Por Megan Janetsky - The Associated Press
Entre 800 y 1,000 familias se han visto obligadas a huir de sus hogares en las montañas del centro de México, mientras una mafia criminal las ha atacado con explosivos caseros lanzados desde drones y con armamento pesado, informaron el domingo grupos comunitarios y de derechos humanos.
La ola de violencia en el conflictivo estado de Guerrero comenzó el miércoles, cuando un poderoso grupo conocido como Los Ardillos empezó a atacar ferozmente a las comunidades de una región rural montañosa.
Miles de personas —incluyendo niños y ancianos— se vieron forzadas a huir en cuestión de días, tras lo que describen como años de ataques cada vez más intensos. Al menos una persona resultó herida, según informó una organización que representa a la comunidad: el Concejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Varios videos muestran a familias huyendo de sus hogares a primera hora del domingo —precisamente el Día de la Madre—, amparadas por la oscuridad y llevando consigo únicamente sus mochilas. Otras imágenes compartidas con The Associated Press muestran intensas ráfagas de disparos resonando sobre las zonas de cultivo, así como drones equipados con explosivos abandonados entre la maleza.
“Han sido días de terror”, declaró Marina Velasco, representante del CIPOG-EZ. “Han estado bombardeando a las comunidades con drones; ¿y cómo puede uno defenderse de un dron, con bombas cayendo desde el cielo?”.
Grupos comunitarios y organizaciones religiosas locales señalaron que Los Ardillos llevan años intentando apoderarse de estas tierras, en el marco de su disputa territorial con diversos grupos criminales rivales.
Velasco indicó que las familias han huido hacia localidades cercanas, donde muchas de ellas se encuentran ahora refugiadas en un campo de fútbol. Velasco afirmó que, si bien existe una presencia reducida de actores estatales, comunidades como estas han sido, en gran medida, “abandonadas” por las fuerzas mexicanas frente a los ataques de grupos criminales. El Gobierno federal de México y las autoridades estatales locales de Guerrero no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
La organización CIPOG-EZ ha documentado que, en los últimos años, 76 personas de la región han sido asesinadas a consecuencia del conflicto con dicho grupo, y otras 25 han desaparecido.
Desde hace años, los cárteles han estado utilizando drones y armamento más sofisticado para librar su guerra; un indicio de lo profundamente arraigado que se encuentra el conflicto en regiones como Guerrero, donde los cárteles se han fragmentado en facciones rivales. Cada vez con mayor frecuencia, las propias comunidades han tomado las armas para defenderse de grupos como Los Ardillos.
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Este derramamiento de sangre se produce en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intensificado su ofensiva contra los cárteles en mayor medida que su predecesor, al tiempo que enfrenta una presión creciente por parte del presidente, Donald Trump, quien ha amenazado con emprender acciones militares contra estos grupos —una medida que Sheinbaum ha calificado de “innecesaria”—.
Esta estrategia impulsada por Sheinbaum ha derivado en una drástica reducción de los homicidios —de alrededor del 40 %— desde que asumió el cargo; una cifra de la que el Gobierno ha hecho gala, aunque se ha visto sacudido por una serie de escándalos en las últimas semanas.