Un juez federal dictaminó este viernes que el Gobierno que preside Joe Biden debe mantener vigente el Título 42, que planeaba eliminar el próximo 23 de mayo, estimando así la demanda de republicanos para mantener esta política sanitaria que ha negado a cientos de miles de inmigrantes la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos escudándose en el peligro de la pandemia de COVID-19.
El juez Robert Summerhays, del distrito judicial de Lafayette, en Louisiana, falló a favor de mantener vigente de manera temporal esta restricción fronteriza.
El plan de la Administración de poner fin al Título 42 fue anunciado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) el 1 de abril y suscitó críticas de los republicanos y división entre los demócratas por el temor a una avalancha en la llegada de inmigrantes, que ya registra cifras récord en la frontera.
En un comunicado este viernes la Casa Blanca se declaró en desacuerdo con la decisión del juez y afirmó que el Departamento de Justicia presentará una apelación.
"La autoridad para determinar la política de salud pública nacional debería residir en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades [CDC, por sus siglas en inglés], no en una sola corte", afirmó el Gobierno en el comunicado.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, también reaccionó al fallo judicial a través de su cuenta de Twitter. El mandatario ha sido uno de los principales críticos de la política migratoria de la Administración Biden y ha anunciado varias medidas en los últimos meses para contener el flujo de migrantes.
"Otra corte federal ha anunciado hoy lo que todos hemos sabido desde el principio: el presidente Biden está ignorando la ley federal con su política de fronteras abiertas. Aunque el fallo de hoy de la corte, rechazando el fin de las expulsiones por Título 42 que ordenó Biden, es una buena noticia, cientos de miles de inmigrantes ilegales siguen esperando en nuestra frontera sur, listos para inundar Texas", declaró en un comunicado este viernes.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), calificó la decisión de "incorrecta".
“La decisión es incorrecta y esperamos que la Administración tome medidas inmediatas para deshacer esta orden judicial, si la Casa Blanca realmente quiere acabar con los intentos ilegales de la Administración Trump de eliminar las protecciones para los solicitantes de asilo”, declaró en un comunicado Gelernt, quien también es el principal abogado de la organización civil en la demanda que presentaron en una corte de Washington D.C. contra el Título 42.
Si bien el Gobierno de Biden aún puede apelar el fallo judicial, la orden de este viernes prácticamente asegura que las restricciones al asilo en la frontera no se acabarán el lunes, como estaba planeado.
Sin embargo, algunos analistas apuntan a que el fallo beneficia al Gobierno, porque sus agencias no están preparadas para procesar un probable pico del flujo de migrantes indocumentados.
"La Administración Biden probablemente está exhalando un suspiro de alivio porque no estaban listos para que se quitara la regla", afirmó en entrevista con el diario The New York Times Wayne Cornelius, director emérito del Centro de Estudios Comparativos de la Migración de la Universidad de California en San Diego.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que seguirá preparándose para procesar la potencial llegada de más migrantes a la frontera, a la vez que acata la regla del Título 42. Para ello, anunció que aumentará su personal y recursos.
En cualquier caso, las autoridades federales han advertido que seguirán expulsando de manera expedita a cualquier migrante que sea interceptado tratando de cruzar la frontera de manera irregular.
Desde el inicio de la pandemia
La norma, aprobada por el expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia de coronavirus, ha permitido la expulsión exprés de 1.8 millones de solicitantes de asilo en la frontera desde marzo de 2020.
Summerhays aceptó examinar la demanda republicana denunciando que la decisión de acabar con el Título 42 no fue razonada apropiadamente por la Administración. A la espera de dictar sentencia, el juez ordenó que se detuviera la eliminación de la medida que había empezado a poner en marcha el Gobierno.
La orden del juez llegó en respuesta a una demanda presentada originalmente por los estados de Missouri, Louisiana y Arizona.
Designado por el expresidente Donald Trump, Summerhays escribió el mes pasado que la eliminación de las restricciones antes del 23 de mayo infligiría “costos irrecuperables en la atención médica, la aplicación de la ley, la detención, la educación y otros servicios” a los estados que buscan mantener la política en vigor.
Varios demócratas moderados se unieron a los republicanos para expresar su preocupación por que las autoridades federales no estén preparadas para la llegada masiva de migrantes que se prevé.
El récord de cruces irregulares en primavera ha animado a algunos republicanos a tratar de convertir la frontera y la inmigración en un tema de año electoral.
En abril, más de 234,000 personas cruzaron de manera irregular la frontera con México, superando a los 221,000 de marzo. Con estos últimos datos, ya son cuatro meses por encima de los 200,000 cruces durante el Gobierno de Biden.