Por Juan García y Hernán Goicochea
Jesús Rondón Gallardo huyó de Venezuela a Nueva York el 29 de julio de 2016. Salió de su país tras haber sufrido dos secuestros y recibir amenazas de muerte, que él atribuye a las denuncias que hizo por la discriminación que sufrían las personas que viven con el VIH, y la poca atención médica que el régimen venezolano les brindaba.
“Llegué en shock acá. Yo estaba en un estado de ansiedad súper fuerte”, cuenta Rondón, sentado en un sofá de su apartamento en el Bronx. “Miraba a todos lados por la calle, como si me estuvieran persiguiendo. Cuando escuchaba una motocicleta, me asustaba”, recuerda.
Y aunque ahora se siente a salvo, Rondón, de 40 años, lleva casi cinco atrapado en un limbo legal en Estados Unidos, que se agravó por las restricciones que impuso la Administración Trump para que los extranjeros obtengan asilo en el país.
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El abogado y activista viajó a Estados Unidos con una visa de turista; envió su solicitud de asilo a través del AIDS Center of Queens County en febrero de 2017, casi al mismo tiempo que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.
En enero de 2018, el Servicio de Inmigración cambió las reglas para quienes solicitan asilo afirmativo. La agencia decidió programar primero las entrevistas de las solicitudes más recientes, dejando de últimos los casos que recibió antes del 21 de febrero de 2018, como el de Rondón. Aseguraron haber hecho esto para disminuir el atraso en las peticiones de asilo y evitar que los inmigrantes utilicen el atasco de casos pendientes como un medio para obtener autorizaciones de empleo.
La abogada, Jill S. Westerberg, quien se especializa en leyes migratorias, armó el caso de asilo para Rondón a través del AIDS Center of Queens County, para el que ella trabajó hasta finales de 2020. Westerberg dijo a Noticias Telemundo que la petición de asilo de Rondón, que está basada en su segundo secuestro, está en espera indefinida y “podría estar esperando por dos años o más a causa de la norma impuesta por la agencia”.
En un limbo migratorio
La situación migratoria de Rondón tiene una peculiaridad. Él está estancado en un limbo migratorio bajo la categoría de PRUCOL (Residente Permanente Bajo el Color de la Ley). Esta categoría fue creada por las cortes y no es considerada como estatus migratorio por el Servicio de Inmigración. Aunque la agencia conoce sobre la presencia de las personas con PRUCOL en el país, no priorizan su deportación.
Tiene seguro social y permiso de trabajo, pero no puede viajar al exterior, lo que representa un problema para activistas como él: el programa de las Naciones Unidas sobre VIH y sida realiza conferencias en distintos países y él no puede asistir. La abogada Westerberg teme que si Nicolás Maduro es obligado a dejar el poder en Venezuela, muchas peticiones de venezolanos probablemente serán negadas con el argumento de que ya “no habría peligro”. Además, su condición migratoria no exime a Rondón de la posibilidad de ser detenido, explica Westerberg.
“Al estar su caso pendiente, él sigue dependiendo de la renovación del permiso de trabajo cada dos años y preocupado por lo que suceda si se retrasa y lo detienen”, explicó la abogada.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que la Administración Biden le concedió a los inmigrantes venezolanos no lo tranquiliza, pues aunque él califica, no resuelve su situación, según dice. "En nada afecta mi caso, pues las condiciones y la situación por la cual salí de mi país y estoy pidiendo protección, siguen vigentes. Y ese tratado es otra figura de protección colectiva, a discreción del presidente. No es así el asilo".
Rondón teme por su vida si lo obligan a volver a Venezuela. En su memoria aún tiene frescas las escenas de sus secuestros, asegura.
Lo interceptaron frente al hotel
El 2 de noviembre de 2010, el activista había viajado a Caracas desde Mérida, su ciudad natal, para participar de una capacitación ofrecida por el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Caminaba con su mochila al hombro frente al Hotel Venetur Alba Caracas, cuando una camioneta negra se detuvo a su lado. Bajaron dos hombres armados, que lo empujaron dentro del automóvil y se lo llevaron.
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“¿A qué vienes a Caracas? ¿A qué vienes a esa reunión?”, le dijeron. “Te vamos a matar”.
En ese entonces, Rondón era presidente de la Asociación por La Vida (ASOVIDA), una organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve la educación y prevención del VIH y el sida en Venezuela. Una de sus labores consistía en dar talleres gratuitos en las escuelas sobre cómo prevenir esa enfermedad.
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Desde 2009, Rondón denunciaba en los periódicos Frontera y Pico Bolívar la discriminación que sufrían las personas con VIH y la poca atención médica que el régimen autoritario de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro les daba. De los periódicos saltó a la pantalla para dar entrevistas televisivas.
La tarde del secuestro, mientras la camioneta serpenteaba por la carretera, los atacantes le asestaban golpes en todo el cuerpo. Le quitaron su teléfono celular, su computadora y algunos documentos. Después de dos horas y media, lo dejaron en Chacaíto, una estación de metro de Caracas. Recuerda que tenía heridas y temblaba.
“Yo estaba muy asustado, creí que me iban a matar”.
Al día siguiente, durante la capacitación de la ONU sobre el Examen Periódico Universal –una revisión general sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de las Naciones Unidas, que se realizaría en Venezuela en el 2011– Rondón informó a los asistentes que había sido víctima de un secuestro express y que lo habían golpeado y amenazado de muerte.
“Fui sujeto a un secuestro express, lo cual fue una experiencia bastante traumática y violenta, de la cual son sujetos muchos venezolanos, ante la incapacidad del Estado venezolano de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, afirma Rondón.
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Tras la gestión del entonces coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, Alfredo Missair y del entonces Viceministro de Asunto Multilaterales, Rubén Darío Molina, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ofreció su ayuda al activista. Agentes del SEBIN se presentaron en el apartamento donde estaba Rondón y lo escoltaron hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en un vehículo oficial, recuerda. Él aceptó la ayuda, a pesar de su incredulidad hacia la fuerza policial, la cual es parte del régimen venezolano, el mismo que –según especulaba Rondón– trataba de silenciarlo.
Noticias Telemundo intentó contactar a Missair y Darío Molina para hablar sobre este tema, pero no fue posible contactarlos. En la oficina del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela informaron que Missair se jubiló. El exfuncionario no ha respondido a los mensajes que se le enviaron.
Cada vez que Rondón iba a Caracas, los agentes del SEBIN lo llamaban por teléfono para escoltarlo. Pero con el paso del tiempo, las llamadas disminuyeron hasta que no llamaron más. Cada vez que viajaba, Rondón sentía las secuelas de aquel secuestro.
“Quedé como medio traumatizado porque cada vez que iba a Caracas después de eso, iba como mirando para todos lados”, dijo, “pendiente de que no viniera alguien extraño”.
Franklin Enrique Peña, actual presidente de ASOVIDA y compañero de activismo de Rondón, no descarta que el secuestro pudiera estar relacionado a motivos políticos.
“Jesús siempre fue muy claro y sin pelos en la lengua cuando se trataba de defender a las personas con VIH”, dijo Peña.
Falta de prevención y estrategias para enfrentar el VIH/sida
¿Y qué es lo que denunció Rondón en Venezuela?
En marzo de 2010, meses antes de su secuestro, Rondón y otros activistas participaron de un informe nacional en el que el régimen venezolano le informó a ONUSIDA sobre los avances del país en asuntos de VIH/sida.
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El informe contenía datos aportados por oficiales del Gobierno venezolano, oficiales de la ONU, y líderes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Es decir, tres puntos de vista de una misma realidad.
Rondón y otros activistas reportaron que el Estado venezolano no disponía de leyes y reglamentos para proteger a las poblaciones más expuestas y vulnerables al virus. Además, señalaron que el país no tenía una estrategia para abordar las necesidades relacionadas con el VIH de los huérfanos y otros niños vulnerables.
Ese mismo año, ONUSIDA reportó cifras altas de personas infectadas en Venezuela. A diferencia de principios del 2000 (2000-2005) cuando la cantidad de personas con VIH rondaba entre los 48,000 y 89,000, en el 2010 había alrededor de 120,000 personas portadoras de VIH en el país. Además, datos epidemiológicos de ONUSIDA dicen que hubo 2,300 muertes relacionadas con el sida ese 2010.
En octubre del 2011, el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela se llevó a cabo y fue el primero para ese país. Según un comunicado que ASOVIDA presentó durante ese examen periódico, existían hasta ese año en Venezuela unas 110,000 personas que vivían con VIH y se proyectaba que esa cifra aumentaría hasta cerca de 172,000 para 2015 en todo el país. A pesar de que ASOVIDA reconocía avances importantes en materia de VIH/sida en Venezuela, la asociación civil señaló irregularidades en la adquisición y suministro de la terapia antirretroviral para las personas con VIH, lo que atentó contra los derechos humanos de la vida y salud de esas personas, según su reclamo.
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ASOVIDA también señaló que el Estado venezolano no le daba suficiente importancia a fortalecer la prevención del VIH y carecía de planificación, además señalaron carencias de preservativos masculinos y femeninos y campañas de alcance masivo, así como la rotación constante de autoridades a cargo de luchar contra el virus.
Rondón siguió con su activismo y sus estudios universitarios. En julio de 2012, él y otros miembros de organizaciones sociales enviaron una carta a Hugo Chávez en la que le pedían urgentemente una respuesta efectiva para combatir la epidemia del VIH/sida. Entre 2013 y 2014, Rondón estuvo en Santiago cursando una maestría en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile. En 2015 regresó a Venezuela para seguir su pelea junto a ASOVIDA.
Pero en 2016 su vida volvería a dar un giro inesperado.
El ataque que lo sacó del país
El 11 de mayo de ese año, ASOVIDA denunció públicamente la escasez de fármacos antirretrovirales y leche de fórmula para niños y niñas de madres con VIH en Mérida. Apenas días después, Rondón volvió a recibir amenazas telefónicas, según cuenta. Pero no se atemorizó y siguió denunciando el desabastecimiento de antirretrovirales.
Rondón recuerda que mucha gente “se moría como moscas” en los hospitales. Sentía impotencia por no poder ayudarles, dice.
El 12 de mayo de 2016, Rondón y Peña aparecieron en un programa del canal local Noticias Globovisión para respaldar las denuncias de ASOVIDA, que también señaló a la entonces Ministra de Salud, Luisana Melo, por no haber firmado las órdenes de compra de los medicamentos como Raltegravir, Darunavir y Etravirina, los cuales son parte de un tratamiento llamado “terapia de rescate”.
“La única manera de que (los pacientes) estén vivos es a través del tratamiento que les ayuda a fortalecer su sistema inmunológico”, dijo Rondón a Globovisión.
Días después, y tras recibir constantes amenazas telefónicas, Rondón fue víctima de otro ataque. Esta vez frente a su casa, la mañana del 17 de mayo de 2016.
Tres hombres en moto lo esperaban afuera. Cuando Rondón abrió la puerta, le apuntaron con armas de fuego. Recuerda que se paralizó. Los sujetos le advirtieron que si seguía haciendo denuncias en contra del Gobierno lo iban a matar. Luego se fueron.
Al día siguiente, el 18 de mayo, la Corporación de Salud del Estado de Mérida invitó a Rondón a una reunión para hablar sobre las denuncias que ASOVIDA había hecho. Él asistió a la reunión, pero al salir, alrededor de la 1:00pm, lo secuestraron otra vez. Varios sujetos le apuntaron con armas por la espalda y lo metieron en un viejo Maverick, cuenta Rondón. Lo golpearon y amenazaron de muerte por tres horas, antes de liberarlo.
“Dijeron que sabían todo sobre mí, dónde vivía, dónde trabajaba”, cuenta. “Dijeron que me habían secuestrado porque yo era gay y porque escribí en contra de la administración”.
Aterrado, Rondón acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero asegura que no lo atendieron.
“Yo intenté hacer denuncias de lo que pasó. Pero no recibieron mis denuncias. La policía de investigación científica (CICPC) no me quiso recibir”, dijo Rondón. “Y en la fiscalía me dejaron esperando. Armé un lío pero no me recibieron las denuncias”.
Peña acompañó a Rondón al hospital y al CICPC. “Lo padecí con Jesús, pues estuve acompañándolo en las denuncias que hizo”. “A muchos los amenazan pero también los asesinan, por eso tuve miedo por Jesús, pues sólo a él identificaban y perseguían”, dijo.
Ese secuestro dejó a Rondón con heridas graves. El informe médico del ataque, cuya copia revisó Noticias Telemundo, indica que recibió contusiones y un fuerte impacto en la cabeza. También quedó con un trauma psicológico. Se cambió de domicilio tres veces en Venezuela para no ser secuestrado otra vez. De nada sirvió, porque unos sujetos lo volvieron a encontrar y amenazar, dice. En ese instante, quedó convencido de que los perpetradores eran los 'colectivos' armados afiliados al régimen de Maduro. Peña apoya la opinión de Rondón.
“No me queda ninguna duda de que fueron los colectivos, pues sólo ellos poseen armas y son protegidos por el Gobierno Nacional”, dijo Peña, “Y en ese tiempo también por el Gobierno Regional que pertenecía al oficialismo”.
Fue en ese momento cuando decidió escapar de Venezuela.
Noticias Telemundo contactó a la Cancillería venezolana para solicitar la posición oficial sobre lo ocurrido con Rondón y sus denuncias. La institución no ha respondido a los mensajes.
Vivir con miedo
Jesús Rondón dice que todo el esfuerzo y el activismo que hizo entre 2006 y 2016 sirvió para ayudar a mucha gente, a pesar de los obstáculos que se le presentaron. Durante esos años fue frustrante para él saber que las personas que vivían con el VIH morían sin que se les diera alguna oportunidad para recibir los tratamientos apropiados. Sin medicamentos, las personas enfermas terminaban en el mismo lugar: un hospital. Era ahí donde la muerte los esperaba.
Aunque las cifras actuales presentan una realidad más esperanzadora en Venezuela para las personas con VIH/sida puesto que la cantidad de gente contagiada disminuyó, a partir del 30 de junio de 2020, ONUSIDA registró un total de 46,179 personas que viven con VIH y reciben terapia antirretroviral, en su mayoría (97%) personas de 15 años o más, principalmente hombres adultos.
Hoy Rondón vive con mucha incertidumbre de que su caso de asilo, que se quedó anclado por las restricciones de la Administración Trump, sea rechazado. Venezuela, desde luego, no está entre sus planes de vida. Dice que si regresa a su país, corre peligro de que lo vuelvan a secuestrar y esta vez a matar.
Consultado sobre los atrasos en los casos de asilo, el Servicio de Inmigración (USCIS) respondió con el mismo comunicado de prensa de 2018, cuando anunció los cambios que dejaron el caso de Rondón suspendido indefinidamente.
El reporte más reciente disponible en el portal del Servicio de Inmigración señala que para septiembre de 2019, Venezuela ocupaba el primer lugar entre las nacionalidades con más solicitudes de asilo en Estados Unidos. En ese mes se recibieron 1,351 casos.
“Yo siento una falsa seguridad”, dijo sobre su estatus migratorio. “Porque estoy pero no estoy. Siempre está esa preocupación latente. Uno no sabe lo que va a pasar con nosotros, las personas que como yo estamos en pending”.
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El 12 de febrero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio inicio al proceso de medida de protección para Rondón, luego de que ASOVIDA la solicitara en 2016. La Comisión le pidió al Gobierno venezolano que rindiera testimonio y hasta el día de hoy no se ha pronunciado al respecto. El 20 de mayo de 2020, la Comisión informó a Rondón que el caso pasaría a una fase en la que se decidiría si hubo o no violación de derechos humanos en contra de él. A la fecha el caso no se ha resuelto
Fe de erratas: una primera versión de este artículo se publicó sin las ediciones finales. Ya se hicieron los ajustes correspondientes.