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Greyhound, la empresa de autobuses más grande de Estados Unidos, anunció el viernes que dejará de permitir que agentes de la Patrulla Fronteriza suban a sus autobuses para realizar revisiones de inmigración rutinarias.
La compañía hizo el anuncio una semana después de que The Associated Press reportara sobre un memorándum filtrado de la Patrulla Fronteriza que confirmaba que los agentes no pueden abordar autobuses privados sin el consentimiento de la compañía. Greyhound ya había insistido en que, aunque no le gustaban las inspecciones de inmigración, no tenía más remedio que permitirlas debido a la ley federal.
En un comunicado enviado por correo electrónico, la compañía dijo que notificaría al Departamento de Seguridad Nacional que no consiente registros injustificados en sus autobuses ni en áreas de terminales que no están abiertas al público en general. Agregó que proporcionaría a sus conductores y empleados de estaciones de autobuses capacitaciones actualizadas sobre la nueva política y que colocaría avisos en todos sus autobuses que indicaran que no consentía las búsquedas.
"Nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros clientes y miembros de nuestro equipo, y estamos seguros de que estos cambios conducirán a una mejor experiencia para todas las partes involucradas", afirma el comunicado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., que incluye a la Patrulla Fronteriza, no respondió de inmediato una llamada en busca de comentarios.
Greyhound ha sido presionada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), defensores de derechos de los migrantes y el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, para que deje de permitir las redadas en sus autobuses en una franja de 160 kilómetros (100 millas) desde la frontera internacional o de la costa.
Afirman que la práctica es intimidatoria y discriminatoria, y que se ha vuelto más común bajo la presidencia de Donald Trump. Los arrestos realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza grabados en video por otros pasajeros han generado críticas, y Greyhound enfrenta una demanda en California que alega que presuntamente violó las leyes de protección al consumidor al facilitar las redadas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha liderado la batalla en favor de los pasajeros. La semana pasada la organización instó a Greyhound a impedir el acceso de agentes de la CBP a sus autobuses, después de conocerse un memorando de la agencia federal que asegura que los oficiales deben tener el consentimiento de la compañía para hacer sus registros.
"Nos complace ver a Greyhound comunicar claramente que no acepta el abuso de perfil racial y el acoso en sus autobuses", declaró Andrea Flores, subdirectora de política de la División de Igualdad de la ACLU, en un correo electrónico. "Al proteger a sus clientes y empleados, Greyhound está enviando un mensaje de que prioriza las comunidades a las que sirve".
Ferguson dijo en un correo electrónico que su oficina hará un seguimiento con Greyhound para garantizar el cumplimiento. "El anuncio de hoy de Greyhound confirma lo que debería haber sido obvio para la compañía desde que les contacté hace un año: tiene tanto el poder como la responsabilidad de defender a sus clientes, que sufrieron durante demasiado tiempo por la indiferencia de Greyhound sobre las redadas y el hostigamento de CBP", declaró.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, ACLU dijo que la decisión de la compañía de transportes "se parece mucho a las recomendaciones hechas" por la organización.
Andrea Flores, subdirectora de política de igualdad de ACLU, advirtió en un comunicado que "la compañía (Greyhound) en su conjunto tiene la responsabilidad de adoptar una postura clara contra el perfil racial y el hostigamiento de sus clientes", y que la organización estará atenta para "garantizar que así sea".
La abogada recordó que no se puede determinar el estado migratorio de alguien en función de cómo se ve o suena. "Intentar hacerlo conduce a un perfil racial dañino, detención injusta y temor y hostigamiento generalizados de los pasajeros negros y marrones", sostuvo.
ACLU urgió el verano pasado a FirstGroup Plc, empresa matriz que engloba a Greyhound, a impedir el acceso de las autoridades de migración a los vehículos. La organización considera que al subir a los autobuses y preguntar sobre el estatus migratorio de los pasajeros, los agentes de CBP violan sus derechos constitucionales al someterlos a hostigamiento, registros y confiscaciones sin orden judicial debido a un claro perfil racial.
Señaló que, al permitir estas acciones, Greyhound respaldaba las "políticas inhumanas" del Gobierno del presidente Donald Trump pues, como negocio privado, tiene el derecho, de acuerdo a la Cuarta Enmienda constitucional, de negar el permiso a CBP a abordar y registrar sus autobuses sin causa probable o una orden judicial.
Enoka Herat, asesora de prácticas policiales y de inmigración de ACLU, aseveró que "puede y debe proteger a sus clientes al negar el consentimiento y rechazar el perfil racial de CBP en su propiedad".
La Patrulla Fronteriza ha insistido en que no perfila a los pasajeros en función de su apariencia, sino que pregunta a todos los pasajeros si son ciudadanos o están legalmente en el país. La agencia dice que los controles en los autobuses son una forma importante de descubrir el tráfico de personas, los narcóticos y la inmigración ilegal.
Otras compañías de autobuses -entre ellas Jefferson Lines, que opera en 14 estados, y MTRWestern, que opera en la costa noroeste- han dejado claro que no consienten que los agentes aborden los autobuses.
El documento obtenido por la AP tiene fecha del 28 de enero y está dirigido a todos los supervisores y firmado por la entonces titular de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, poco antes de retirarse. Confirma la postura legal que han tomado los críticos de Greyhound: la Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe que agentes aborden autobuses e interroguen a pasajeros sin una orden de arresto o sin consentimiento de la empresa.
"Cuando las redadas en el trasporte suceden sobre un autobús en lugares que no son puestos de revisión, el agente debe demostrar que él o ella obtuvo acceso al autobús con consentimiento del propietario de la compañía o de uno de los empleados de la compañía", estipula el memo. Las acciones del agente mientras está en el autobús “no causarían que una persona razonable crea que él o ella es incapaz de terminar el encuentro con el agente”.
Greyhound argumentó anteriormente que la jurisprudencia, incluida una decisión de la Corte Suprema de 1973, no extendió las protecciones de la Cuarta Enmienda a los transportistas comerciales.
Con información de AP y EFE.
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