WASHINGTON.— El Congreso aprobó este jueves un proyecto de ley de $484,000 millones para ayudar a los negocios y hospitales, además para ampliar las pruebas de diagnóstico, consciente de que hace falta más para combatir la pandemia del COVID-19.
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Con 388 votos a favor y 5 en contra, la Cámara de Representantes validó una medida que ya había sido aprobada a viva voz en el Senado este martes. El presidente, Donald Trump, la ha firmado este viernes, entrando así en vigor.
Se trata de una medida interina que repone parte de los fondos ya agotados dentro del tercer plan de estímulo económico aprobado el mes pasado, mientras los legisladores continúan negociando un cuarto plan de rescate. Algunos demócratas tildaron la medida como "alivio económico 3.5".
Es, además, la cuarta iniciativa aprobada por el Congreso en un lapso de siete semanas para responder a la pandemia del COVID-19, que se ha cobrado la vida de más de 48,000 personas en este país, según un recuento de la cadena NBC.
El monto total desembolsado por el Congreso ronda ahora los $2.8 billones, en lo que se considera el mayor esfuerzo de respuesta a una emergencia nacional en la historia del país. Tras este voto, el Congreso reanudará su sesión el 4 de mayo.
La medida aprobada este jueves sucede en paralelo a las álgidas negociaciones que mantienen ambos partidos con la administración Trump para un cuarto plan de ayuda económica.

Por ahora, los demócratas y republicanos siguen sin lograr un acuerdo para un megaproyecto de ley que destine más fondos a los gobiernos locales y estatales, algunos de los cuales ya estaban en números rojos cuando fueron asolados por la pandemia.
Por encima de la estela de contagios y muertes, la pandemia ha diezmado negocios y ha ocasionado despidos y millonarias pérdidas. Ya hay más de 26 millones de personas en las filas del desempleo.
Por ello, la medida de emergencia desembolsa $310,000 millones para reactivar el Programa de Protección Salarial (PPP, por su sigla en inglés), que otorga préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYMES) para cubrir los salarios de sus empleados y demás gastos operacionales.
El programa, a cargo de la Administración federal para los Pequeños Negocios (SBA, por su sigla en inglés), agotó los casi $350,000 millones en fondos otorgados al PPP en el tercer plan de estímulo económico, tras aprobar 1,6 millones de préstamos.
Según la administradora de la SBA, Jovita Carranza y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la agencia aprobó en menos de 14 días lo que normalmente acumula en solicitudes de préstamos en más de 14 años.
La nueva medida también autoriza $60,000 millones para préstamos y subvenciones de la SBA para asistencia por desastres; $75,000 millones para que los hospitales mejoren su capacidad de respuesta al COVID-19 y el tratamiento de pacientes, y $25,000 millones para aumentar las pruebas de diagnóstico del coronavirus.
Continua exclusión de inmigrantes
En declaraciones a Noticias Telemundo, el congresista demócrata por Illinois, Jesús 'Chuy' García, dijo que, si bien es urgente apoyar a las empresas y hospitales, el Congreso "sigue excluyendo a millones de inmigrantes que necesitan la ayuda, incluyendo niños estadounidenses" de padres inmigrantes.
"Estos niños nacieron en EE.UU. y pueden tener uno o ambos padres indocumentados, pero éstos no han recibido ayuda para sus familias" ni en los cheques directos que otorgó el gobierno, señaló.
Queda pendiente, según García, más ayudas para estudiantes universitarios endeudados y personas que necesiten asistencia de vivienda, y medidas que favorezcan a las pequeñas empresas más que a las grandes corporaciones y bancos como hasta ahora.
Los trabajadores agrícolas y otros considerados "esenciales" para la economía, como los que cuidan de ancianos o hacen entregas a domicilio, tampoco tienen ayudas, pese a que "están exponiendo sus vidas al hacer su trabajo", subrayó.

García lamentó el ambiente hostil en el Congreso que impide un acuerdo bipartidista, especialmente porque el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se opone a un cuarto plan de estímulo.
"¿Cuántos proyectos de ley hacen falta para que haya algo concreto para nuestras comunidades, para los inmigrantes y las familias trabajadoras de la nación?", preguntó García, al acusar a Trump de ser, a su juicio, "el principal obstáculo" para la cooperación bipartidista.
La medida al menos amplía significativamente los fondos para las pruebas de diagnóstico, algo que han venido exigiendo durante semanas muchas asociaciones médicas, sindicatos de profesionales de la salud, y grupos cívicos.
Las pruebas son una pieza clave para la reapertura paulatina de la economía estadounidense.
Las autoridades del Grupo de Trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, entre éstos los médicos Anthony Fauci y Debbie Birx, han insistido en que la reapertura de los negocios y espacios públicos tiene que realizarse de forma escalonada y “responsable”, para evitar una segunda ola de contagios.
Las pruebas de diagnóstico ayudarían a determinar quiénes y cuántos están contagiados del coronavirus, y cuándo podrían reintegrarse a sus trabajos, tomando en cuenta que una persona puede transmitir el virus aún sin presentar síntomas.
Además del paquete de ayuda de emergencia, la Cámara Baja también aprobó una resolución, en una votación de 212-182, para crear un subcomité que supervise la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno, específicamente la distribución de los fondos ya aprobados en el tercer plan de estímulo económico.
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