Por Brian Arola y Ana Radelat — The Associated Press
El Gobierno de Donald Trump concretó un plan que llevaba meses circulando como rumor: transformar una prisión privada ubicada en una zona rural del oeste de Minnesota en un centro de detención para inmigrantes indocumentados.
CoreCivic, el gigante de la industria penitenciaria, anunció el martes que ha formalizado un contrato federal de cinco años para reabrir una prisión en Appleton cerrada desde hace mucho tiempo, que ahora albergará a inmigrantes detenidos.
La empresa estimó que su nuevo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generaría 75 millones de dólares al año.
El contrato de CoreCivic con ICE no es ninguna sorpresa. La empresa, propietaria de las instalaciones en Appleton, lleva muchos meses remodelando la prisión, conocida como Prairie Correctional Facility.
La ciudad de Appleton construyó la cárcel, pero CoreCivic la compró en 1997 para albergar a presos estatales y luego la cerró en 2010 debido a la disminución de la demanda. En su momento fue el mayor empleador de la ciudad del condado de Swift.
Ahora albergará hasta 1,600 inmigrantes detenidos.
CoreCivic indicó que espera comenzar a recibir detenidos a finales de este año, “y se estima que la puesta en marcha completa se logrará en el segundo trimestre de 2027”.
Las reacciones al uso de la prisión
Los planes para reutilizar edificios en Minnesota con fines de detención de inmigrantes —incluidas las propuestas de utilizar almacenes en las Twin Cities— han dividido a legisladores y han suscitado críticas por parte de grupos activistas.
La congresista Michelle Fischbach, quien representa al Dist rito 7 del Congreso, que incluye a Appleton, declaró el martes al diario MinnPost que se alegraba de saber que la prisión volvería a abrir sus puertas.
“Sé que la comunidad ha brindado un gran apoyo para garantizar que podamos reabrirla, y tiene sentido”, afirmó. “Ya existe una instalación allí, por lo que no es necesario construir nada nuevo”.
Su oponente, el demócrata Erik Osberg, vinculó el anuncio sobre la prisión con la ley One Big Beautiful Bill promulgada por Trump el año pasado, y añadió que se opone a la reapertura y que quiere derogar la legislación que la hizo posible.
“En esa legislación hay un complejo industrial de deportación y centros de detención por valor de 180 mil millones de dólares”, señaló. “De eso se trata, y ¿adivinen quiénes se encargarán de construirlos y operarlos? Las empresas privadas”.
Las reacciones ante la prisión también fueron las esperadas según las líneas partidistas a nivel estatal.
El senador estatal Torrey Westrom, republicano por Alexandria, afirmó que el contrato traerá empleos y oportunidades económicas a su distrito. Agradeció a Trump y a Fischbach por hacer realidad la reapertura de la prisión.
“Este es un ‘gran y hermoso edificio’ y una inversión significativa que no debería haber permanecido desocupada durante tantos años”, declaró Westrom. “Cuando se cerró esta instalación, tuvo un impacto económico devastador en nuestra región y en nuestros residentes. Ponerla nuevamente en funcionamiento creará aproximadamente 450 nuevos empleos y proporcionará un importante impulso económico para Appleton y las comunidades de todo el centro-oeste de Minnesota”.
El presidente del Comité de Justicia y Seguridad Pública del Senado estatal, Ron Latz, por el DFL de St. Louis Park, calificó los planes como una afrenta para todos los habitantes de Minnesota.
“Las historias y los reportajes sobre el trato que reciben las personas detenidas por ICE son espantosos y generan serias preocupaciones sobre la salud y la seguridad de los hombres, las mujeres y los niños que se encuentran en estas instalaciones”, señaló. “Nadie debería ser detenido con fines de lucro ni para beneficiar las ganancias de una empresa, y es por eso que en 2023 prohibimos el uso de prisiones con fines de lucro en Minnesota. Se explorarán todas las opciones posibles para que el estado pueda impedir la apertura de este centro”.
Aumento de las deportaciones
La reapertura del Centro Correccional Prairie forma parte del esfuerzo de la Administración Trump por conseguir más espacio de detención, en un contexto en el que presiona continuamente para aumentar las deportaciones.
A medida que la Administración intensificaba las detenciones y deportaciones durante el segundo mandato del presidente, CoreCivic se posicionó para estar lista a reabrir la prisión.
El verano pasado, el diario The Washington Post informó que Estados Unidos había alcanzado su capacidad máxima con unos 50,000 inmigrantes detenidos y que la Administración Trump quería más que duplicar esa cifra a 107,000.
El expresidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en sus primeros días en la Casa Blanca en la que ordenaba al fiscal general no renovar los contratos del Departamento de Justicia con centros de detención penal de gestión privada.
Pero Trump actuó rápidamente tras su toma de posesión para revocar esa orden. Eso cambió drásticamente la suerte de empresas como CoreCivic y GEO Group, y sus acciones se dispararon.
CURE, una organización de defensa de las comunidades rurales, indicó que los residentes de Appleton se han estado reuniendo regularmente para oponerse al centro.
Por su parte, el sindicato de trabajadores públicos AFSCME condenó la decisión de ICE de contratar a una empresa penitenciaria con fines de lucro.
“Ninguna corporación debería generar ingresos ni obtener ganancias al encarcelar a seres humanos, separar a las familias y expandir un sistema de detención con fines de lucro que trata a las personas y a los trabajadores como fuentes de ganancias para los accionistas”, declaró el sindicato en un comunicado.