La Corte Suprema dio luz verde este lunes al presidente, Donald Trump, para continuar con la construcción de su muro fronterizo en la remota región de Big Bend, en el suroeste de Texas.
Un grupo ambientalista y residentes de la zona habían impugnado el proyecto al argumentar que causaría daños al medioambiente y a sitios históricos.
Los magistrados levantaron una orden judicial emitida por un juez federal de Texas que mantenía suspendidas las obras mientras continuaba el proceso legal.
En una decisión de cinco páginas sin firma, la corte sostuvo que el juez federal que había fallado sobre el asunto no tenía autoridad para hacerlo.
De los nueve magistrados, solo la jueza progresista Ketanji Brown Jackson votó en contra de la decisión.
El tramo fronterizo en cuestión junto al río Grande está escasamente poblado. Según el Gobierno de Trump, en los últimos años han sido detenidas allí 89,000 personas que intentaban entrar a Estados Unidos por esa zona.
El terreno, que según el Gobierno implicaría 341 millas de construcción, incluye el Parque Nacional Big Bend.
En un escrito judicial, el fiscal general adjunto D. John Sauer señaló que, en 1996, el Congreso otorgó al Gobierno “amplia autoridad” para construir infraestructura fronteriza sin verse entorpecido por trámites burocráticos.
La medida fue impugnada por el Centro para la Diversidad Biológica, un grupo ambientalista; Amigos de la Iglesia de Ruidosa, una organización sin fines de lucro dedicada a restaurar una iglesia histórica de la zona; y Danny Miller, un guía de río que posee propiedades en el lugar.
Los abogados de los demandantes afirmaron que, de llevarse a cabo la construcción, esta “provocaría la alteración permanente de un paisaje irremplazable” y “amenazaría recursos históricos y culturales únicos”.
Contrariamente a lo que afirma el Gobierno, la zona de Big Bend tiene “las tasas más bajas de detenciones” de migrantes en toda la frontera, agregaron.
Los datos del Gobierno mostraron que Big Bend es el tramo de la frontera sur con el menor número de encuentros entre agentes federales y migrantes.
Los demandantes sostuvieron que la ley de 1996 solo permite exenciones limitadas para proyectos de construcción fronteriza en zonas donde los cruces ilegales son generalizados.
La jueza federal de distrito Kathleen Cardone invalidó el 2 de octubre las exenciones de Noem, argumentando que la secretaria carecía de poderes tan amplios.
Cardone se negó a suspender su fallo, lo que llevó al Gobierno a recurrir ante la Corte Suprema.
La promesa de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ha sido una de sus políticas emblemáticas desde su primera campaña presidencial en 2016. Forma parte de su política de inmigración de línea dura, que se centra en la seguridad fronteriza y las deportaciones masivas.
Las autoridades han advertido que, si se construyen otras partes del muro, pero la zona de Big Bend permanece abierta, esta sería aprovechada por quienes buscan ingresar al país de manera ilegal.
Con el respaldo de los fondos para la construcción otorgados por el Congreso, controlado por los republicanos, la Administración busca cumplir con el plan de Trump mediante la finalización de una instalación de 2,000 millas que incluye paneles de acero, barreras para vehículos y nueva tecnología de vigilancia.