Por Rebecca Santana y Gisela Salomon — The Associated Press
Valerie Laveus recuerda cuando escuchó por primera vez sobre el programa de inmigración diseñado por el Gobierno de Joe Biden para permitir que las personas con patrocinadores económicos viajen a Estados Unidos desde cuatro países, incluido su natal Haití.
“Dije, ‘¡Vaya! Esto parece que funcionaría bien para traer a mi sobrino y a mi hermano al país’”, relató la maestra de Florida, quien recibió un mensaje de WhatsApp en enero y verificó con un abogado de inmigración que el programa era legítimo.
Después de años intentando obtener una tarjeta de residencia o green card, su hermano llegó con su sobrino a principios de agosto, listos para comenzar una nueva vida.
Ellos son solo dos de las aproximadamente 181,000 personas que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario que lanzó el presidente, Joe Biden. Pero 20 estados republicanos amenazan con ponerle fin a través de una demanda que cuestiona su legalidad.
El caso será escuchado en un tribunal de Texas a partir de este jueves. El juez que preside el caso tomará una decisión posteriormente.
Lo que está en juego
Si la Administración Biden pierde, peligraría una política más amplia que busca alentar a los inmigrantes a utilizar vías legales para ingresar a Estados Unidos, so pena de enfrentar duras consecuencias.
La Casa Blanca ha argumentado que puso en marcha el programa en ausencia de una acción del Congreso para reformar el sistema de inmigración de la nación. Pero ahora, gran parte de la estrategia de la Administración Biden está a solo una demanda del colapso.
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En el juicio de Texas, se espera que los estados republicanos argumenten que la Administración está usurpando el poder del Congreso al permitir que hasta 360,000 personas ingresen cada año a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el programa de parole humanitario.
Argumentan que el programa es una extralimitación del poder de otorgar libertad condicional a extranjeros, destinado a ser utilizado caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo.
El Gobierno de Biden argumenta que tiene el poder de usar el parole humanitario de esta manera y atribuye a la iniciativa la reducción drástica de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de esos cuatro países.
El juez que preside el caso fue designado por Trump
Los solicitantes del programa deben pasar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en el país que responda por ellos. Si los aprueban, deben volar a un aeropuerto de Estados Unidos en lugar de cruzar por la frontera sur. Pueden permanecer en suelo estadounidense durante dos años y obtener un permiso de trabajo.
Los grupos de derechos de los inmigrantes solicitaron con éxito unirse a los procedimientos legales en nombre de Laveus y otras seis personas que patrocinan a los inmigrantes. Esther Sung, abogada del Justice Action Center, dijo que los grupos quieren mostrar a las personas reales que se han ofrecido como voluntarias para ser patrocinadores y cómo les afectaría el fin del programa.
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Blas Nuñez-Neto, subsecretario de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en una conferencia telefónica reciente que el Gobierno está preocupado por el juicio y apelará en caso de que pierda.
El caso será escuchado por el juez Drew Tipton en Victoria, Texas, un jurista designado por Donald Trump que falló en contra de la Administración Biden sobre las prioridades de deportación. El Gobierno federal presionó sin éxito para que el caso del parole humanitario fuera transferido de la sala del tribunal de Tipton después de sugerir que los estados republicanos presentaron la demanda en Victoria porque buscaban un juez favorable a su causa.
Estados Unidos usó sus poderes de otorgar parole humanitari para permitir la entrada a decenas de miles de ucranianos cuando Rusia invadió Ucrania, pero la demanda de los estados republicanos no cuestiona esa decisión.
Un alivio para migrantes desesperados
Casi cualquier persona puede convertirse en patrocinador siempre que llene el formulario y cumpla con los requisitos de ingresos. Muchos, como Laveus, están patrocinando a familiares que no tienen otra forma de venir a Estados Unidos.
Laveus dijo que a su hermano se le aprobó una tarjeta de residencia hace unos años, pero las cuotas del sistema de inmigración hicieron que su llegada se retrasara seis años. Mientras tanto, le tocó mandar ayuda a sus parientes que intentaban sobrevivir en un país plagado de inestabilidad económica y controlado en gran medida por pandillas.
Un exdirigente político opositor y activista de derechos humanos de Nicaragua, encarcelado en su tierra natal por sus actividades, fue patrocinado por su hermano, ciudadano estadounidense residente en El Paso, Texas. El hombre, que pidió ocultar su identidad para proteger a su familia en Nicaragua, llegó a Estados Unidos en julio y planea trabajar en la construcción.
“Quería aprovechar esta oportunidad para salvar mi vida”, dijo.
Miembros de iglesias, sinagogas y mezquitas se han unido para patrocinar a personas que no conocen, por la bondad religiosa de ayudar a otros.
Eric Sype está patrocinando a un miembro de una familia con la que se quedó cuando vivía y trabajaba en Nicaragua como estudiante universitario en 2014. Sype es uno de los siete patrocinadores representados por grupos de derechos de los inmigrantes en el desafío legal.
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La persona que está patrocinando planea trabajar en Estados Unidos durante dos años y luego regresar a Nicaragua para estar con su esposa y sus dos hijos. Sype dijo que su amigo se quedará en su casa de la infancia en el estado de Washington, donde un primo le ofreció un trabajo en un huerto de peras, cerezas y manzanas.
Sype contó que no dudó en patrocinar al hombre, quien dijo que es parte de su “familia elegida”. Sype ha pasado fiestas importantes, incluida la Navidad, con la familia en Nicaragua y se comunican por llamadas o mensajes semanalmente.
“Realmente no puedo imaginar qué otra cosa puede estar haciendo este programa que no sea beneficiar a la gente, unir a la gente”, dijo.
El programa de la Administración Biden parece estar haciendo uno de los usos a mayor escala del parole humanitario, pero ciertamente el demócrata no ha sido el único que ha recurrido a esta medida de alivio en el pasado.
No es el primer Gobierno que usa el parole humanitario a gran escala
La potestad ha sido utilizada repetidamente, en mayor o menor medida, para admitir en Estados Unidos a vietnamitas, camboyanos y laosianos a fines de la década de 1970, kurdos iraquíes que ayudaron a Estados Unidos en la Guerra del Golfo en la década de 1990 y cubanos que huyeron de su país en varios momentos, según datos del Instituto Cato.
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La Administración Biden inició el programa para venezolanos en octubre de 2022 y agregó a cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero.
Pero algunos que generalmente apoyan el uso del parole humanitario han expresado preocupaciones. Sus críticos dicen que la necesidad de tener un patrocinador financiero favorece esencialmente a los inmigrantes más ricos y bien conectados, al mismo tiempo que temen que la iniciativa pueda usarse para explotar a los inmigrantes.
Muriel Sáenz, quien ayuda a personas a través de Nicaragüenses Alrededor del Mundo, un grupo con sede en Texas, dijo que puede ser difícil encontrar patrocinadores para los inmigrantes que aún no tienen lazos familiares en Estados Unidos. Ella alienta a los ciudadanos estadounidenses a patrocinar a personas que no conocen, lo cual puede ser algo más difícil de lograr.
“Es demasiada responsabilidad”, dijo Sáenz. “Legalmente estás adoptando personas por dos años”, explicó.