El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se quedará sin fondos en octubre, debido en parte al aumento de gastos por la llegada masiva de solicitantes de asilo y por las nuevas políticas del Gobierno de Joe Biden, lo que ha obligado a ampliar su presupuesto para garantizar que la agencia siga funcionando, según informó este jueves el medio digital Axios.
ICE necesita 345 millones de dólares para terminar el año fiscal, así que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha tenido que redistribuir el dinero destinado a otros programas.
ICE recibirá 100 millones de dólares reservados para la Guardia Costera, según dos fuentes anónimas citadas por Axios; aún se desconoce de dónde podría proceder el resto de fondos para cubrir los gastos de la agencia durante los próximos tres meses y medio.
La redistribución de fondos ha tomado por sorpresa al Congreso, según Axios, aunque el Gobierno no está obligado a solicitar su permiso para estos movimientos financieros.
El repunte de llegadas de migrantes a la frontera no es el único motivo que ha disparado el gasto de ICE en lo que va de año fiscal.
La agencia empleó 100 millones de dólares a reactivar el programa migratorio Quédate en México, creado por el expresidente Donald Trump y que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino a la resolución de sus expedientes en Estados Unidos.
Biden anuló esta política cuando llegó a la Casa Blanca, pero tuvo que reactivarla por orden judicial tras la demanda presentada por varios estados gobernados por el Partido Republicano. La Corte Suprema dictó a finales de junio que el Gobierno puede suspender este programa pero Biden aún no ha anunciado esa decisión.
Además, ICE invirtió 14 millones de dólares para llamadas telefónicas efectuadas por indocumentados detenidos, y otros 15 millones en planear la formación de sus agentes para conocer la nueva guía de deportaciones diseñada por la Administración Biden, que prioriza la expulsión de migrantes con antecedentes penales.
La implementación de esta directriz se encuentra actualmente bloqueada por otro recurso presentado por estados republicanos, a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie.
Asimismo, el giro que dio el Gobierno a la hora de encontrar alternativas a la detención de migrantes indocumentados también ha disparado el gasto de ICE. Un ejemplo son los 300,000 migrantes que actualmente están inscritos en programas de seguimiento con dispositivos GPS, en vez de permanecer en centros de detención.