Por Giovanna Dell’orto - The Associated Press
Cada noche, desde hace casi dos años, Glendy Aracely Ramírez reza junto al altar de la habitación de adobe de sus padres, donde, bajo un gran crucifijo, hay una foto de su hermana Blanca. La joven, de 23 años, murió junto a otros 50 inmigrantes dentro del trailer donde era trasladada por coyotes en Texas.
"Le pido a Dios por la salud de mi familia y para poder llegar a Estados Unidos algún día. Mi madre le pide que no tenga que ver otro accidente", cuenta Glendy, de 17 años, que ya ha preparado una pequeña mochila para su propio viaje desde el hogar familiar a 8,900 pies (2,700 metros) de altura en el altiplano de Guatemala.
Su coyote lo ha pospuesto unos días debido al recrudecimiento de la violencia entre los cárteles de la droga mexicanos que controlan las rutas de los emigrantes hacia Estados Unidos, pero ella no se ha dejado intimidar.
Decenas de miles de jóvenes de esta región prefieren correr riesgos mortales —incluso más de una vez— antes que quedarse donde no ven futuro. El fatal viaje de Blanca era su tercer intento de llegar a Estados Unidos.
“Quiero ir allí, porque aquí no hay oportunidades, aunque mamá diga que voy a sufrir lo mismo que Blanca”, dijo Glendy sentada con su madre, Filomena Crisóstomo, en el patio de su casa. “Me gustaría tener una casa, ayudar a mi familia y salir adelante”, agrega.
La cifra récord de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México ha convertido la migración en una de las principales preocupaciones en este año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entre estos migrantes, el mayor grupo de menores no acompañados procede de Guatemala: casi 50,000 de los 137,000 encuentros registrados por las autoridades fronterizas en el último año fiscal.
La mayoría proceden de pequeñas aldeas del altiplano occidental, predominantemente indígena. El salario máximo diario ronda el equivalente a 9 dólares, muy por debajo del supuesto mínimo legal.
En las pequeñas parcelas de suelo arcilloso y quebradizo —a menudo la única garantía de los préstamos para pagar las comisiones de los contrabandistas, que pueden alcanzar los 20,000 dólares— muchas familias cultivan maíz y frijoles para comer.
Poco más brota de las escarpadas laderas de las montañas, salvo las casas de hormigón de varios pisos, exuberantemente decoradas, construidas con las remesas de los seres queridos en Estados Unidos, constantes recordatorios de lo que es posible si uno consigue llegar “al norte”.
En el pequeño pueblo de Comitancillo, dos murales sirven de recordatorio: son monumentos en memoria de las casi dos docenas de migrantes locales que murieron en recientes tragedias masivas. O bien murieron asfixiados en el camión de la muerte de San Antonio (Texas) en junio de 2022, o bien fueron tiroteados y calcinados por policías corruptos en Camargo (México) en enero de 2021.
Pasó menos de una semana desde que los restos de la masacre de Camargo fueron devueltos a Comitancillo para su entierro antes de que el primer miembro sobreviviente de la familia partiera hacia Estados Unidos.
Y con un joven de 17 años que llegó a Florida este invierno, ahora al menos un pariente ha emigrado de casi todas las familias desde la masacre, señaló el reverendo José Luis González, sacerdote de la Red Jesuita de Migración. La única excepción fue un hombre mayor cuya familia ya estaba al norte de la frontera; murió intentando regresar tras ser deportado, agregó González.
“Es un signo evidente de que el miedo a quedarse es mayor que el miedo a irse”, añadió González, que empezó a atender a las familias afectadas cuando viajaron unas seis horas a la capital de Guatemala para someterse a pruebas de ADN e identificar los restos.
Muchas familias atribuyen al grupo jesuita el mérito de ser la única institución que ha permanecido a su lado, viajando periódicamente a Comitancillo para proporcionar actualizaciones jurídicas —casi una docena de policías fueron condenados en otoño en el caso Camargo—, así como asistencia psicológica, humanitaria y pastoral.
Una mañana reciente, unos 50 familiares de los fallecidos en Camargo o en San Antonio se reunieron con el grupo jesuita para asistir a un encuentro que incluía talleres para tratar la depresión y el dolor. La mayoría eran mujeres y niños que hablaban mam, una de las dos docenas de lenguas mayas de Guatemala.
Uno de los pocos padres presentes en la reunión era Virgilio Ambrocio. La mayor de sus ocho hijos, Celestina Carolina, ganaba menos de 90 dólares al mes como ama de llaves en Ciudad de Guatemala y enviaba la mitad a casa para ayudar a alimentar a sus hermanos. Así que decidió probar suerte en Estados Unidos, y murió a los 23 años en la caravana.
“Lo más difícil es quién nos va a ayudar ahora”, indicó Ambrocio mientras el polvo se arremolinaba alrededor de su casa. Su esposa, Olivia Orozco, lloraba en silencio mientras sostenía una foto enmarcada de una Celestina sonriente.
La principal causa de la emigración en los últimos 10 años es la imposibilidad de conseguir trabajo para cubrir las necesidades más básicas, según Ursula Roldán, investigadora de la Universidad Rafael Landívar de Ciudad de Guatemala. Esto se ve agravado por las deudas de las familias para pagar a los coyotes, cuyo reembolso requeriría 10 años de salarios en el país, por lo que resulta crucial llegar a EE.UU. y enviar remesas con salarios mucho más altos.
El aumento de la violencia en las regiones mexicanas fronterizas con Guatemala también está empujando a más emigrantes a dirigirse a Estados Unidos en lugar de trabajar allí en empleos agrícolas estacionales. El cambio climático está afectando incluso a la agricultura de subsistencia.
En su casa de una sola habitación cerca de Comitancillo, Reina Coronado intentó convencer a los ocho hijos que tuvo desde que se casó a los 16 años de que no tenían por qué arriesgar sus vidas.
Algunos se fueron al norte de todos modos, entre ellos Aracely Florentina Marroquín, de 21 años, quien había terminado la secundaria como Blanca y, al igual que ella, sentía que había desperdiciado el dinero de su familia en estudiar, pues aún no conseguía un trabajo profesional.
Lo último que le dijo a Coronado fue que se iría sólo por cuatro años y que enviaría dinero para construir una cocina, para no tener que cocinar tortillas a fuego abierto. Luego vino la llamada de Texas que hizo llorar a Coronado durante meses. Hoy, encuentra algo de consuelo cuidando de dos hijas pequeñas que aún viven con ella y de los animales que cría.
“Aunque es una lucha, hay que intentar seguir adelante”, comentó Coronado. “Voy a trabajar y así se me pasa el día, y los momentos duros. A veces lo hago llorando, pero confío en el Señor”, agregó.
Marcelina Tomás también ha estado rezando y pidiendo fortaleza desde que su hijo mayor, Anderson Pablo, fue asesinado en Camargo, y especialmente en los últimos meses desde que su hermano menor, Emerson, de 17 años, también se fue a EE.UU.
Anderson estaba estudiando cuando llegó la pandemia y empezó a trabajar en el campo junto a su padre. Su salario de unos seis dólares al día era suficiente para comprar tortillas cada día para la familia de 11 miembros, pero no algo para acompañarlas, dijo Tomás. Así que ella y su marido acordaron ayudar a Anderson a conseguir préstamos para pagar los 16,000 dólares para irse.
Doce días después de que Anderson, de 16 años, abandonara su casa cerca de Comitancillo, la noticia de la masacre de Camargo llegó a través de las redes sociales. Embarazada de su décimo hijo, Tomás, de 37 años, tuvo que dejar a sus hijos con familiares y pasar por primera vez una noche fuera de casa para someterse en la capital a las pruebas de ADN que permitieron identificar y enterrar los restos parciales de Anderson.
“Sólo Dios sabe lo que pasó. Y todo por querer salir adelante”, explicó, “confiaba en él y trataba muy bien a sus hermanitos”.
Anderson había disuadido a Emerson de seguir adelante, diciéndole que debía quedarse en la escuela un poco más. Según Tomás, Emerson tenía el corazón destrozado tras la muerte de su hermano; se había inscrito en el instituto, pero pronto lo dejó para trabajar en un campo de papas.
Alrededor del tercer aniversario de la muerte de Anderson, Emerson afirmó que quería emigrar, porque muchos otros jóvenes se habían ido también. Tomás le recordó el destino de Anderson, la tragedia de San Antonio, los hijos de los vecinos que murieron en los desiertos fronterizos o en accidentes laborales en EE.UU.
“No’, me dijo, ‘me voy’. Y se fue”, contó Tomás junto al altar donde hay tres fotos de Anderson junto un crucifijo, una vela encendida y un jarrón.
El sueño de Anderson era ganar lo suficiente para trasladar a la familia de su casa de adobe de una sola habitación a una de hormigón con espacios separados para sus padres y sus hermanos. Ahora viven en una casa así, construida con donaciones recibidas tras su muerte. Pero nadie duerme en la habitación con el altar. La mantienen como la habitación de Anderson.