El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) propuso este martes un incremento a las tarifas en la mayoría de trámites migratorios, para “recuperar más plenamente sus gastos de funcionamiento, restablecer y mantener la tramitación oportuna de casos y evitar los atrasos en trámites futuros”, según un anuncio en su página oficial.
La propuesta, que no puede entrar en vigor antes de un período de comentarios públicos, contempla aumentos de entre 25 y 900 dólares en el precio de algunos trámites, dependiendo de su tipo. Otros no experimentarían cambios o bajarían de costo. El período de comentarios públicos es de 60 días, comenzando en la fecha de publicación de la propuesta en el Registro Federal.
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Una propuesta de aumento a las tarifas de trámites migratorios ya había sido impulsada en 2019 bajo la Administración de Donald Trump, pero fue bloqueada por un tribunal poco antes de que entrara en vigor, en octubre 2020.
USCIS defendió este martes que no ha subido sus tarifas desde 2016 y que, en 2020, debido a la pandemia del COVID-19, hubo una “una drástica reducción en la recepción de nuevas solicitudes, lo que se tradujo en un descenso temporal de los ingresos del 40%”.
Con los cambios previstos, la agencia podría percibir 5,200 millones de dólares anuales durante los años fiscales 2022 y 2023. Si no se aplican las nuevas tarifas, el ingreso sería de 3,280 millones de dólares (sin tomar en cuenta las ganancias por servicio premium de procesamiento).
Los 1,900 millones de dólares de diferencia son necesarios, de acuerdo a USCIS, para mejorar su capacidad de resolver las solicitudes que recibe, que han vuelto a su ritmo previo a la pandemia, y para evitar retrasos en el futuro mediante la contratación de más personal.
La agencia dijo que recibe aproximadamente el 96% de su financiación de estas tarifas que “están muy lejos de compensar el costo total de las operaciones”.
“La combinación del agotamiento de las reservas de efectivo, la congelación temporal de la contratación y el desgaste de la planilla ha reducido la capacidad de la agencia para resolver los casos a tiempo”, explicó USCIS.
¿Qué trámites pueden subir de precio?
Estos son algunos de los trámites más comunes que podrían subir de precio si la propuesta es aprobada. Como suele suceder, la tarifa varía si el formulario es presentado en línea o en papel, y de si se agendan citas para huellas digitales:
- I-765 - Solicitud de autorización de empleo: se contempla un incremento de 495 a 555 dólares si el formulario se somete en línea, y de 495 a 650 dólares si es en papel.
- I-601A - Solicitud de Exención Provisional por Presencia Irregular: el precio de este perdón subirá de 630 a 1,105 dólares.
- I-751 - Petición para Cancelar las Condiciones a la Residencia: se se propone un aumento de 595 a 1,195 dólares.
- I-130 - Petición de Familiar Extranjero: si el trámite se realiza en línea subirá de 535 a 710 dólares, y si se envía el formulario en papel será de 535 a 820 dólares.
- N-400 - Solicitud de Naturalización: en línea o en papel pasará de 640 a 760 dólares.
En casos como visas de inversión, el incremento es mucho mayor.
USCIS prometió que mantendrá “la actual exención de tarifas para las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos” y añadirá nuevas para determinados programas humanitarios.
El formulario de Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción (I-589) no está contemplado en la propuesta y seguirá siendo gratuito.
Impacto a personas de bajos ingresos
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la National Partnership for New Americans (NPNA), una red que incluye al menos a 60 organizaciones a favor de los migrantes, urgió a la población y otras entidades a pronunciarse en contra de la propuesta al considerar que impactará a personas vulnerables.
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“La ciudadanía y otros beneficios de inmigración siguen estando fuera del alcance de tantas personas con bajos ingresos que incluso aumentos mínimos de las tarifas exacerbarán las disparidades actuales en el acceso”, afirmó Nicole Melaku, directora de la NPNA.
A partir del 4 de enero y hasta el 6 de marzo, hay un periodo de comentarios públicos, luego, “el Gobierno federal tiene la obligación legal de revisar y abordar los comentarios sustantivos antes de finalizar la regulación, lo que puede tomar varios meses”, detalló la NPNA.