Por Reuters
Un bulo detrás de otro: que la Constitución prohibirá la propiedad privada y permitirá el aborto en el noveno mes de embarazo, que las empresas privadas contarán los votos de los chilenos y que migrantes y presos también podrán elegir, son algunas de las historias falsas virales que circulan en redes sociales y servicios de mensajería mientras Chile se prepara para decidir el 4 de septiembre si habrá o no una nueva carta magna.
En 2020, casi el 80% de los chilenos votó a favor de redactar una nueva Constitución luego que las violentas protestas contra la falta de equidad sacudieran ese país, pero el apoyo ha disminuido y las encuestas muestran que es posible que los votantes rechacen el nuevo texto.
La propuesta redactada por electores predominantemente independientes y progresistas, se puede consultar fácilmente en la calle, en línea o en formato de podcast. Centrada en los derechos sociales y el medio ambiente, supone un fuerte cambio con respecto a la actual, orientada al mercado y que se remonta a la época de Augusto Pinochet.
Paulina Valenzuela, estadística y socia de la empresa de encuestas públicas Datavoz, asegura que en 2021 la desinformación se centró en quienes estaban elaborando el documento, pero que ahora se ha enfocado en el contenido del nuevo texto tras completarse su redacción a principios de julio.
“Más que falsas yo diría que son medias verdades”, indicó Valenzuela. “Hay una interpretación del texto, la norma o los artículos”.
Nos duele mucho cuando hay una verificación que nos lleva días y sabemos que significa millones y millones de visitas más (en el sitio que la difunde)”
Fabián Padilla Fact Check cl
Es difícil cuantificar el impacto que estas tienen en las encuestas, pero un 65% de los encuestados afirmó haber encontrado desinformación en la última semana de julio.
Fabián Padilla, quien fundó Fact Check CL, un sitio de verificación de hechos que comenzó a funcionar durante las protestas de 2019, explicó que es más difícil declarar falsas las interpretaciones legales, en contraste con afirmaciones médicas que circularon durante la pandemia, por ejemplo.
“Con el COVID-19, la desinformación era muy consistente, repitiendo los mismos patrones, algunos de ellos muy absurdos”, insistió Padilla. “Pero con el texto constitucional es debatible”.
Esto hace que necesiten consultar a expertos jurídicos y se extiendan los tiempos de verificación.
“Nos duele mucho cuando hay una verificación que nos lleva días y sabemos que significa millones y millones de visitas más (en el sitio que la difunde)”, lamentó Padilla.
Marcelo Mendoza, profesor de Informática en el departamento de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha estudiado durante años la difusión de noticias falsas en ese país.
La desinformación sobre la nueva Constitución viaja tres veces más rápido en Twitter que las noticias de medios de comunicación acreditados, reconoció. Estas afirmaciones falsas tienen mayor impacto en las primeras 24 horas, un plazo que verificadores o medios se esfuerzan por superar.
“Siempre llegan tarde”, lamentó Mendoza.
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El propio plebiscito y el organismo electoral chileno Servel también han sido objeto de desinformación. Andrés Tagle, presidente del Servel, asegura que este es el quinto ciclo electoral en el que la institución ha sido golpeada, que los ataques se han intensificado y hay un efecto acumulativo en la confianza de la población.
Meta, la empresa madre de Facebook, indicó que están trabajando activamente con el gobierno de Chile y los verificadores para detener la propagación de noticias falsas.
Un portavoz de la red Twitter aseguró a la agencia de noticias Reuters: “proporcionamos (al Servel) una sesión de entrenamiento sobre las reglas de Twitter mientras mantenemos una comunicación abierta y constante con ellos”.
La compañía no especificó cuántas cuentas ha suspendido o cuántos tuits ha eliminado y remitió a su Informe de Transparencia. El documento explica que en la segunda mitad de 2021 el Gobierno de Chile solicitó información 19 veces sobre 33 cuentas pero la empresa no respondió a ninguna de sus peticiones.
Un portavoz de Twitter, citando las políticas de privacidad, declaró que la compañía libera información no pública sobre sus usuarios solo en respuesta a “una citación, orden judicial, otro proceso legal válido, o en respuesta a una solicitud de emergencia”.
Meta dice que activó un equipo de respuesta rápida en Facebook e Instagram para identificar las violaciones, que está trabajando con verificadores de hechos, incluyendo Fast Check CL, y limita el alcance de las publicaciones que se encuentran con errores.
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En cuanto a su servicio de mensajería encriptada WhatsApp, alega que se está centrando en reducir la viralidad de los mensajes, lo que ha disminuido el número de mensajes reenviados en un 25% a nivel mundial desde el año 2020.
Para Tagle esas medidas se quedan cortas. El presidente del organismo electoral añadió que le gustaría que las empresas de redes sociales estuvieran reguladas por la ley chilena, haciéndolas responsables de las publicaciones en las que no puedan identificar al usuario.
“No creo en las intenciones de las empresas de redes sociales”, aseveró Tagle. “Venden publicidad, así que cuando más gente ve su contenido, incluso cuando es falso, también es bienvenido”.
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