El Gobierno que preside el demócrata Joe Biden concretó el viernes a quiénes afectará la reanudación de las deportaciones directas de inmigrantes venezolanos a su país, anunciada el día anterior, y avisó de que los primeros vuelos comenzarán “en los próximos días”.
“Los venezolanos que entraron después del 31 de julio o que siguen entrando en la frontera actualmente van a ser sujetos a estas repatriaciones directas a Venezuela”, dijo este viernes Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Frontera e Migración, a Noticias Telemundo.
Nuñez-Neto puntualizó que esas expulsiones afectarán a migrantes sin bases legales para quedarse y con órdenes finales de deportación. “De hecho, ya hemos identificado individuos que están en centros de detención que van a ser repatriados en el primer vuelo que esperamos operar en los próximos días”, explicó.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó el jueves desde Ciudad de México (adonde viajó junto a otros oficiales para abordar la crisis migratoria y materias de seguridad bilateral) que es "crítico que los venezolanos entiendan que aquellos que han llegado después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para el Estatus de Protección Temporal [TPS, en inglés] y serán expulsados cuando se descubra que no tienen una base legal para permanecer".
Los venezolanos que llegaron antes de esa fecha a Estados Unidos sí pueden acogerse al nuevo TPS que anunció el Gobierno el 20 de septiembre y que, junto al que estaba en vigor (que fue extendido 18 meses más), podría beneficiar a 472,000 migrantes. Al anunciarlo, Mayorkas dijo que "ofrece a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la remoción cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro".
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Los que llegaron a partir del 1 de agosto no podrán acogerse al TPS y a partir de ahora podrán ser deportados directamente a Venezuela. El Gobierno no ha explicado qué ha cambiado en Venezuela en unas semanas para convertir a ese país, que sigue bajo el régimen de Nicolás Maduro, en territorio seguro para deportar a migrantes. Maduro, por su parte, anunció el jueves un programa de "vuelta a la patria" para la repatriación "ordenada, segura y legal" de migrantes devueltos.
No estarán sometidos a este plan de deportación quienes puedan demostrar que han recibido amenazas directas en su país o su retorno supone un peligro para su vida.
Nuñez-Neto dijo a la agencia de noticias EFE que su Administración ha abierto caminos legales para la migración de venezolanos, independientes al asilo, como el permiso humanitario, conocido como parole, o el TPS.
Solo con el programa de parole, que cumple este mes un año desde que se anunció, han entrado a Estados Unidos más de 130,000 venezolanos, destacó el funcionario.
Una sorpresivo acuerdo con el régimen de Maduro
Los vuelos de deportación a Venezuela han estado prácticamente paralizados desde hace años debido a las escasas y tensas relaciones de Estados Unidos con el régimen de Maduro.
Sólo en septiembre, sin embargo, fueron interceptados en la frontera 50,000 migrantes venezolanos, según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De los 4,500 interceptados en la frontera en el año fiscal de 2020 (de septiembre de 2019 a octubre de 2020) se ha pasado a más de 260,000 en el año fiscal de 2023, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Esta decisión migratoria se conoce además casi al mismo tiempo de que el Gobierno de Biden ordenara reanudar la construcción del muro fronterizo con Texas, dispensando 26 leyes federales. Es la primera vez que la Administración demócrata hace uso de su poder ejecutivo en este sentido, que fue empleado de manera recurrente durante la presidencia de Donald Trump para levantar la barrera.
Condenas al anuncio de las deportaciones
Defensores de derechos humanos criticaron duramente la decisión del Gobierno de deportar a venezolanos, citando que el país es azotado desde hace años por una grave crisis humanitaria, económica y política.
“Urge el respeto al principio de no-devolución: que ninguna persona en necesidad de protección sea deportada. Esta decisión es lamentable”, escribió Carolina Jiménez, presidenta de la organización WOLA, con sede en Washington, en la red social X.
La organización Humans Rights Watch también condenó la decisión: “Los venezolanos huyen de una emergencia humanitaria y de la persecución. Enviarlos de vuelta pone a muchos en riesgo”, escribió en X su directora para las Américas, Juanita Goebertus.