El presidente, Donald Trump, firmó este este jueves dos órdenes ejecutivas para negar la ciudadanía a los niños nacidos en el país como resultado de lo que la Casa Blanca llama “turismo de maternidad” y tratar de restringir la ciudadanía por nacimiento.
La orden enfocada en el denominado “turismo de maternidad” indica que “los operadores de turismo de maternidad utilizan anuncios engañosos e incentivos para atraer a ciudadanos extranjeros a viajar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense. Prometen la ciudadanía, acceso a beneficios públicos y estancias de corta duración en instalaciones especializadas, hoteles o departamentos de alquiler, pero a menudo no cumplen con estas promesas. Estos operadores instruyen a sus clientes para que den información falsa sobre el propósito y la duración de su viaje ante los funcionarios consulares y fronterizos, con el fin de obtener visas que autoricen la entrada a Estados Unidos”.
La segunda orden está enfocada en negar la ciudadanía a hijos de personas que se encuentren bajo la jurisdicción de otro Gobierno como los hijos de diplomáticos y también de personas que hayan sido clasificadas como enemigos extranjeros, incluidos los miembros de organizaciones terroristas.
El texto de esa orden indica que “es política de los Estados Unidos que ningún departamento o agencia del poder ejecutivo emita documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense a personas, ni acepte documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales o de otro tipo que pretendan reconocer la ciudadanía estadounidense respecto a personas, cuando ninguno de los padres de dicha persona sea ciudadano y se dé alguna de las siguientes circunstancias”:
- Cualquiera de los padres de esa persona sea empleado de un gobierno extranjero, lo cual incluye: embajadores; personas empleadas por una embajada o consulado extranjero que sean nacionales de ese país extranjero; personas empleadas por un gobierno extranjero en calidad oficial, y personas empleadas por una organización internacional que goce de inmunidad de organización internacional.
- Cualquiera de los padres de esa persona haya participado en una transacción comercial para adquirir o obtener la ciudadanía por nacimiento para la persona, o haya participado en actividades fraudulentas para obtener la ciudadanía, lo cual incluye: cuando los padres de la persona participen en una transacción comercial para garantizar que la madre de la persona esté presente en los Estados Unidos, o en un territorio de los Estados Unidos, para dar a luz, o cuando el padre o la madre, o ambos, hayan realizado una transacción comercial con una madre sustituta presente en Estados Unidos o en un territorio de los Estados Unidos para dar a luz.
- La persona haya nacido en un territorio o en aguas territoriales de Estados Unidos donde la ciudadanía no se confiere por ley federal.
Al comentar sobre el denominado “turismo de maternidad”, Trump afirmó erróneamente que “Estados Unidos era el único país que ofrecía la ciudadanía por nacimiento”.
“Estamos haciendo ajustes porque es muy injusto”, agregó, y señaló que la Enmienda 14, que otorga la ciudadanía por nacimiento a todos los bebés nacidos en Estados Unidos, “se promulgó justo después de la Guerra Civil […] para los bebés de los esclavos”.
Indicó, sin presentar pruebas, que estos casos llegaban “a los cientos de miles”, y dijo que en algunos casos “eran millonarios, billonarios que traían consigo 20 ó 30 niños”.
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“¿Qué está pasando ahora?”, preguntó el presidente. “Hay gente que está creando negocios en torno a eso. Las personas adineradas están creando negocios en torno a la ciudadanía por nacimiento. No es así como se supone que debe funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada, y no vamos a permitir que eso suceda”.
Por su parte, Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca a cargo de las políticas de inmigración, afirmó que “esto ya se debería haber hecho hace mucho tiempo. Debería haber pasado hace años, pero lo estamos resolviendo ahora”.
Will Scharf, secretario de personal de la Casa Blanca, indicó que “la sección 215A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad [que la Casa Blanca cita en el caso de las órdenes firmadas por Trump] le otorga al presidente esta autoridad. La sección 215A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Se usa muy raramente. Probablemente una de las leyes más contundentes de todo el código federal le otorga este poder. Esa no es la única, pero es la principal autoridad legal que se está utilizando en esta orden”.
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Argumentó que “que el turismo de maternidad es, por definición, un fraude contra el sistema estadounidense, contra el contribuyente estadounidense y contra la visa estadounidense. Si vienes aquí y, de nuevo, tu propósito declarado es que eres turista, entonces, por definición, estás aquí para quedarte unas semanas, ver lo que tenemos, hacer compras y irte. Así que, si le dices a un funcionario consular que estás aquí como turista, pero tu verdadero propósito e intención es dar a luz a un bebé e intentar crear un ciudadano estadounidense mientras estás aquí, entonces estás cometiendo un fraude contra el Gobierno estadounidense. Y, por definición, esa visa puede, debe y ahora se te negará”.
Tras la firma de las órdenes, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), publicó una declaración sobre el tema de la ciudadanía por nacimiento que “la Corte Suprema ya se pronunció sobre este tema: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ningún decreto presidencial adicional puede cambiar el significado de la Constitución. Cualquier decreto presidencial que intente reescribir la ciudadanía por nacimiento correrá la misma suerte que el anterior”.
En el caso del “turismo de maternidad”, la ACLU elaboró un memorándum sobre el turismo de maternidad, que subraya que no existe una estimación oficial a nivel federal sobre el turismo de maternidad, pero los mejores datos disponibles indican que es marginal. La cifra más citada como indicador del turismo de maternidad lo sitúa en apenas el 0.3% de los nacimientos en Estados Unidos, lo que demuestra que el enfoque de la Administración se centra más en justificar el sentimiento antiinmigrante que en resolver problemas reales.
El pasado 30 de junio, la Corte Suprema falló en contra de las restricciones al derecho a la ciudadanía por nacimiento tras aceptar revisar el caso que buscaba revertir las medidas impulsadas por Trump, que pudieron haber afectado a miles de latinos en familias de estatus migratorio mixto cuyos hijos nacieron en el país.
Con una votación de 6 a 3, el Tribunal dictaminó en ese momento que la orden ejecutiva que Trump emitió el 20 de enero de 2025, el primer día de su segundo mandato, era ilegal.