La Administración de Joe Biden eliminará la política sanitaria conocida como Título 42, que fue adoptada por Donald Trump en 2020 y ha negado a cientos de miles de inmigrantes la posibilidad de entrar a Estados Unidos, citando el peligro de la pandemia de COVID-19.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dejarán sin vigor el Título 42 a partir de próximo 23 de mayo, según confirmó este viernes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
Una vez que esta regla ya no sea efectiva, se aplicará el Título 8. "Es el procedimiento estándar que utilizamos para colocar a las personas en procedimientos de deportación", explicó Mayorkas.
La decisión de no seguir aplicando la normativa sanitaria forma parte de las nuevas directrices de los CDC en el contexto de una baja de contagios de coronavirus en el país.
Un posible desborde de la frontera sur
Mayorkas indicó que es posible que "contrabandistas" aprovechen el cambio de política para dar falsas expectativas a los inmigrantes de cruzar la frontera. "Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados", remarcó.
De acuerdo a un reporte de Axios el Gobierno de Biden ya ha dispuesto varias agencias para el momento en el que se levante la medida y esperan la llegada de 170,000 migrantes. Expertos han advertido que puede haber un desborde de los servicios en la frontera. Mayorkas indicó que se aumentará el personal y los recursos, de ser necesario, y que hay "una estrategia integral en marcha". Aseguró que ya se han redistribuido a más de 600 agentes del orden público en la frontera.
"Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección", señaló.
Las autoridades federales han creado además un espacio, llamado Centro de Coordinación de la Frontera del Suroeste (SBCC, en inglés), que operará desde la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en la capital y estará dirigido por Matthew Hudak, oficial de la Patrulla Fronteriza. Mayorkas indicó que también se trabajará en protocolos de protección ante el COVID-19 y campañas de vacunación.
¿Qué pasará a partir de ahora con los inmigrantes?
Las restricciones del Título 42 terminan el 23 de mayo. A partir de esa fecha, los inmigrantes indocumentados que soliciten asilo en EE.UU. ya no podrán ser expulsados, sino que se procesarán sus solicitudes. Esto no significa que pueden ingresar libremente al país, sino que se les dará la oportunidad de exponer su caso y explicar por qué necesitan refugio en Estados Unidos.
[¿Qué pasa si pido asilo político y me lo niegan?]
Como era habitual antes de marzo de 2020, los agentes fronterizos procesarán los pedidos de acuerdo a la ley de inmigración estadounidense, explica un análisis de Defense Oversight Program (WOLA), una organización que investiga y promueve los derechos humanos en las Américas. Así afectaría a los distintos grupos:
- La mayoría de los adultos solteros probablemente esperarán sus audiencias de asilo en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una práctica controvertida que personas defensoras de los derechos de los migrantes consideran innecesaria.
- Los menores no acompañados procedentes de países distintos de México serán admitidos y colocados con familiares o patrocinadores por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La decisión de trasladar a niños y niñas de México a la ORR corresponde a los agentes de la Patrulla Fronteriza o a los oficiales de CBP, que son quienes determinan en primer lugar si tienen necesidades de protección.
- La mayoría de las familias serán liberadas en Estados Unidos y supervisadas por programas “alternativos a la detención”.
Expertos indican que es posible que el Gobierno de Biden pida a un número cada vez mayor de solicitantes de asilo que esperen sus audiencias en México, bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) o “Quédate en México”. Este programa de la era Trump, que la Administración de Biden canceló pero un juez federal de Texas lo obligó a reiniciar, envió a casi 900 migrantes adultos a esperar en las ciudades fronterizas de México entre diciembre y febrero. Más del 90 por ciento de quienes solicitan asilo inscritos en “Quédate en México” hasta ahora han venido de Nicaragua, Venezuela y Cuba, indica WOLA.
El Gobierno federal anunció la semana pasada una nueva regla con cambios en el proceso de pedido de asilo en Estados Unidos para acortar el tiempo entre que un inmigrante cruza la frontera y la decisión de si debe ser deportado o puede permanecer en el país. Esto podría empezar a aplicarse en mayo o junio.
Quienes acaban de cruzar la frontera también están aún sujetos al estatuto de deportación exprés, que permite la expulsión rápida de quienes han estado menos de 14 días en el país.
Una mecanismo de expulsión de refugiados
Desde el inicio la aplicación del Título 42 en marzo de 2020, más de 181,000 familias migrantes han sido expulsadas en la frontera bajo esta medida, según reportó el diario The New York Times.
La medida que fue impuesta por primera vez por la Administración de Donald Trump al inicio de la pandemia y siguió en vigor bajo Biden, ha recibido fuertes críticas de los defensores de los inmigrantes, quienes la consideran innecesaria y una excusa para evitar el ingreso de inmigrantes. Cabe destacar que pedir asilo es un derecho según la legislación de Estados Unidos.
El pasado 4 de marzo, una Corte federal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que las autoridades migratorias podían expulsar a las familias migrantes “pero solo a países donde no sean perseguidos o torturados”. El fallo que no aplicaba a los adultos que llegaban solos a la frontera.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había interpuesto una demanda contra la Administración Biden por seguir usando el Título 42 aun cuando las medidas para contrarrestar el COVID-19 se estaban levantando en todo el país por la caída de contagios, las autoridades migratorias se defendieron diciendo que la política le correspondía a las autoridades sanitarias.