Por Courtney Kube — NBC News
Una coalición de grupos de defensa presentó este martes una demanda contra el Gobierno de Donald Trump en la que exigen divulgar de inmediato el memorando con la justificación legal para los ataques militares a presuntas 'narcolanchas'.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, sostiene que los ataques mortales en aguas internacionales, que han causado la muerte de al menos 87 personas desde principios de septiembre, son ilegales y que los estadounidenses merecen conocer la razón legal detrás de los mismos.
La demanda solicita al tribunal que ordene a los Departamentos de Justicia, Estado y Defensa que busquen de inmediato todos los registros relacionados con el razonamiento legal detrás de la ofensiva militar estadounidense contra supuestas embarcaciones narcotraficantes y que los entreguen a la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y a otros demandantes, entre ellos la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el Centro para los Derechos Constitucionales.
“Creemos que el público merece saber cómo justifica nuestro Gobierno la legalidad del asesinato a sangre fría de civiles”, dijo Jeffrey Stein, abogado de ACLU. “Creemos que la Administración Trump debe detener inmediatamente estos ataques ilegales e inmorales, y que los funcionarios que los han llevado a cabo deben rendir cuentas, en lugar de recibir una ‘tarjeta para librarse libre de la cárcel’”.
Las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra embarcaciones que, según la Administración Trump, transportaban drogas con destino a Estados Unidos. El Gobierno ha descrito a los tripulantes como narcos que trabajaban para los cárteles.
El primer ataque, el 2 de septiembre, ha sido objeto de un intenso escrutinio después de que se informara de que dos personas sobrevivieron en la embarcación fueron rematadas en un segundo ataque ordenado por el almirante Frank Mitch Bradley, comandante a cargo de los ataques.
Algunos expertos jurídicos y políticos demócratas han argumentado que el segundo ataque violó el derecho internacional porque tenía como objetivo a dos personas que se encontraban en una embarcación inutilizada en aguas internacionales.
Bradley y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, informaron a los legisladores en el Capitolio la semana pasada sobre el ataque en cuestión. Las reacciones a las sesiones informativas estuvieron dividieron en las líneas partidistas: los republicanos defendieron el segundo ataque, mientras los demócratas expresaron preocupación.
Los grupos de defensa indicaron que presentaron su demanda después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud de la Ley de Libertad de Información para obtener los documentos presentados el 15 de octubre.
“Al afirmar que estos ataques son legales y negarse a proporcionar pruebas o justificaciones, Trump muestra una vez más su desprecio por la transparencia básica, los derechos humanos y el estado de derecho”, escribió Ify Chikezie, abogado de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, en un comunicado. “Los tribunales deben intervenir y ordenar a la Administración que publique estos documentos de inmediato”.
Stein, de la ACLU, señaló que los Gobiernos han publicado habitualmente memorandos de justificación legal en el pasado, incluso en relación con operaciones militares delicadas, porque en ellos se analizan los principios del derecho constitucional, y el Gobierno puede ocultar los detalles clasificados.
En 2011, la Administración Obama publicó un memorando en el que explicaba por qué el Departamento de Justicia consideraba que las operaciones militares estadounidenses en Libia redundaban en interés nacional y que el entonces presidente podía iniciarlas sin la autorización previa del Congreso.
Y durante la primera Administración de Trump, el Departamento de Justicia publicó un memorando legal en el que justificaba los ataques militares estadounidenses contra tres instalaciones de armas químicas sirias.
Stein añadió que no está de acuerdo con quienes han argumentado que los ataques constituyen crímenes de guerra.
“No estamos en guerra, por lo que cualquier discusión sobre estos ataques ilegales como crímenes de guerra es inexacta”, afirmó. “El derecho de los conflictos armados no se aplica a estos ataques. Son asesinatos premeditados fuera del contexto de un conflicto armado, y tenemos un concepto legal para esa conducta. Es asesinato”.