La Corte Suprema dio la razón este jueves al Gobierno de Joe Biden y le permitió acabar con el programa migratorio conocido como Quédate en México, creado por el exmandatario Donald Trump y que obligó a solicitantes de asilo a esperar en el país vecino hasta que se resuelvan sus casos, lo que puede durar meses o años.
Esta política migratoria podrá así terminar tal como lo estableció la norma emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en octubre de 2021. Sigue sin embargo vigente el Título 42, la medida impuesta por Trump en marzo de 2020, al iniciarse la pandemia de coronavirus, por la que se puede expulsar de manera inmediata a solicitantes de asilo por razones de salud pública. Aún no hay fecha prevista para que el Gobierno de Biden acabe con esta medida.
Quédate en México, conocido formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), fue puesto en marcha por la Administración Trump en enero de 2019. En los dos años que estuvo en marcha el programa, casi 70,000 migrantes fueron devueltos al país vecino.
Biden intentó suspenderla cuando llegó a la Casa Blanca, en 2021, alegando que era inhumana debido a la violencia que enfrentaban los migrantes en México, pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de republicanos en Texas y Missouri.
El programa se reanudó en diciembre, pero el Gobierno de Biden ha enviado a muchas menos personas de regreso a México que la Administración de Trump: sólo 3,000 migrantes fueron puestos en este programa desde diciembre de 2021 a finales de marzo.
Las reglas de Quédate en México
Bajo el programa de Trump, las personas que llegan a la frontera sur y solicitan asilo (ya sea en un puerto de entrada o después de cruzar de manera irregular) reciben un aviso para comparecer ante una corte de inmigración y son enviados de regreso a México. Se les indica que regresen a un puerto de entrada específico en la fecha y hora de su próxima audiencia.
La experiencia con la primera parte de la implementación de Quédate en México muestra además que el programa no brindó el debido proceso a los migrantes, señalan activistas. Para diciembre de 2020, de los 42,012 casos de MPP que se habían completado, solo 521 personas recibieron alivio en la corte de inmigración, indica un reporte de American Immigration Council.
Debido a la pandemia, en marzo de 2020 fueron suspendidas las audiencias a migrantes pendientes. Sin embargo, el programa se siguió implementando: la Administración de Trump colocó a más de 6,000 personas en el MPP desde abril de 2020 hasta enero de 2021. Se trató principalmente de aquellas personas a las que no se pudo “expulsar” rápidamente bajo la orden de salud pública conocida como Título 42.
La Administración de Biden inició un proceso de “reducción” del programa tras asumir el cargo, que incluyó admitir a casi 13,000 personas que habían estado esperando en México y permitirles buscar asilo dentro de Estados Unidos. Esto se detuvo en agosto de 2021 cuando un juez ordenó que se reinstaurara el programa.
Cuando la Administración de Biden volvió a instaurarlo en diciembre de 2021, cambió algunas reglas. Primero, expandió quiénes pueden ser expulsados: todos los ciudadanos del hemisferio occidental, a excepción de los mexicanos. Esto incluye a los haitianos y otros ciudadanos del Caribe que anteriormente estaban exentos.
Aunque también excluyó a las personas “con un problema de salud mental o físico conocido” incluyen a aquellas con “una discapacidad o una condición médica relacionada con el embarazo”. También para aquellas personas con vulnerabilidades particulares dada su avanzada edad y quienes están en riesgo de sufrir violencia en México debido a su orientación sexual o identidad de género.
El cambio más significativo realizado es una expansión del proceso por el cual alguien puede ser eliminado del programa debido al temor de persecución o tortura en México. Los oficiales de CBP deberán preguntar a todas las personas en el programa sobre su miedo a regresar, y los migrantes sólo deben mostrar de que existe una “posibilidad razonable” de que sufran crímenes violentos.
Las personas no serán además elegibles para este programa si buscan asilo en un puerto de entrada, porque el Título 42 sigue vigente y los puertos de entrada aún están cerrados para los solicitantes de asilo.
Cómo afecta a los migrantes
La puesta en marcha del programa causó un colapso en la frontera. En el lado mexicano surgieron entonces campamentos de tiendas de campaña de quienes esperaban por su oportunidad de volver al país, y grupos de derechos humanos denunciaron que cientos de solicitantes de asilo fueron secuestrados, violados, torturados y asaltados mientras aguardaban para entrar en Estados Unidos. Asimismo, denunciaron que con el programa a los migrantes no se les garantizó el debido proceso en sus casos.
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La falta de un abogado, combinada con el peligro y la inseguridad que enfrentan las personas en las ciudades fronterizas, hizo que fuera casi imposible para cualquier persona sujeta al MPP obtener asilo con éxito, indica un informe de American Immigration Council, una organización sin fines de lucro de apoyo a migrantes.
En febrero de 2021, el Gobierno federal comenzó a recibir en las puertas de entrada a los migrantes de Quédate en México. Para mitad de mayo, más de 10,000 personas habían sido admitidas. Luego, Biden amplió el criterio de elegibilidad, incluyendo a aquellos que tenían una orden de deportación por faltar a una cita en la corte.
Pero los estados de Texas y Mississippi demandaron al Gobierno federal para reinstaurar el programa con el argumento de que habría reducido enormemente la ola de migrantes en la frontera, en concreto hasta un 80% las llegadas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
En agosto de 2021, un juez federal dio inicialmente la razón a Texas y Missouri, indicando que el Departamento de Seguridad Nacional no ofreció una explicación suficientemente detallada de por qué quería abandonar la política, y ordenó reactivar el programa, una decisión que el Gobierno de Biden recurrió a la Corte Suprema.
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En diciembre de 2021, el Gobierno federal debió reestablecer el programa, y no se ha admitido desde ese momento el ingreso de migrantes que esperaban en México por sus casos.
El debate ante la Corte Suprema
En las audiencias del caso en abril, los magistrados conservadores (la mayoría, con seis de nueve) parecieron inclinarse a considerar el fin de la política. Varios jueces se mostraron escépticos ante los argumentos de los estados republicanos que recurrieron la decisión.
Judd Stone, procurador general de Texas, dijo en sus argumentos ante la corte que la ley federal de inmigración establece que el Gobierno debe detener a las personas que ingresan ilegalmente al país o retornarlas a México. Solo un número limitado de personas, algo que debe evaluarse caso por caso, puede permanecer en territorio estadounidense. Stone aseguró que el Gobierno no evaluó con suficiente cuidado a los miles de inmigrantes a los que se les permitió esperar en Estados Unidos.
En representación del Gobierno federal habló la procuradora general, Elizabeth Prelogar, quien defendió que sí se revisaron los casos de los migrantes de modo individual como dicta la ley.
Nuevo plan para agilizar solicitudes de asilo
Mientras tanto, el pasado 31 de mayo entró en vigor un plan de Biden para agilizar las solicitudes de asilo: las autoridades tendrán 90 días para resolver los casos.
Al recibir la solicitud el funcionario evaluará lo que se conoce como miedo creíble y entrevistarán al solicitante durante los primeros 30 días. Después, los oficiales tendrán 60 días para denegar o conceder el asilo.
Si el fallo es favorable podrán permanecer en el país y optar a la residencia permanente un año después de la decisión. Si el oficial de asilo rechaza el pedido de un solicitante, el migrante puede solicitar una reconsideración de su caso ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dentro de los siete días de la resolución de su caso.
Esta medida entra en vigencia poco después de que un juez federal prohibiera al presidente acabar con el Título 42, la política impuesta por Trump durante la pandemia en 2020 mediante la cual se puede expulsar de manera inmediata a los solicitantes de asilo por razones de salud pública.
