Por María Verza - The Associated Press
Cuatro meses después del mortal incendio en un centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos, ocho sobrevivientes de la tragedia están varados en un hotel de Ciudad de México y dicen estar imposibilitados de seguir su camino.
Los migrantes comen en el restaurante del hotel, tienen chequeos médicos regulares y hacen llamadas telefónicas a casa. El Gobierno de México cubre los gastos diarios y los cuidados médicos de los sobrevivientes del incendio que mató a 40 migrantes.
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Activistas han denunciado que el hecho de que el Instituo Nacional de Inmigración se ocupe de los sobrevivientes es un conflicto de interés por parte de una agencia cuyos oficiales ahora enfrentan cargos criminales, desde negligencia hasta homicidio, por el peor incendio de la historia en un centro de detención para migrantes en México.
Antes de la tragedia, algunos migrantes habían incurrido en cuantiosas deudas con los coyotes que debían llevarlos a Estados Unidos, donde se suponía debían empezar a trabajar para pagarles y apoyar a sus familiares en sus países.
Los sobrevivientes del incendio del 27 de marzo ahora se sienten varados y sin dinero para moverse. Solicitar asilo en Estados Unidos es un proceso que toma tiempo pero los migrantes dicen que no quieren regresar a casa. Tienen visas humanitarias otorgadas por México, pero sus lesiones no les permiten trabajar.
“La vida cambió en un momento”
Un guatemalteco de 25 años, que solía ser guardia de seguridad, es uno de los ocho sobrevivientes. Pidió omitir su nombre porque teme que el Gobierno mexicano deje de ayudarle.
Fue detenido por agentes de inmigración tan pronto como llegó a Ciudad Juárez el día del incendio. Atrapado en una celda con varias docenas de migrantes, un pequeño grupo comenzó a protestar por las condiciones del lugar.
Dos de ellos han sido acusados por prender fuego en la celda a un colchón de espuma y los videos de seguridad muestran el área llenándose de humo espeso en cuestión de segundos.
Pese a sus llamadas de auxilio, los guardias se fueron y nadie abrió la celda. Las autoridades además han interpuesto cargos criminales en contra de oficiales mexicanos y un guardia de seguridad privado por su rol en el caso.
“Parecía sacado de una película”, dijo el joven guatemalteco. Una máscara cubre parte de su cara quemada y tiene el antebrazo derecho envuelto en vendajes. Su mano fue amputada.
“La vida cambió en un momento”, lamentó.
Trató de escapar junto a otros migrantes de las llamas y el humo en el baño, pero el chorro del agua en la ducha no les permitió llenar ni siquiera un balde para apaciguar el fuego. Él solo consiguió mojar su camisa antes de ver el techo encenderse y sentir que las llamas le quemaban la cara.
Eventualmente los bomberos abrieron un hueco en la pared cerca de donde él estaba. Recuerda ver la apertura y correr hacia un hombre con una máscara que estaba sacando a alguien más, pero después perdió el conocimiento.
“Gracias a Dios caí frente a él”, relató. Solo recuerda el sonido de las sirenas y no poder respirar.
Estuvo hospitalizado por un mes y medio, entubado parte del tiempo y combatiendo una infección. Recuperó el conocimiento en la Ciudad de México. Su padre viajó y se sintió aliviado de verlo en ese estado porque, inicialmente, el nombre de su hijo estaba entre las víctimas y creyó que iría a recuperar su cuerpo.
Denuncian conflicto de interés
El jefe de la agencia de inmigración mexicana, Francisco Garduño, es uno de los ocho funcionarios acusados en relación al caso, aunque ha seguido en su puesto mientras continúan las investigaciones.
El joven guatemalteco y algunos, aunque no todos los sobrevivientes de Honduras, El Salvador y Venezuela, han sido llamados para brindar sus declaraciones a los fiscales.
Garduño y otros funcionarios en altos cargos fueron acusados por el ejercicio ilícito de sus funciones y no proteger a aquellos bajo custodia. Otros, como los guardias del sitio, fueron imputados por homicidio. Tras el incendio, la agencia cerró algunos de sus centros de detención y transfirió a los migrantes a otros. Aunque inicialmente hubo pláticas sobre reformar cómo opera la agencia, nada se ha concretado.
Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia, una organización que brinda asesoría legal a los sobrevivientes, aseguró que se trata de un descarado conflicto de interés porque “la misma institución conectada al crimen es la que está directamente a cargo de atender a las víctimas”.
Los migrantes pueden dejar el hotel pero sienten que están siendo vigilados. “Si salen (las autoridades) inmediatamente empiezan a buscarlos”, dijo Rojas. Algunos sobrevivientes fueron presionados para no aceptar la asesoría legal de organizaciones como la suya advirtiéndoles, frente a abogados, que perderían las compensaciones por sus lesiones, afirmó.
Un portavoz de la agencia negó que los sobrevivientes estuvieran bajo vigilancia. En total, se han otorgado 21 visas humanitarias a los migrantes y 26 más a sus familiares. Unos cinco millones de dólares se han presupuestado para compensaciones a las víctimas y sus familias, una cifra que podría aumentar, indicó el vocero.
Vidas en pausa
El cliente guatemalteco de Rojas evita criticar a nadie. Él no fue informado de las acusaciones cuando salió del hospital en mayo y no se le pidió su testimonio hasta junio. Siente que su vida ha sido puesta en pausa.
“Podemos movernos, pero no es una vida normal”, dijo. Su padre, como otros familiares que llegaron a México para estar con las víctimas, interrumpió su vida y la familia se quedó sin otra fuente de dinero.
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El joven guatemalteco ahora espera por una prótesis y aprende a escribir con la mano izquierda.
“No estar completo ha cambiado mi vida”, aseguró. Le preocupa no poder hallar empleo en Guatemala y que le será muy difícil también en Estados Unidos, aunque todavía quiere intentarlo.
Quisiera ver a su esposa y su bebé de 9 meses que dejó atrás en abril. Renunció a su trabajo como guardia de seguridad y pagó 19,000 dólares a un coyote que le prometió llevarlo sin problemas a Chicago.
“Cuando abandonas tu país, sabes que hay peligros en la calle, los secuestros, pero no sabes sobre los peligros de la gente que te debe cuidar. Yo nunca, nunca, imaginé eso”, afirmó.
Sigue recordando la última conversación que tuvo con su madre antes del incendio. La llamó desde el centro de detención para decirle que había sido capturado pero le aseguró que no se preocupara porque estaba bajo la custodia de inmigración.
“Lo más incorrecto que he dicho en mi vida ha sido asegurar que estaba bien allí”, sentenció.