Por Fabiola Sánchez - The Associated Press
Un juez ordenó el viernes prisión preventiva para tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) del estado de Chihuahua, tras ser imputados por un delito de homicidio por su presunta vinculación con el incendio ocurrido en un centro de detención en Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes fallecidos a finales de marzo.
El Consejo de la Judicatura Federal indicó que durante una audiencia que se celebró ante los juzgados penales federales de Ciudad Juárez, los tres fueron informados de que se enfrentan a los cargos de ejercicio ilícito del servicio público, homicidio y lesiones.
Los funcionarios imputados son el jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, Eduardo Apodaca, el subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y la funcionaria de migración Cecilia Rivera, quienes fueron detenidos el jueves según informó a la agencia de noticias The Associated Press un agente federal que habló bajo anonimato.
Las autoridades también dictaron una orden de detención contra el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, pero una juez de ese estado le otorgó una suspensión temporal de la orden. Estableció, en cambio, que "deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial", de acuerdo con la resolución judicial.
Las tres detenciones solicitadas por la Fiscalía se concretaron luego de que un juez de Ciudad Juárez aprobara las órdenes de arresto contra Apodaca, Meza, Rivera y González Guerrero. El mes pasado un magistrado había acordado el arresto de otras seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales solo cinco han sido apresadas.
El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, que deberán comparecer ante una corte el 20 y 21 de abril para conocer los cargos de los que son imputados.
Garduño y Molina serán procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartara por el momento exigir la dimisión del jefe del INM y elogiara su trabajo.
Tras el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en el centro de detenciones del INM en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegara al Gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México publicó el jueves un informe en el que denunció violaciones de los derechos humanos y el trato digno cometidos por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas "en condiciones indignas" en centros migratorios de las localidades de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila y fronterizas con Estados Unidos
Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.
El juez de Control Federal en Ciudad Juárez vinculó a proceso el pasado 4 de abril a otras cinco personas imputadas por el incendio, identificadas en la prensa mexicana como los funcionarios del INM Daniel Goray, Rodolfo Collazo y Gloria Ramos; el guardia Alan Pascual Ventura; y el migrante venezolano Jaison Daniel Catari, al que se acusa de iniciar el fuego al quemar unas colchonetas en una protesta.