CIUDAD DE MÉXICO.— A casi un año de la implementación del programa 'Quédate en México', una medida disuasoria contra la emigración ilegal desde Centroamérica, menos del 1% de los solicitantes de asilo ha recibido esa protección. Pero la desesperanza también golpea a migrantes lejos de las fronteras, como la hondureña María Pérez, que aguarda la ayuda de México.
El gobierno de Estados Unidos institutyó este programa, conocido en inglés como Migrant Protection Protocols (MPP), en enero de 2019, en respuesta a la llegada de 'caravanas' de miles de migrantes que huían de la violencia en Centroamérica. Un año después, se ha restringido severamente el acceso al asilo.
Según datos oficiales del gobierno de Washington, hasta la fecha, Estados Unidos ha devuelto a México a 54,878 personas desde su puesta en marcha.
De los más de 47,000 personas inscritas en el programa para septiembre pasado, menos de 10,000 habían completado sus casos. De éstos, las autoridades rechazaron 5,085 y anularon otros 4,471 sin emitir una decisión concreta.
El desafío de atender a los migrantes
Ante el inminente primer aniversario de 'Quédate en México', activistas humanitarios consultados este lunes por Noticias Telemundo coincidieron en que México ha ido “improvisando” respuestas porque carece de la capacidad y recursos para mitigar la situación de precariedad de los migrantes.
La abogada Sandra Lorena Cano, de la clínica jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), afirmó que el gobierno mexicano ha registrado “una grave violación y retroceso a la protección” a los derechos de las personas y solicitantes de asilo que transitan por este país.
“Menos del 1% han recibido asilo, prácticamente nadie está recibiendo protección. Las personas son secuestradas en el norte, las personas son enviadas hasta la frontera con Guatemala, sin recursos ni garantías de cómo van a poder volver a sus audiencias de asilo en Estados Unidos”, explicó Cano.
Por su parte, Irazú Gómez, representante en México de Alianza Américas, una organización no gubernamental estadounidense, afirmó que el gobierno mexicano “no ha podido cuajar un plan para atender a personas” que esperan una resolución de sus casos de asilo, o "de las personas que están queriendo transitar por México".
En su tránsito por México, los migrantes afrontan violación de sus derechos, “intervención de la Guardia Nacional nueva, militarización de la migración de nuevo, y por lo tanto, criminalización”, y tampoco tienen acceso a servicios de salud o educación, advirtió Gómez.
Contrario a décadas pasadas, cuando México jugaba un papel para contener y deportar a migrantes centroamericanos indocumentados, ahora además de servir de “muro de contención” para EEUU, afronta la presión de hacerse cargo de los solicitantes de asilo.
Así, cuando el presidente Donald Trump radicalizó el enfoque de su política de asilo, México no “pagó” por su prometido muro fronterizo, pero, junto a Centroamérica, se convirtió sobre el terreno en un “muro” para los migrantes, observó Gómez.
¿Un mal necesario o lavado de manos?
Las autoridades de Inmigración de Estados Unidos han justificado la implementación de 'Quédate en México' como un mal necesario.
En el 'pico' de la crisis migratoria en mayo pasado, aseguran, más de 4,800 inmigrantes indocumentados cruzaban a diario la porosa frontera, o un promedio de más de tres arrestos por minuto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), se ha escudado detrás del Acta de Inmigración y Nacionalidad para devolver a ciertos inmigrantes al país contiguo más inmediato por donde cruzaron hacia EEUU, en este caso, México, sin importar el peligro al que están expuestos, según los activistas.
El acuerdo migratorio que México suscribió el pasado 7 de junio, bajo presión de la Administración Trump para evitar la imposición de aranceles punitivos, amplió el programa 'Quédate en México' en lado mexicano de la frontera sur a las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Piedras Negras, y se prevé la próxima inclusión de San Luis Río Colorado.
Ese acuerdo también dio paso a que la recién creada Guardia Nacional, compuesta por unos 26,000 efectivos -muchos de ellos jóvenes- asumiera tareas de control migratorio pese a no tener la capacitación para ello.
Bajo ese acuerdo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se comprometió a ofrecer ayuda humanitaria y oportunidades de educación y trabajo que, según Cano, en muchos casos han sido nulas.
La incertidumbre en los albergues
La incertidumbre que han creado los acuerdos migratorios con México, incluido el programa mencionado, también afecta a migrantes que no están en las fronteras, estén o no bajo ese programa.
Es el caso de la hondureña María Pérez (usamos un pseudónimo para proteger su identidad), de 57 años, quien huyó de Choluteca en junio pasado con su hijo, de 23 años, para escudarlo de las pandillas.
Ambos llegaron al Distrito Federal en octubre, caminando por junglas y cerros, en autobuses o con el 'aventón' de un “buen samaritano”.
Sólo que fueron golpeados por desconocidos, y su hijo, al que los atacantes le gritaban “no mames, perro”, falleció “con los sesos de afuera”, recordó Pérez, mientras arreglaba artesanías hechas a mano sobre una larga mesa.
“No me quiero ir, pero no tengo trabajo y no puedo estar acá toda la vida así“, dijo Pérez, quien llegó al albergue “Cafemín” hace dos meses.
Es que en la capital mexicana convergen cuatro tipos de migrantes: los que solicitan asilo en México, o aguardan su repatriación voluntaria; los que transitan hacia la frontera con EEUU, y los incluidos en 'Quédate en México' que se hartan de la espera a la resolución de sus casos en EEUU. En cuarto lugar están los menores no acompañados que los albergues reciben como alternativa a la detención.
En entrevistas con equipos de atención a migrantes, los activistas explicaron que el principal reto es la escasez -o incluso total ausencia- de recursos del gobierno federal para promover la integración local y el empoderamiento de los migrantes.
El albergue “Cafemín”, por ejemplo, provee servicios de alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica, capacitación laboral, y asesoramiento jurídico para quienes han sido víctimas de delitos o necesitan ayuda con su regularización migratoria en México, entre otros.
En la actualidad, el 80% de los migrantes en este albergue son adolescentes no acompañados, que hoy jugaban a romper una piñata al inicio de las tradicionales posadas navideñas.
La semana pasada, el grupo humanitario “Human Rights First”, con sede en Nueva York, advirtió de que, contrario a lo que alega la Administración Trump, los migrantes regresados a México afrontan con frecuencia secuestros, asaltos, y violaciones sexuales. De los 14 albergues que visitó en la frontera norte, solo uno contaba con agentes de seguridad.
Leonila Romero González, coordinadora de atención integral de migrantes de SMR Scalabrinianas Misión y Refugiados, que maneja el albergue Casa Mambre en el Distrito Federal, señaló que el programa 'Quédate en México' sólo ha agravado la situación de los migrantes.
“Le estamos haciendo el trabajo al crimen organizado, y a los traficantes les estamos poniendo a la población en bandeja de plata. Justo este programa de Quédate en México hace que ellos sean secuestrados, o privados de libertad”, dijo.
“Se cansan y regresan a su país para contratar a un traficante que les cobra más de diez mil dólares, y la gente sí está entrando ilegalmente a EEUU”, puntualizó.