Por Dartunorro Clark - NBC News
Funcionarios de la Oficina del Censo de la Administración del expresidente Donad Trump idearon varias estrategias para excluir a los inmigrantes indocumentados del Censo de 2020. Según un documento interno obtenido a través de una solicitud de registro público por la organización sin ánimo de lucro Campaign Legal Center, y facilitado a NBC News, dichos funcionarios tuvieron una sesión informativa con el entonces secretario de Comercio, Wilbur Ross, en agosto del año pasado sobre estas estrategias.
Se trata de la primera revelación pública de que funcionarios de la Administración Trump trataron de encontrar la manera de excluir a la población indocumentada del país para que no fuera contabilizada en el censo, después de que el entonces presidente firmara una directiva con ese objetivo el pasado julio.
La medida ordenaba a Ross, cuya agencia supervisa el censo, que proporcionara al presidente datos sobre el número de personas indocumentadas para que, cuando los funcionarios del Censo presentaran a Trump el recuento final, este pudiera excluirlas.
El censo está obligado por la Constitución a realizarse cada 10 años y se utiliza para determinar cuántos miembros obtiene cada estado en la Cámara de Representantes. Los datos también se utilizan para calcular la participación de los Gobiernos locales en los 1.5 billones de dólares de muchos programas federales.
El memorando incluye un análisis estratégico sobre tres opciones que la Oficina del Censo bajo el mandato de Trump consideró utilizar para llevar a cabo el plan de su Administración y excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo.
No hay indicios de que el plan se haya ejecutado. En septiembre pasado, un tribunal federal bloqueó la orden de Trump y el presidente, Joe Biden, revocó la directiva poco después de asumir el cargo. Biden también bloqueó otra directiva de su antecesor para que la oficina recopilara información sobre la ciudadanía de todos los residentes de Estados Unidos, utilizando registros administrativos. Esto se produjo después de que la Corte Suprema rechazara el esfuerzo de la Administración de Trump para añadir una pregunta sobre la ciudadanía al cuestionario del censo.
Jade Ford, abogada de Campaign Legal Center, dijo que el memorando revela no solo las formas ilegales en que la anterior Administración intentó llevar a cabo el plan, sino también que muy probablemente habrían producido datos profundamente erróneos.
"Esto no sucedió, pero sigue siendo importante porque las futuras administraciones podrían intentar hacer esto de nuevo", dijo Ford. "Todo esto era parte de ese plan para realmente cambiar radicalmente el poder entre los estados al excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo", añadió.
Los funcionarios del Gobierno de Trump sabían que los datos serían inexactos porque cada estrategia en el documento tenía "pros" y "contras", y una de las opciones desobedecería el precedente de la Corte Suprema, dijo Ford.
Por ejemplo, una de las opciones que consideraron fue contar a todas las personas en los centros de detención de ICE y las partes afiliadas de las cárceles de los condados para determinar el número de inmigrantes indocumentados en el país, y luego excluirlos de la enumeración de una jurisdicción. Sin embargo, según Ford esta habría sido una manera muy inexacta de tratar de estimar la población de inmigrantes indocumentados porque algunas personas en los centros de detención de ICE se encuentran en el país legalmente.
El propio memorando reconoce esta cuestión en la sección de "contras" al sugerir que habría que asumir "que todos los presos que viven en los centros de detención están aquí ilegalmente o alguna proporción". También reconoce que el número de inmigrantes indocumentados en los centros estaría en el "extremo inferior" de "personas realmente ilegales".
Otra opción habría sido recurrir a los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, conocida como el censo "largo", que recoge anualmente datos demográficos de aproximadamente el 3% de los hogares del país. Sin embargo, en 1999 la Corte Suprema rechazó los usos propuestos por la Oficina del Censo del muestreo estadístico, como los métodos utilizados en dicha encuesta, para calcular la población a efectos de la distribución en el Congreso. Además, la Ley del Censo prohíbe a la agencia utilizar métodos de muestreo para determinar la distribución.
El memorándum simplemente recoge esta opción como un "contra".
Otra opción que se barajó fue la de utilizar los datos administrativos federales de otras agencias, que la oficina utiliza desde hace tiempo para hacer estimaciones, pero no para excluir a los inmigrantes indocumentados. El documento interno afirma que esta opción habría encontrado "un mayor número de inmigrantes ilegales", pero también señala que el número de inmigrantes indocumentados en los registros de la Administración es "probablemente bajo."
"Esto demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer esto y enfrentarse a desafíos legales", dijo Ford.
Un portavoz de la Oficina del Censo se remitió a la declaración de la agencia de enero cuando NBC News le pidió un comentario. En ella se decía que la agencia aplicaría la orden ejecutiva de Biden, que ordena a la agencia "no incluir información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio".