Por David Noriega — NBC News
Juanita Martínez se acercó el martes por la tarde a la puerta cerrada del parque Shelby, en Eagle Pass, junto a la frontera con México, e inició una discusión con un soldado de la Guardia Nacional texana.
El lugar estaba cerrado al público, le dijo el joven soldado, por “seguridad y protección”. “¿Seguridad de qué?” replicó Martínez.
Martínez, presidenta del Partido Demócrata del condado de Maverick, es una de las muchas personas enfadadas porque su ciudad se ha convertido en el escenario principal de un drama político nacional. En diciembre, un número récord de migrantes cruzaron el río Grande, decenas de miles de ellos a través de Shelby, una extensión de 47 acres de césped y campos de pelota en la orilla.
En respuesta, el gobernador, el republicano Greg Abbott, ordenó a la Guardia Nacional que tomara el lugar, principalmente para denegar el acceso a la Patrulla Fronteriza, que lo había utilizado para procesar a los migrantes. Pero eso también lo cerró al público.
Ahora Abbott planea utilizar el parque para otro propósito político: tiene previsto celebrar una conferencia de prensa el domingo con otros 14 gobernadores que le han apoyado en su enfrentamiento con el Gobierno federal, entre ellos Brian Kemp, de Georgia, y Kim Reynolds, de Iowa.
En opinión de Martínez, las medidas de seguridad fronteriza de Abbott —las tropas, el alambre de púas, los contenedores, las boyas en el río— no han hecho nada para disuadir a los inmigrantes, y el récord de cruces de diciembre es la prueba de ello.
“Es una gran estafa, es propaganda política”, dijo. “¿Cuál es nuestro mensaje a Abbott? Lárgate del condado de Maverick y de nuestro parque. No lo necesitamos aquí”, agregó.
Los funcionarios locales de Eagle Pass se han visto desbordados por dos frentes: el creciente número de migrantes y la respuesta del gobierno estatal a esos migrantes. Abbott y otros republicanos sostienen que se trata de una “invasión”.
Un funcionario de la ciudad, que pidió no ser nombrado porque no había sido autorizado a hablar con los medios de comunicación, indicó que las fuerzas del gobernador —Guardia Nacional, oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y policías estatales de Florida prestados por el gobernador, Ron DeSantis— habían dañado el sistema de riego del campo de golf público de Shelby al estacionar sus vehículos sobre el césped. Las reparaciones pondrán a prueba el escaso presupuesto de la ciudad, añadió.
La Guardia Nacional de Texas, la oficina del gobernador y el Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Ahora los funcionarios de la ciudad se preparan con nerviosismo para la llegada de otra fuerza potencialmente abrumadora: un convoy de partidarios del expresidente Donald Trump en su camino para, como dicen los organizadores, “recuperar la frontera”. Antes de una manifestación prevista para el sábado, los autodenominados patriotas comenzaron a llegar a Eagle Pass a principios de semana para reunirse con lo que hasta ahora ha sido un grupo más pequeño de lo previsto. En un principio esperaban que cientos de miles de personas se unieran al evento.
Algunos sheriffs de Texas ya han pedido a los implicados que no acudan.
Donna Austin y su marido, Jerry, condujeron más de cinco horas desde el norte de Houston para “defender a nuestro país, no sólo a Texas, sino a todo nuestro país”, contó.
“Creo que están llegando muchos delincuentes y pedófilos”, afirmó, “y creo que hay gente que necesita entrar, pero no se está haciendo de manera correcta. Están dejando entrar a todo el mundo”.
Austin aclaró que cree que a los inmigrantes “que salen desesperados” de sus países de origen se les debe dar una oportunidad para entrar en EE.UU. Esa postura, en el contexto de las negociaciones en curso en el Senado para un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, está a la izquierda del presidente Joe Biden y de lo que han sugerido algunos demócratas.
Biden está impulsando una ley que le daría autoridad para “cerrar la frontera” si las aprehensiones de inmigrantes alcanzan una media diaria de 5,000 en una semana o de 8,500 en un solo día. En la práctica, dadas las recientes cifras de aprehensiones, esto significaría probablemente facultar casi inmediatamente a la Patrulla Fronteriza para rechazar a cualquier inmigrante que cruce ilegalmente entre puertos de entrada, aunque esté solicitando asilo.
Tal medida puede no reducir los cruces fronterizos como se pretende, según Theresa Cardinal Brown, directora de política de inmigración del Centro de Política Bipartidista y exfuncionaria de políticas del Departamento de Seguridad Nacional. Enfoques similares se han intentado dos veces antes: una vez con el llamado programa Quédate en México de Trump, y luego con el Título 42, la medida de la era de la pandemia que efectivamente puso fin al procesamiento de asilo en la frontera entre marzo de 2020 y mayo de 2023. Si bien estas políticas tuvieron efectos temporales en los flujos de migrantes, en ambos casos el número de aprehensiones en la frontera finalmente comenzó a aumentar nuevamente.
Lo que es más importante, señaló Brown, una política de este tipo sólo puede implementarse con una amplia cooperación del Gobierno mexicano, algo que México no ha dado indicios de estar dispuesto a hacer, y que estaría sujeto a los caprichos de su política nacional. “Como alguien que ha trabajado en asuntos internacionales durante mucho tiempo, puedo decir que no es sensato aprobar una ley que sólo puede aplicarse con la cooperación de otro país”, añadió Brown.
Mientras tanto, el número de detenciones de la Patrulla Fronteriza en enero se ha desplomado más de un 50% desde los máximos históricos de diciembre. Los expertos atribuyen el cambio a las fluctuaciones estacionales que se producen casi todos los años, así como a la represión de las rutas de migrantes por parte de las autoridades mexicanas tras una visita diplomática estadounidense de alto nivel a Ciudad de México a finales de diciembre.
El único refugio para migrantes de Eagle Pass, Mission: Border Hope, pasó de albergar a más de 18,000 migrantes en el transcurso de diciembre a estar casi vacío el jueves. Valeria Wheeler, directora del recinto, expresó que ella y su personal sienten un poco de alivio, pero prefiere cuando está lleno.
“Yo no diría que es una crisis”, mencionó Wheeler. Los números suben y bajan con las estaciones. Es un ciclo”, indicó.
Uno de los pocos inmigrantes presentes en el refugio el miércoles era una mujer que huyó de Colombia con su hijo pequeño tras recibir amenazas por su actividad política. Pidió no ser identificada por temor a represalias contra la familia que dejó atrás.
Dijo que desconocía hasta qué punto la inmigración era un tema de controversia política en Estados Unidos y que no había oído hablar del deseo de Biden de “cerrar” la frontera.
Había salido de Colombia sin tener muy claro lo que le esperaba al llegar a suelo estadounidense. “Tomé la decisión de irme en tres días”, contó, “no tuve tiempo de estudiar las cosas”.