maduro.
El caso desencadenó condenas de ciudadanos y organismos defensores de derechos humanos, dentro y fuera del país.
Los abogados de San Miguel aseguraban hasta este martes –cuando confirmaron que se encuentra recluida en El Helicoide– que no habían tenido contacto con su clienta desde entonces, a pesar de que el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la captura de la activista y afirmó que fue presentada la noche del lunes ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas.
En esa audiencia, San Miguel no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a una asistencia legal, denunció su equipo jurídico en un comunicado, y agregó que la activista tampoco ha tenido contacto con su familia.
Los abogados también han dicho que cinco de sus allegados, entre ellos su hija, dos hermanos y su exesposo, también fueron detenidos. Reportes indican que ahora han sido liberados bajo régimen de presentación.
La fiscalía no ha proporcionado evidencia que avalen las acusaciones de traición a la patria, conspiración y terrorismo, entre otros delitos, que le imputan a la activista, según su equipo defensor.
¿Quién es Rocío San Miguel?
Es una abogada de 57 años que dirige Control Ciudadano, una organización no gubernamental establecida a inicios de 2005 con el fin de promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Un año antes de la creación de esa organización, San Miguel había sido despedida del gubernamental Consejo Nacional de Fronteras, tras firmar una lista que buscaba activar un referendo para recortar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Cientos de personas denunciaron que entre 2003 y 2004, luego de aparecer en esa lista, fueron despedidos de sus cargos en el sector público. Años después Chávez pidió a los directivos y funcionarios "enterrar" la referida lista que circuló por un largo rato en internet.
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El Consejo fue un organismo de consulta y asesoramiento de alto nivel para coordinar acciones de políticas públicas y sociales entre distintos entes gubernamentales en las fronteras.
San Miguel acudió posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la situación en la que quedaron expuestos los firmantes.
La abogada siguió siendo blanco de críticas, hostigamiento y amenazas tras la muerte de Chávez en 2013 y el arribo de Maduro al poder debido a su labor de supervisión en temas de seguridad nacional y defensa.
¿Por qué su trabajo molestó al Gobierno?
Después de 25 años de gobiernos chavistas en Venezuela cada vez son menos los que se atreven como San Miguel a develar lo que ocurre dentro del mundo militar.
Las fuerzas armadas han sido tradicionalmente los árbitros a los que en buena medida se le ha confiado resolver los conflictos políticos en el país. Durante el mandato de Chávez y posteriormente con el de Maduro, su heredero político, han ocupado cada vez más espacios clave en la economía, empresas estatales y ministerios de sectores considerados estratégicos.
En ese sentido, el trabajo de supervisión de Control Ciudadano ha sido visto como una piedra en el zapato, y al mismo tiempo blanco de virulentas críticas de las autoridades por sus investigaciones, incluida una en la que se expuso por primera vez la existencia de militares activos inscritos como militantes del partido de Gobierno, a pesar de que la Constitución Nacional lo prohíbe claramente.
Las investigaciones dirigidas por San Miguel también revelaron casos de torturas, muertes, detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas, que son consideradas uno de los principales soportes de Maduro.
Control Ciudadano también reveló abusos a los derechos humanos, así como presuntos actos de corrupción en el sector militar.
¿De qué la acusa el Gobierno?
Maduro y sus aliados repetidamente han acusado a San Miguel de ser financiada por Washington para desacreditar su Gobierno y en particular a los militares, aunque sin presentar prueba de ello. Las autoridades se han referido de momento a la detención de la defensora de los derechos humanos citando los escritos de la fiscalía.
En enero pasado, la Fiscalía General anunció la detención de 36 civiles y militares vinculados con cinco supuestos complots contra el Gobierno que, según dijo, fueron frustrados entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024. En ellos implicó a varios ex altos oficiales, periodistas, políticos y activistas, incluida San Miguel.
Durante el mandato de más de diez años de Maduro se han denunciado decenas de supuestos planes desestabilizadores por los que han sido detenidas numerosas personas, aunque rara vez se ha informado sobre las conclusiones de los procesos.
¿Qué dicen los organismos internacionales?
Algunos activistas sostienen que el objetivo del Gobierno de Maduro con la detención es acallar y atemorizar a sectores incómodos en medio de un año electoral.
San Miguel "es una profesional seria, responsable y es una persona que, pues, ha desarrollado su trabajo por lo menos hasta donde yo conozco dentro de la más absoluta legalidad", dijo a The Associated Press Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, y aclaró que no tiene una relación de amistad con la detenida.
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Consideró que ella es objeto de una "detención arbitraria", que tendría "una finalidad muy precisa: mandar un mensaje claro a las demás organizaciones no gubernamentales" en un año de elecciones.
"El Gobierno no quiere organizaciones, periodistas, ni ningún tipo de entidad que de alguna manera muestre cuáles son los rincones oscuros del país, las cosas negativas que están pasando", agregó.
Con información de The Associated Press