Una madre mexicana, Rosario Rodríguez Barraza, fue secuestrada y asesinada en el estado de Sinaloa al terminar una misa en honor a su hijo, Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, desaparecido en 2019 cuando tenía 20 años, según reportaron medios locales.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, pese a sus denuncias, la mujer, de 44 años, había emprendido por su cuenta la búsqueda de su hijo. Había recibido amenazas y, dos semanas antes de su muerte, denunció de nuevo la inacción oficial para hallar a su hijo, quien fue secuestrado en La Cruz de Elota por hombre armados a bordo de un vehículo blanco, según denunció.
Rodríguez fue raptada cerca de su casa en La Cruz y asesinada este martes, Día Internacional de los Desaparecidos, que fue conmemorado con protesta en México, un país con 100,000 desparecidos desde 1964 (cuando empezó el conteo) hasta la fecha.
El cuerpo de Rodríguez, integrante del colectivo Corazones sin Justicia, fue encontrado en un costado de las vías del tren del municipio, según el diario El País. Es la tercera madre asesinada mientras buscaba a su hijo en México desde 2001, según la agencia de noticias The Associated Press.
El gobernador del Sinaloa, Rubén Rocha Myora, lamentó su muerte y la describió como una "luchadora incansable como muchas otras mujeres sinaloenses que buscan a sus seres queridos". Horas antes de la desaparición de la activista, el gobernador sostuvo una reunión con familiares de personas desaparecidas en ese estado.
En un video publicado por el grupo de búsqueda Hasta Encontrarles, se escucha a Rodríguez Barraza diciendo: “Yo busco a mi hijo, no busco a culpables”. “Traje videos, traje testigos y, hasta la fecha, no me han resuelto nada”, dijo al referirse a la Fiscalía.
El colectivo Hasta Encontrarles denunció que la mujer había sido amenazada constantemente por su búsqueda. "Ya le habían rociado gasolina a su casa para incendiarla, intentaron desaparecer a su otro hijo, en una ocasión le quitaron una camioneta y se la regresaron al siguiente día", dijo la organización.
También aseguró que última vez que salió a buscar a su hijo se le acercó una patrulla de la policía municipal con un civil que no era policía y le preguntó: "Bueno, señora, ¿usted qué tanto busca?" y que "ella le dijo que solo pedía que le dieran a su hijo".
Su hijo no ha sido visto desde que fue secuestrado en La Cruz en octubre de 2019, una localidad ubicada en la costa del océano Pacífico, entre el puerto de Mazatlán y la ciudad de Culiacán, capital del estado. Sinaloa es la base de operaciones del cártel del narcotráfico del mismo nombre.
[Denuncias de torturas manchan caso Ayotzinapa en México]
Madres buscadoras por inacción oficial
Ante la falta de acción o incompetencia de las autoridades, muchas madres se ven impulsadas a realizar sus propias investigaciones, a menudo después de recibir información anónima, cruzan barrancos y campos, clavando varillas de acero en el suelo para detectar el inconfundible hedor de los cuerpos en descomposición.
Estos equipos voluntarios, usualmente conformados por madres de desaparecidos, recalcan a menudo que sólo quieren encontrar los restos de sus seres queridos para darles un entierro adecuado.
El motivo de los asesinatos sigue sin estar claro, ya que la mayoría de los voluntarios que buscan restos humanos dicen públicamente que no pretenden hallar evidencia para condenar a responsables.
Pero se sospecha que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por cárteles del narcotráfico, quienes se deshacen de los cuerpos en fosas poco profundas, los disuelven en ácido o los queman. Los grupos dedicados al tráfico de drogas o al secuestro suelen usar los mismos sitios una y otra vez, creando fosas comunes.
En ocasiones los grupos de búsqueda reciben información anónima sobre el lugar en el que hay cuerpos enterrados, información que probablemente sólo sabrían los asesinos o sus cómplices.
Pero los voluntarios, en su mayoría mujeres, a menudo relatan que reciben amenazas o son vigiladas, presumiblemente por las mismas personas que asesinaron a sus hijos, hermanos y esposos.
En 2021, en el vecino estado de Sonora, otra madre, Aranza Ramos, fue encontrada sin vida un día después de que su grupo de búsqueda localizó una fosa que aún humeaba. Semanas antes, el activista Javier Barajas Piña fue asesinado a disparos en el estado de Guanajuato, el más violento de México.
Los cárteles podrían enojarse simplemente por el inconveniente: después de que los buscadores hallan cuerpos, los narcos se ven obligados a encontrar otro lugar para deshacerse de sus víctimas.
Una vez que creen que encontraron una fosa, los buscadores suelen llamar a la policía, en buena medida porque a menudo las autoridades rehusan realizar el lento pero crucial análisis de ADN a menos que los restos sean exhumados por profesionales.
Con información de AP y El País.