Por Nicole Winfield - The Associated Press
Un tribunal del Vaticano condenó el sábado a un cardenal por malversación de fondos y lo sentenció a cinco años y medio de prisión. Se trata de uno de varios veredictos que fueron emitidos en un complicado juicio financiero que puso a prueba su sistema de justicia.
El cardenal Angelo Becciu, el primer cardenal procesado por el tribunal penal Vaticano, fue absuelto de otros cargos y sus nueve coacusados recibieron un resultado mixto de algunos veredictos de culpabilidad y muchas absoluciones de los casi 50 cargos presentados contra ellos durante un juicio de dos años y medio.
El abogado de Becciu, Fabio Viglione, dijo que respetaba la sentencia pero iniciará un proceso de apelación.
El fiscal Alessandro Diddi dijo que el fallo "demostraba que teníamos razón".
El juicio se centró en la inversión de 350 millones de euros de la secretaría de Estado del Vaticano para convertir un antiguo almacén de Harrod’s en apartamentos de lujo. Los fiscales alegaron que los monseñores y agentes del Vaticano le quitaron a la Santa Sede decenas de millones de euros en honorarios y comisiones y luego la extorsionaron por 15 millones de euros para que cediera el control del edificio.
Becciu fue acusado de cargos relacionados con malversación de fondos en dos instancias del acuerdo de Londres y se enfrentaba a una pena de hasta siete años de prisión.
Al final, fue condenado por malversación derivada de la inversión original del Vaticano de 200 millones de euros en un fondo que invirtió en la propiedad londinense. El tribunal determinó que el derecho canónico prohibía utilizar bienes de la Iglesia en una inversión tan especulativa.
También fue condenado por malversación por la donación de 125,000 euros de dinero del Vaticano a una organización benéfica dirigida por su hermano en Cerdeña y por utilizar dinero del Vaticano para pagarle a una analista de inteligencia que, a su vez, fue condenada por utilizar el dinero para sus fines personales.
El juicio ha planteado interrogantes sobre el Estado de derecho en el Vaticano y el poder del papa Francisco como monarca absoluto, dado que ejerce la suprema autoridad legislativa, ejecutiva y judicial y la ha ejercido de maneras que, según la defensa, ponen en peligro un juicio justo.
Los abogados de la defensa elogiaron la imparcialidad del juez Giuseppe Pignatone y dijeron que habían podido presentar ampliamente sus argumentos. Pero lamentaron que las obsoletas normas procesales del Vaticano dieran a los fiscales un enorme margen de maniobra para retener pruebas y proseguir su investigación casi sin obstáculos.
Andrea Tornielli, director editorial del Vaticano, dijo que los veredictos mostraban que la defensa tuvo amplio espacio para presentar su caso y que se respetaron los derechos de la defensa.
"El resultado de este juicio nos dice que los jueces del tribunal, como es debido, actuaron con plena independencia basándose en pruebas documentales y testigos, no en teorías prefabricadas", escribió en un editorial de Vatican News.
Los fiscales habían solicitado penas de prisión de entre tres y trece años y una indemnización por daños y perjuicios de más de 400 millones de euros para intentar recuperar los 200 millones de euros que, según ellos, la Santa Sede perdió en los malos negocios.
Al final, el tribunal absolvió a muchos de los sospechosos de muchos de los cargos más importantes como fraude, corrupción y blanqueo de dinero, determinando en muchos casos que los delitos simplemente no existían.
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No obstante, ordenó que se les confiscaran 166 millones de euros y el pago de daños civiles a las oficinas del Vaticano por valor de 200 millones de euros. Uno de los acusados, el antiguo secretario de Becciu, Monseñor Mauro Carlino, fue absuelto por completo.
Al principio, el proceso fue visto como una señal de las reformas financieras de Francisco y de su voluntad de tomar medidas enérgicas contra las supuestas fechorías financieras en el Vaticano. Pero terminó afectando a la Santa Sede, con revelaciones de venganzas, espionaje e incluso pagos de rescates a militantes islámicos.
Gran parte del caso de Londres se basó en el traspaso de la propiedad de un corredor de Londres, Raffaele Mincione, a otro a finales de 2018. Los fiscales alegan que el segundo corredor, Gianluigi Torzi, engañó al Vaticano maniobrando para asegurarse el control total del edificio al que solo renunció cuando el Vaticano le pagó 15 millones de euros.
Para los fiscales vaticanos, eso equivalía a extorsión. Para la defensa ―y para un juez británico que rechazó las peticiones del Vaticano de embargar los bienes de Torzi― se trataba de una negociación para finalizar un contrato legal.
Al final, el tribunal declaró a Torzi culpable de varios cargos, entre ellos extorsión, y le condenó a seis años de cárcel. Mincione fue condenado por malversación por la inversión original en Londres, pero fue absuelto, entre otras cosas, de inflar el costo del edificio cuando el Vaticano lo compró.
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No se sabe dónde se cumplirán las condenas, si son ratificadas luego de la apelación. El Vaticano tiene una cárcel, pero el paradero de Torzi no se conoció de inmediato y no se sabe si otros países extraditarán a los acusados para que cumplan las condenas.
Los antiguos jefes de la agencia de inteligencia financiera del Vaticano, Tommaso di Ruzza y René Bruelhart, fueron absueltos del cargo principal de abuso de poder. Sólo fueron condenados por no informar a la fiscalía de una transacción sospechosa relacionada con Torzi y fueron multados con 1,750 euros cada uno.
Habían argumentado que no podían informar a los fiscales vaticanos de la transacción porque habían iniciado su propia operación transfronteriza de recopilación de información financiera sobre Torzi después de que Francisco les pidiera que ayudaran a la Secretaría de Estado a tomar posesión de la propiedad.
Un funcionario del Vaticano, Fabrizio Tirabassi, fue condenado por extorsión junto con Torzi y por un cargo de blanqueo de dinero. Enrico Crasso, asesor financiero del Vaticano durante muchos años, fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos malversación de fondos y fue condenado a siete años de cárcel.
La investigación original de Londres inició otros dos procesos que implicaban al acusado estrella, Becciu, que fue uno de los principales asesores de Francisco y que era considerado como un aspirante al papado.
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Los fiscales acusaron a Becciu de malversación de fondos por enviar 125,000 euros del Vaticano a una organización benéfica dirigida por su hermano. Becciu argumentó que el obispo local pidió el dinero para construir una panadería con el fin de emplear a jóvenes en situación de riesgo y que el dinero se quedó en las arcas diocesanas.
El tribunal reconoció los fines caritativos de la donación, pero le condenó por malversación, debido a la participación de su hermano.
Becciu también fue acusado de pagarle a una mujer sarda, Cecilia Marogna, por sus servicios de inteligencia. Los fiscales rastrearon unos 575,000 euros en transferencias bancarias desde el Vaticano a una sociedad eslovena propiedad de Marogna y afirmaron que ella utilizó el dinero para comprar artículos de lujo y financiar vacaciones.
Becciu dijo que pensaba que el dinero iba a ser utilizado para pagarle a una empresa de seguridad británica con el fin de negociar la liberación de Gloria Narváez, una monja colombiana que fue tomada como rehén por militantes islámicos en Mali en 2017.
Dijo que Francisco autorizó hasta 1 millón de euros para liberar a la monja, una afirmación sorprendente de que el Vaticano estaba dispuesto a pagar un rescate a militantes vinculados a Al Qaeda.
El tribunal declaró a ambos culpables y condenó a Marogna a tres años y 9 meses de prisión.