Por EFE
El juez estadounidense que preside el caso penal contra el depuesto gobernante de Venezuela Nicolás Maduro emitió este martes una orden de protección que regula la gestión de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa.
El magistrado, Alvin K. Hellerstein, ordenó a la Fiscalía que entregue a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada uno.
Hellerstein señaló que la Fiscalía debe entregar el “material exculpatorio y de impugnación”, pero reconoce que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otras cosas.
En ese sentido, ordenó que las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa no pueden ser divulgadas por los acusados o sus abogados, incluyendo su publicación en internet o su filtración a los medios.
El juez especificó que la Fiscalía le notificó que parte de la información está “almacenada electrónicamente” y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, “de varias computadoras, celulares y otros dispositivos”.
“Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación”, indicó la orden.
La clasificación APO implica que ese material solo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, excepto mientras lo revisan en su presencia.
La orden de protección para la gestión de las pruebas seguirá vigente incluso después de que termine la causa penal, y el tribunal conservará jurisdicción para hacerla cumplir, según establece el documento firmado por Hellerstein, y que es habitual en este tipo de casos.
Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde están encarcelados.
Ambos se han declarado no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, y han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana.
Se espera que el juicio comience el 1 de junio de 2027.