Por Lindsay Whitehurst - The Associated Press
Los padres que demandan al gobierno tras haber sido separados de sus hijos en la frontera entre Estados Unidos y México se oponen a que el Departamento de Justicia exija evaluaciones psicológicas adicionales para medir el grado de trauma que generó esta política estadounidense establecida por el expresidente Trump, según muestran documentos judiciales.
El efecto de esta política, calificada de inhumana por líderes políticos y religiosos de todo el mundo, ha sido bien documentado, y es injusto requerir que los padres se sometan ahora a otra ronda de preguntas, argumentan los abogados según los documentos judiciales presentados este jueves.
Una mujer testificó que lloraba mientras le quitaban a su hija por un período que se extendió hasta más de dos meses, según los documentos de la corte. Miles de niños fueron separados de sus padres; algunos aún no se han vuelto a reunir con ellos.
Los migrantes que piden una indemnización ya se han sometido a otras evaluaciones, pero el Departamento de Justicia dijo el mes pasado que es necesario que un experto, elegido por el Gobierno, haga las nuevas pruebas, pues los padres alegan daños mentales y emocionales permanentes.
Las evaluaciones psicológicas de ambas partes son rutinarias en los reclamos por daños emocionales, pero los abogados de los padres dicen que el Gobierno ha alargado el proceso, y alegan que las pruebas adicionales serán emocional y logísticamente tensas, pues implicarían que deban ausentarse del trabajo y encontrar una guardería barata.
Los efectos de las separaciones familiares han sido estudiados a fondo, incluso por investigadores del Gobierno que descubrieron que los niños separados de sus padres mostraban más miedo, sentimientos de abandono y síntomas de estrés postraumático.
Los padres estudiados por Médicos por los Derechos Humanos, un colectivo de médicos sin ánimo de lucro que trabaja para documentar las violaciones de los derechos humanos, también mostraron pensamientos suicidas y sufrieron una serie de problemas como pesadillas, depresión, ansiedad, pánico, preocupación y dificultad para dormir.
El Departamento de Justicia no pide que los niños sean reevaluados ahora, pero se reserva el derecho de hacerlo más adelante si es necesario. Un juez decidirá, posiblemente dentro de unas semanas, si se exigirán las nuevas evaluaciones.
Las solicitudes se producen en dos casos presentados por 11 familias. Casi dos docenas de casos similares están pendientes en otras cortes, y algunos ya se han sometido a las evaluaciones psiquiátricas pedidas por el Gobierno.
[Un año después, ¿qué queda de la política de “tolerancia cero” de Trump?]
Hay un esfuerzo legal aparte para reunir a otras familias, y todavía hay cientos que no han sido reunificadas. El Gobierno de Biden ha formado un grupo de trabajo que ha reunido a unas 600 familias.
Las dos partes habían estado negociando un acuerdo, pero las conversaciones se rompieron después de que se informara de la propuesta inicial de 450,000 dólares por persona, que fue muy criticada por los republicanos.
Durante su campaña, el presidente Biden dijo que estas políticas eran "un escándalo, un fracaso moral y una mancha en nuestro carácter nacional".
El expresidente Donald Trump detuvo esta práctica en junio de 2018 en medio de una condena generalizada, pocos días antes de que un juez ordenara el fin del programa en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles.