El régimen de Daniel Ortega ordenó retirar la nacionalidad y despojar de sus bienes “de forma perpetua” a 94 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, a quienes este miércoles declaró “traidores de la patria”.
Esto ocurre una semana después que el obispo católico Rolando Álvarez fuese condenado a más de 26 años de prisión por negarse a abordar el avión en el que 222 presos políticos fueron desterrados a Estados Unidos. A ellos también se les arrebató la ciudadanía.
En esta nueva lista figuran periodistas, propietarios de medios de comunicación, defensores de derechos humanos, feministas, activistas, sacerdotes, ambientalistas, entre otros personajes opositores o críticos al régimen.
La mayoría se encuentra en el exilio tras haber sido arrestados y después excarcelados, como sucedió con Lucía Pineda Ubau, periodista y jefa de prensa del canal de televisión confiscado 100% Noticias. Ubau estuvo presa por seis meses entre 2018 y 2019.
“Son unos ladrones y Dios me va a devolver lo que me está robando. Ellos piensan que nos van a callar quitándome la nacionalidad, robándose mi casa, la casa que yo construí”, respondió Ubau en declaraciones a 100% Noticias.
Otros de los afectados tienen órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público.
Ese es el caso del periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de Violeta Barrios de Chamorro, la única mujer presidenta de Nicaragua; y Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por la dictadura somocista en la década de 1980.
Chamorro es director del sitio web y semanario Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, cuyas salas de redacción fueron confiscadas por la policía en diciembre de 2018 y de nuevo asaltadas en 2021.
“Los castigados por estas medidas de odio y venganza, son todos los ciudadanos que demandan un cambio con justicia y libertad, incluidos los servidores públicos, civiles y militares”, reaccionó el periodista en un tuit publicado en su cuenta.
Hace una semana, Chamorro recibió a dos de sus hermanos en Washington D.C.: la excandidata presidencial Cristiana Chamorro y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro. Ambos eran presos políticos y fueron desterrados a Estados Unidos.
La orden del régimen fue leída la tarde del miércoles por Ernesto Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la capital, Managua.
Rodríguez aseguró que los 94 nicaragüenses son considerados por el Estado como “prófugos de la justicia” y quedaban inhabilitados para ejercer cargos públicos, además de perder sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Se les acusa de presuntos delitos de conspiración, menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Dos célebres escritores sin nacionalidad
Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes en 2017, fue vicepresidente de Nicaragua en la década de 1980 y después se convirtió en un crítico de Ortega.
Ramírez, exiliado en España, fue acusado en 2021 de “lavado de dinero, bienes y activos, menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.
“El exilio, a cualquier edad que te lo impongan, es una desgracia”, aseguró ese año el escritor a Noticias Telemundo en el contexto del lanzamiento de su novela más reciente Tongolele no sabía bailar cuyos ejemplares fue retenidos por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). La población recurrió a leerla a “escondidas”.
La poeta y novelista Gioconda Belli también aparece en la lista. Pero no es la única de su familia: su hermano Humberto Belli, exministro de Educación; y su hijo Camilo de Castro Belli, periodista y cineasta, figuran entre los afectados.
La poeta, exiliada en España, permanece activa en su cuenta de Twitter donde hace unos días reaccionó al destierro de los 222 presos políticos.
Este miércoles, su hijo escribió un tuit diciendo: “Me pueden quitar mi nacionalidad y mi casa, pero jamás mi dignidad, mi voz y mi libertad. ¡#Nicaragua será libre!”.
En la lista además se menciona a defensores de derechos humanos como Gonzalo Carrión y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; figuras históricas del sandinismo como la exguerrillera Mónica Baltodano y el excomandante de la Dirección Nacional del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Luis Carrión; así como el sacerdote Edwin Román y el obispo Silvio Báez, forzados al exilio y férreos críticos del régimen.
La noticia llega bajo una nueva ola de represalias y un día después que se confirmara la expulsión de Damián Muratori, un fray de origen italiano que fungía como rector del Santuario Franciscano El Tepeyac, en San Rafael del Norte, un pequeño pueblo al norte del país.
El pasado domingo Muratori se refirió en su homilía al obispo Rolando Álvarez y a los presos políticos. “Oremos también por monseñor Álvarez que está en la cárcel, 26 años de cárcel, para que él sea valiente y nos enseñe a ser realmente nicaragüenses leales, coherentes y orgullosos de ser nicaragüenses”, aseguró en su prédica.
Tras negarse a ser desterrado, Álvarez fue trasladado a la cárcel de reos comunes La Modelo, donde “se encuentra solo, en una celda de máxima seguridad”, confiaron fuentes de la Iglesia católica al medio Confidencial.
[El arresto de un obispo agrava la represión en Nicaragua contra la Iglesia católica]
En los últimos años, el régimen ha intensificado su persecución contra la Iglesia católica, arrestando a sacerdotes, expulsándolos o negándoles la entrada al país y prohibiendo que se realicen las tradicionales celebraciones religiosas. También ha cancelado la licencia a varios medios católicos de radio y televisión.
Desde 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica luego que protestas pacíficas de la población en rechazo a un cambio en las pensiones de los jubilados y un incendio en una reserva natural, fueran sofocadas por la policía y más de 300 personas resultaron asesinadas por la represión estatal, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).