CIUDAD DE MÉXICO.– María Isabel Cruz Bernal dice que lo ha visto todo. Madres llorando porque no consiguen a sus hijos, padres llorando porque solo les dieron unos pocos dientes o fragmentos de huesos, familiares sumidos en oscuras crisis de nervios porque los cuerpos de sus seres queridos resultaron ser de otras personas, parientes que se quejan por la indignación de ver que, después de meses y años de búsqueda, les entregan los restos de su gente en bolsas plásticas negras, de basura, y mal selladas.
“Es un problema que persiste y sigue. No hay manera de pararlo. Tenemos 52,000 cuerpos sin identificar en todo el país, pero no sabemos si son más. Nosotros vivimos buscando en el monte y los ríos sin saber que, a lo mejor, muchos de ellos están en una fosa común del Estado”, explica Cruz Bernal, de 52 años y líder de Sabuesos Guerreras, una asociación civil de Sinaloa que forma parte de los 74 colectivos de familiares que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), organización que recientemente publicó el informe La crisis forense en México.
El documento denuncia el surgimiento y expansión de las continuas desapariciones de personas y la localización de cuerpos sin identificar, dos crisis “paralelas y superpuestas” que han enlutado a miles de familias. Se trata de dos cifras abismales: 91,318 personas desaparecidas y no localizadas (desde 1964 que fue cuando se iniciaron los registros), y más de 52,000 fallecidos que no han sido identificados por las diversas fallas y retrasos del sistema forense mexicano.
Este lunes por la mañana se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y más de 50 familiares de personas desaparecidas se reunieron frente al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo del país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebraba mientras tanto su habitual conferencia matutina frente al Zócalo, que estaba fuertemente resguardado por decenas de efectivos policiales. Los familiares comenzaron a gritar consignas como: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”.
Los investigadores del informe advierten que esa cifra de 52,000 personas, recabada por medio de solicitudes de acceso a la información, es el número mínimo reconocido por los organismos estatales pero estiman “que existen muchas más”. También resaltan que un 60% de esos restos se encuentran en fosas comunes de cementerios públicos, instancias que tienen registros inadecuados y una “alta probabilidad de extravío de cuerpos”.
“Hemos visto que cuando se abre una fosa común muchas veces sacan cadáveres que fueron enterrados con su ropa ensangrentada y con los tiros de gracia. Parece que falsean la información y muchos de los que están sepultados no tienen carpeta de investigación, y eso nos llena de mucha desconfianza”, comenta Martín Villalobos Valencia, miembro del MNDM, que colaboró en el análisis y elaboración del reporte.
La violencia emerge como el gran catalizador de todas estas crisis. Desde 2006 se han registrado 340,000 homicidios en el país, que es el equivalente a decir que la población entera de una ciudad como Newark, New Jersey, desapareciera. Solo en 2020 el país tuvo 27.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo.
En México, la desaparición de personas es una problemática vinculada a diversos fenómenos como los flujos migratorios, el desplazamiento forzado de familiares de las personas desaparecidas que deben marcharse de sus lugares de origen por las amenazas de muerte, las pocas denuncias y, en general, los débiles esfuerzos de las autoridades para localizar a las familias y realizar las investigaciones.
María Teresa Valadez Kinijara, de 52 años, tuvo que viajar durante tres días para poder participar en la protesta del Zócalo. Mientras gritaba, estallaba en llanto cuando recordaba a Fernando, su hermano desaparecido en Guaymas, Sonora.
“Como el Estado no hace nada yo me volví investigadora, conseguí los videos del secuestro de mi hermano y ayudé a identificar a la persona que se lo llevó. Pero está detenido desde 2015 y todavía no lo procesan por la desaparición de Fernando. Es muy desesperante lo que vivimos, he recibido amenazas y me tuve que ir de Sonora. Tengo dos años sin ver a mi mamá”, comenta entre sollozos.
[Los peores casos de brutalidad policial en México demuestran que los abusos son cotidianos]
Según el informe, Baja California (con 9,087 personas sin identificar), Ciudad de México (6,701), el Estado de México (5,968), Jalisco (5,738), Chihuahua (3,943), Tamaulipas (3,788) y Nuevo León (2,077) son las entidades con las cifras más alarmantes. Esos estados concentran el 71.73% del total de cuerpos no identificados, pero la Comisión Nacional de Búsqueda ha dicho que hay más de 4,000 fosas en el país.
Como afirma Cruz Bernal, los expertos advierten que es muy probable que entre los cuerpos no identificados que “yacen en fosas comunes y clandestinas, en servicios forenses y otros espacios”, se encuentren algunas de las personas que fueron reportadas como desaparecidas.
“Al Estado no le conviene identificar tantos restos que tienen en las fosas comunes porque ahí vamos a encontrar al menos a una tercera parte de los desaparecidos que las hermanas, esposas y madres hemos llorado toda la vida y resulta que las autoridades los tenían ahí escondidos”, asevera Cruz Bernal con desaliento.
Ella y Villalobos Valencia son familiares de personas desaparecidas. Cruz Bernal busca a su hijo en los desiertos de Sinaloa desde 2017, y él aún indaga por el paradero de su cuñada que era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y desapareció hace 17 años.
[Esta es la razón por la cual no debes compartir fotos de niños desaparecidos en Facebook]
Un laberinto burocrático
Tanto los familiares como los activistas por los derechos humanos coinciden en que el auge de la violencia desencadenada por las acciones de grupos delictivos como los cárteles del narcotráfico, aunado a las políticas de seguridad centradas en la militarización de la seguridad pública, ha hecho que se incrementen los asesinatos y desapariciones que desbordan la carga de trabajo de los servicios forenses del país.
Sin embargo, la investigación resalta que el Estado no está preparado para enfrentar el volumen de la mortandad que azota al territorio mexicano. Las instituciones forenses no cuentan con el personal necesario, los funcionarios no tienen la formación adecuada y, en general, tienen remuneraciones bajas y contratos temporales.
Según el informe, solo 4,111 peritos se dedican a ciertas actividades relacionadas con la identificación humana, pero además hacen otras tareas lo que explica el rezago continuo en las investigaciones. Hasta el 31 de agosto de 2020, autoridades de 11 estados admitieron que había 6,176 peritajes pendientes.
Más allá de los problemas técnicos como los protocolos obsoletos, las bases de datos antiguas y la falta de insumos y equipos, el MNDM hace hincapié en la falta de independencia de los servicios forenses que están subordinados a “las decisiones del Ministerio Público”, lo cual impide que se imponga el enfoque científico necesario.
“Normalmente el Ministerio Público les ordena a los forenses o a los criminalistas lo que se tiene que hacer. Pero ellos deberían ser autónomos como pasa en otros países, porque muchas veces los fiscales no están capacitados para poder recomendar nada y eso aumenta los retrasos en la identificación y en todas las investigaciones”, explica Michelle Quevedo, vocera del MNDM.
Además, un estudio reciente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos reveló que, entre 2018 y 2020, menos de un tercio de las más de 23,000 personas que están clasificadas como desaparecidas fueron reconocidas como víctimas de algún delito concreto que esté siendo investigado por las autoridades.
“No tenemos información confiable”, afirma tajantemente Jacobo Dayán, investigador de la Universidad Iberoamericana que se ha especializado en temas de Derechos Humanos.
“La Comisión Nacional de Búsqueda se articula con la policía y la Guardia Nacional; la Fiscalía General de la República con las fiscalías estatales y eso es un caos porque hay muchas cadenas de mando. México crea instituciones extraordinarias porque las instituciones ordinarias están colapsadas, pero eso no resuelve nada”, concluye Dayán.
[Al menos 80 indígenas campesinos desaparecidos en el norte de México]
Un nuevo mecanismo y nuevas esperanzas
En 2019, el Estado mexicano admitió en una audiencia pública la crisis en materia de desaparición y la emergencia que atraviesan sus mecanismos forenses comprometiéndose a la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que se presentó este lunes en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“Este mecanismo es una exigencia de las familias desde hace muchos años y el Estado mexicano ha respondido a eso. Es lamentable que los familiares hayan tenido que vivir en carne propia la crisis forense con la falta de identificación, la ausencia de un tratamiento digno de los cuerpos y de, por ejemplo, tener bases de datos genéticas unificadas que se compartan”, explica Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, en entrevista con Noticias Telemundo.
La nueva instancia estará conformada por expertos nacionales e internacionales y fue impulsada por los familiares de las víctimas para hacer los peritajes sobre los cuerpos o restos óseos. Aunque los diversos colectivos de personas desaparecidas celebran este logro, también advierten que no será fácil que funcione en medio de la maraña de instituciones burocráticas mexicanas.
“Vamos a presionar al Gobierno federal para que designen los recursos suficientes para que el mecanismo pueda trabajar y consolidar su programa de trabajo. Es necesario que las fiscalías colaboren y se dejen ayudar. Esto lo hacemos por amor a nuestras familias, así que no vamos a descuidar todo el proceso”, asevera Villalobos Valencia.
Además, este lunes el Gobierno mexicano anunció que, apenas lo permita la contingencia del COVID-19, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas podrá visitar el país con el fin de desarrollar un programa de trabajo conjunto para mejorar los mecanismos forenses.
Pero, tanto expertos como familiares, coinciden en que no será fácil lograr reformar los protocolos forenses y atacar la crisis de fondo que es el auge de la violencia en el país.
[El epicentro del horror es un horno: así buscan a sus hijos en un campo de exterminio de Los Zetas]
“Es un mecanismo extraordinario para una situación extraordinaria, es una crisis terrible pero no podemos pensar que se va a solucionar de un día para otro. Este avance debe acompañarse de medidas como una reforma integral en materia de verdad y justicia. Debemos recordar que en este país existe entre un 94 y 98% de impunidad”, explica Quintana y recalca que, pese a las decenas de miles de denuncias, no existen más de 40 sentencias condenatorias sobre desaparición forzada en el país.
Mientras tanto, desde el alba hasta el anochecer, María Isabel Cruz Bernal transita sin cesar por las polvorientas carreteras de Sinaloa. Pala en mano, busca a su hijo desaparecido por los desiertos y descampados, mientras lee carpetas de investigación y expedientes hasta que le lloran los ojos. Dice que, a veces, llegan a sitios de fosas y huyen espantadas porque comienzan a dispararles.
En México, las mujeres suelen ser los familiares que más se dedican a las búsquedas. Lo dejan todo para entregarse a la preservación de los recuerdos y a la localización de restos, huesos, cuerpos o cualquier cosa que las acerque un poco más a saber el paradero de sus seres queridos.
[Ayotzinapa, seis años después: “Son nuestros hijos y tenemos el derecho de tenerlos con nosotros”]
Ellas dicen que buscan tesoros, y evitan hablar de cadáveres o muertos. Suelen recibir amenazas de muerte que las obligan a marcharse de sus casas y regiones pero, en julio, Aranza Ramos fue asesinada en Sonora mientras buscaba a su marido.
“Pues nos están asesinando a las buscadoras, a las que buscamos a nuestros desaparecidos”, dice Cruz Bernal con tristeza. Pero se le ilumina el rostro al recordar que Sabuesos Guerreras, la organización que fundó hace cuatro años, ya agrupa a 850 mujeres y tres hombres que han localizado más de 190 cuerpos y 18,860 fragmentos calcinados, además de 55 personas con vida.
“Empezamos cuatro mujeres y decían que estábamos locas, pues sí llegamos para poner de cabeza este estado y no nos vamos a quedar encerradas. Seguiremos haciendo la chamba del Gobierno. Yo creo que, cuando te desaparecen a alguien, el miedo se lo llevan junto con esa persona”, dice en un descanso durante uno de sus viajes para buscar esos tesoros que son las personas desaparecidas.