Los jueces de inmigración podrán terminar o desestimar procedimientos de remoción en sus tribunales tras la decisión del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien este jueves les restituyó el poder de resolver algunos casos que, de otra forma, hubieran pasado años atorados en el sistema.
Esta medida beneficiará a inmigrantes que pueden arreglar su estatus por otras vías, por ejemplo, a través de una petición familiar con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). Esto ayudará también a quienes tienen una cita para entrevista con la embajada estadounidense en el país del que son originarios, como parte de su trámite consular.
Hoy “si una persona tiene un caso pendiente en los tribunales, la espera es tan larga que tienen que posponer su cita en la embajada”, explica a Noticias Telemundo, Alma Rosa Nieto, abogada especialista en inmigración.
Esto significa pérdidas económicas y desilusión para las familias que deben suspender su viaje para la entrevista porque, ante la falta de resolución de un juicio pendiente, pierden una fecha disponible y deben hallar otro espacio en el calendario. Algunos inmigrantes llevan años esperando, pues muchas embajadas estuvieron cerradas por la pandemia de COVID-19.
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Las “personas que ahora tienen el caso administrativamente cerrado y están esperando que los hijos cumplan los 21 (años) o están esperando el perdón I-601A (Solicitud de Exención Provisional por Presencia Irregular)” también serán beneficiadas, asegura el abogado experto en inmigración, Eduardo Vega.
Según Vega, desde que Jeff Sessions, quien fue fiscal general en la Administración Trump, restringió la autoridad discrecional de los tribunales de inmigración para terminar los procedimientos de remoción en 2018, los abogados estaban obligados a conseguir primero el visto bueno de los fiscales.
Este paso solía frenar todo el proceso, como le sucedió a uno de sus clientes que califica por la Residencia Permanente a Través de la Ley de Equidad para las Familias de Inmigrantes Legales o 245i.
“Él puede hacer la residencia ahora mismo” y, con este cambio, podrá apelar “directamente al juez”, indica Vega.
Antes, afirma la abogada Nieto, “los jueces tenían las manos atadas” y debían proceder con todos los casos, aunque implicara un atraso para las cortes “y fuese injusto para las personas que estaban solicitando alivio ante el juez”.
A partir de esta nueva norma, “en lugar de esperar años a que se desahoguen las cortes”, las personas podrán conseguir que un juez cierre sus casos y resuelvan sus procesos ante USCIS, obteniendo la residencia de forma más rápida.
“Necesitamos más cambios”
En su resolución, Garland detalló que “en espera del resultado del proceso de reglamentación”, los jueces y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) “deberían estar autorizados a considerar y, cuando sea apropiado, conceder la terminación” en los casos en los que se cumplan con los requisitos.
Con esto, opina Vega, se ahorrará tiempo y se obtendrán “resultados un poco más rápidos”.
Para Nieto, aunque la medida será útil, se necesitan “más cambios aún, más tribunales, más jueces, más eficiencia, y quizás más casos que puedan ser determinados de manera más rápida”.
Un informe de octubre del Instituto Cato revela que unos 24 millones de casos siguen sin resolverse “en los cuatro departamentos responsables de la ejecución de la ley de inmigración de Estados Unidos”.
Los retrasos, no son aislados, “son un problema sistémico y creciente”, indica el documento.
Para julio de 2022, unos 1.9 millones de casos judiciales de inmigración seguían pendientes. Esto es “un incremento de 10 veces desde el nivel de 2008”. Esto ha aumentado el tiempo de espera para resolver los procesos.
En 2022 cada caso tardó, en promedio, más de tres años en decidirse. El doble que en 2020, según el informe del Instituto Cato.
