El condado de El Paso y un grupo de organizaciones de derechos civiles demandaron este martes al estado de Texas para bloquear la entrada en vigor de la ley SB4, promulgada por el gobernador Greg Abbott el lunes y descrita por muchos como la ley antiinmigrante más dura del estado y una de las más severas de Estados Unidos.
La demanda alega que la controversial ley que otorga a la policía estatal derecho a arrestar y a los jueces a deportar inmigrantes es “inconstitucional”, “peligrosamente propensa a errores” y que “afectaría desproporcionadamente a personas negras y de color, sin importar su estatus migratorio”.
Fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a nombre del condado de El Paso y dos grupos de derechos civiles: Las Americas Immigrant Advocacy Center y American Gateways. Y nombra como demandados al Departamento de Seguridad Pública de Texas y al fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks.
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Abott firmó el lunes en Brownsville, localidad fronteriza con México, un paquete de tres leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias de la Legislatura estatal, entre las que destaca la SB4.
Decenas de organizaciones de derechos civiles habían criticado al gobernador por promulgar las leyes, advirtiéndole que se verían pronto en las cortes.
“Esta ley inconstitucional permite a los jueces de Texas que deporten a las personas y a la policía que las arresten solo con la sospecha de su estatus migratorio”, detalló la ACLU este lunes en un comunicado. Los jueces, advirtió, “no están capacitados” para decidir en la materia y los migrantes podrán ser juzgados “sin derecho al debido proceso”.
La ley tendría un “impacto devastador en las personas que buscan seguridad en nuestras fronteras y a los texanos en el estado”, dijo en el comunicado Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
De no ser bloqueada, la norma entrará en vigor el 5 de marzo de 2024. Abbott prometió que la ley reduciría los cruces en su estado en un 50% a 75%.
Una ley que “no se limita a las comunidades fronterizas”
La SB4 considera un delito menor que una persona “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular, castigando la falta con penas de hasta 20 años de prisión. Si el inmigrante se niega a salir del país, podría ser acusado de un delito adicional.
La ACLU advirtió en su comunicado que “la aplicación de la ley no se limita a las comunidades fronterizas” y que las personas en todo el estado “estarán bajo el riesgo de arresto, encarcelamiento y deportación”.
Organizaciones de derechos civiles han emitido avisos de viaje a los residentes de estados como Nuevo México, Oklahoma, Arkansas, Louisiana y Arizona “sobre la amenaza de violaciones de los derechos civiles y constitucionales al viajar en el estado de Texas” tras la aprobación de la SB4.
Ir a Texas, dijo la ACLU, es “inevitable” para aquellos que “dependen de las ciudades vecinas en Texas para acceder a atención médica especializada, aeropuertos, educación y más”.
La aprobación de la norma no solo desató críticas dentro de Estados Unidos. Este martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó al gobernador texano como un “señor de malas entrañas” y “un malo de malolandia” que estaba usurpando funciones del Gobierno federal, que es a quien le compete la materia de inmigración.
En materia migratoria Texas siguió con la SB4 el ejemplo de estados como Florida, que con su ley SB 1718 provocó este año un éxodo silencioso de personas indocumentadas. Múltiples latinos han sido arrestados en el estado y enfrentan cargos bajo esta normativa.