Una corte federal de Texas examina este jueves la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que protege de la deportación y permite trabajar a más de medio millón de jóvenes llegados al país de forma irregular cuando eran niños de la mano de sus padres (los conocidos como dreamers).
El mismo juez que en 2021 declaró ilegal este programa (aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012) analiza de nuevo la demanda de nueve estados republicanos. En su primer dictamen, el juez permitió que DACA siguiera en pie (aunque sin admitir nuevos beneficiarios) mientras el Departamento de Justicia y los dreamers apelaban su decisión. En octubre de 2022, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito le devolvió el caso para que analizará la modificación aprobada por el Gobierno de Joe Biden para blindar el programa.
El juez de distrito Andrew Hanen, basado en Houston (Texas) escuchará así este jueves a los abogados del Departamento de Justicia; a los dreamers personados en el caso; y a los letrados de Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, West Virginia, Kansas y Mississippi, que piden el final de DACA.
DACA otorga a 580,000 beneficiarios (según datos de diciembre de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración) la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no garantiza un camino a la ciudadanía. Pese a haberlo debatido en numerosas ocasiones, el Congreso no ha logrado aprobar en más de una década una ley que cristalice la orden ejecutiva de Barack Obama.
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En febrero los nueve estados pidieron de nuevo al juez que declare ilegal la modificación del Gobierno, que entró en vigor en ocutbre, e impida que se aprueben nuevos permisos. Argumentan que el programa actualizado es esencialmente el mismo de 2012 y sigue siendo “ inconstitucional”. Y denuncian que Biden se extralimitó en su autoridad al conceder beneficios que corresponden al Congreso.
El Departamento de Justicia argumenta que los estados no pueden demostrar ningún perjuicio directo para ellos debido a DACA y que el Congreso ha dado al Departamento de Seguridad Nacional la “autoridad y el deber de establecer políticas de aplicación de inmigración”.
“DACA es legal. DACA es consistente con las muchas políticas del Gobierno en el pasado bajo diferentes presidentes”, dijo Nina Perales, del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación, que habla ante el juez en nombre de los dreamers.
No se espera que Hanen se pronuncie inmediatamente después de la audiencia del jueves. Pero probablemente su decisión final, la tome cuando la tome, acabe en la Corte Suprema... por tercera vez.
En 2016, el máximo tribunal llegó a un punto muerto con un empate de 4-4 sobre DACA. En 2020, dictaminó por 5-4 que la Administración del expresidente Donald Trump puso fin indebidamente DACA, permitiéndole permanecer en su lugar.