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La Corte Suprema evita dictamen sobre exclusión de los inmigrantes indocumentados del Censo de 2020, ¿qué significa?

La Oficina del Censo no ha querido comentar sobre la decisión de la Corte Suprema ni tampoco sobre el hecho de si podrá cumplir o no con el plazo de entregar su informe poblacional a la Casa Blanca para fines de este año.
/ Source: Telemundo

WASHINGTON.— La Corte Suprema evitó este lunes emitir un dictamen final sobre la exclusión de inmigrantes indocumentados del Censo de 2020 para la designación de escaños en el Congreso, atizando la incertidumbre sobre el conteo nacional en las próxima semanas.

La decisión de la Corte Suprema podría afectar el plazo que tiene la Oficina del Censo para entregar su informe poblacional a la Casa Blanca para el próximo 31 de diciembre, que determinará no sólo la designación de escaños de cada estado sino también sus votos en el Colegio Electoral para la próxima década.

Un estatuto federal requiere que Casa Blanca informe posteriormente al Congreso sobre la repartición de los 435 escaños en la Cámara de Representantes según la cifra total del Censo, no una cifra parcial, como ocurriría si se margina a un segmento de la población.

La Corte Suprema prevé emitir más dictámenes a partir del próximo 11 de enero, pero se desconoce si se pronunciará sobre el plan que presentó en julio pasado la Administración Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados.

Consultada por Noticias Telemundo, la Oficina del Censo sólo dijo que la agencia "no comenta sobre un litigio pendiente”, pero reiteró su compromiso con entregar un informe poblacional de cada estado "completo y preciso", y lo más cercano posible al plazo de fin de año. 

Desde 1790, por orden constitucional, el Gobierno federal ha hecho un censo nacional cada diez años, cuyos resultados se utilizan para el desembolso de fondos públicos, la demarcación de distritos electorales, y la designación de los escaños en la Cámara de Representantes.

Nunca antes se ha excluido a ningún habitante debido a su estatus legal o migratorio, ya que la Constitución exige que, también para la representación política en el Congreso, se cuente a toda persona que reside en el país.

Pero el pasado 30 de noviembre, la saliente Administración Trump argumentó durante una audiencia oral ante la Corte Suprema que el conteo nacional debe excluir a inmigrantes indocumentados de los resultados que se utilizan para la distribución de escaños en la Cámara Baja.

Escepticismo de la Corte Suprema

Durante la visita, realizada por teléfono debido a la pandemia del COVID-19, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema expresó escepticismo sobre el plan de Trump, especialmente porque la Oficina del Censo no pudo explicar cómo determinará cuántos y quiénes son los inmigrantes indocumentados que quedarían fuera del conteo poblacional.

[La Corte Suprema muestra escepticismo sobre el plan de Trump de excluir a los indocumentados del censo]

En todo caso, el abogado del Gobierno federal ante la Corte Suprema, Jeffrey B. Wall, afirmó que la Administración tiene datos fiables sobre los inmigrantes indocumentados bajo custodia de la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), pero reconoció que es probable que esa cifra no sea lo suficientemente grande para afectar la designación de escaños.

A su vez, los jueces sugirieron que, sin datos precisos, sería muy difícil dar luz verde a la exclusión de los inmigrantes indocumentados en lo que respecta a la repartición de escaños.

Otras cortes federales ya habían advertido de que el plan de Trump viola las leyes federales.

Un sobre con una carta del censo de Estados Unidos.
Un sobre con una carta del censo de Estados Unidos.AP

Mientras, un amplio abanico de grupos cívicos en todo el país también criticó el plan, entre éstos el grupo MALDEF y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés).

En declaraciones a Noticias Telemundo, Thomas A. Sáenz, presidente y abogado de MALDEF, explicó que, mientras la Corte Suprema no se pronuncie sobre el caso, Trump "no puede hacer lo que se le dé la gana" en las postrimerías de su presidencia.

"Se mantienen las restricciones de las demás cortes, y la Oficina del Censo no puede excluir a los inmigrantes indocumentados; tiene que cumplir con la ley, que dicta que se tienen que contar a todos los habitantes en cada estado. La Constitución es muy clara en esto: todo el mundo cuenta y así ha sido siempre" tras la Guerra Civil, enfatizó. 

En la misma audiencia oral, Dale Ho, un abogado de la ACLU, argumentó que Trump no tiene autoridad legal “para borrar a millones de residentes en los estados” del proceso de designación de escaños sólo porque no tienen “papeles”.

La Administración Trump ya había sufrido otro revés en junio de 2019, cuando la Corte Suprema rechazó sus argumentos para incluir en los formularios del censo una pregunta sobre la ciudadanía, y Trump posteriormente desistió de la idea.

Si la Corte Suprema permite la exclusión de los inmigrantes indocumentados, eso tendría consecuencias para el balance del poder político en Estados Unidos, porque los distritos electorales bajo dominio demócrata -donde habita buena parte de la población indocumentada- perderían escaños en el Congreso.

En cambio, los distritos bajo control republicano, donde predomina la población blanca, sumarían escaños y los fondos federales que le corresponderían.

Con su inédito plan, Trump "quiso castigar a estados que a él no le agradan, como California, y beneficiar a los que le gustan, como Alabama. Pero pareciera que no contó con que también podría perjudicar a estados (conservadores) como Texas", que tiene un alto porcentaje de inmigrantes indocumentados, señaló Sáenz. 

En paralelo al caso ante la Corte Suprema, Alabama prosigue su batalla legal con una demanda entablada en mayo de 2018, en la que argumenta erróneamente que la Constitución requiere la exclusión de los inmigrantes indocumentados en el proceso de designación de escaños. 

Alabama podría perder un escaño en la Cámara Baja el próximo año, por primera vez en medio siglo, debido a un estancamiento en su crecimiento poblacional. Ante la inacción de la Corte Suprema hoy, Sáenz consideró que es poco probable que Alabama intente presionar al tribunal federal en ese estado a que acelere su dictamen en ese caso.