By Elliot Spagat - The Associated Press
Una jueza federal cuestionó duramente el viernes la posición del Gobierno del presidente, Joe Biden, de que no es responsable de dar alojamiento y comida a los niños migrantes mientras esperan en los campamentos improvisados en la frontera sur.
La Patrulla Fronteriza no discute las condiciones de dichos campamentos, donde los migrantes esperan bajo el cielo abierto en tiendas de campaña o en estructuras hechas de ramas, mientras carecen de agua o comida. Las personas, que cruzaron la frontera de forma irregular, esperan a que agentes de la Patrulla Fronteriza los arresten y los procesen. La pregunta es si están o no bajo custodia legal.
Eso supondría un límite de 72 horas para la retención de los niños y requeriría atención médica y de emergencia, así como garantías de seguridad física, entre otras condiciones.
La jueza de distrito, Dolly Gee, aseguró que la evidencia presentada por grupos de defensa de los migrantes parecían apoyar la definición de custodia legal. “¿Son libres para irse?”, cuestionó.
“Siempre y cuando no avancen más dentro de Estados Unidos”, respondió la abogada del Departamento de Justicia, Fizza Batool.
Gee, quien fue designada por el expresidente demócrata Bill Clinton, reconoció que era complicado, “como bailar en la cabeza de un alfiler”, porque algunos niños llegan solos a los campos y no son enviados allí por los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Los activistas buscan se implemente el Acuerdo Flores emitido por un tribunal en 1997 sobre las condiciones de niños migrantes en custodia, que incluye el límite de tiempo y servicios como inodoros, lavamanos y controles de temperatura. Gee no emitió una decisión tras una audiencia de una hora y media en Los Ángeles, California.
Los niños que viajan solos deben ser entregados después de 72 horas al Departamento de Salud y Servicios Humanos que generalmente los libera con sus familiares en Estados Unidos, mientras un juez de inmigración considera su asilo. Las familias solicitantes de asilo suelen ser puestas en libertad en el país mientras sus casos son procesados en las cortes.
El desafío legal se centra en dos zonas de California: una entre dos vallas fronterizas en San Diego y otra en una remota región montañosa al este de San Diego.
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Cuando la cifra de migrantes fue especialmente alta el año pasado, esperaron varios días para ser detenidos y procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza que estaban desbordados. De mayo a diciembre, los oficiales distribuyeron pulseras de colores para dar prioridad a los primeros que serían procesados.
Los activistas afirman que la Patrulla Fronteriza suele dirigir a los migrantes a los campamentos, a veces incluso trasladándolos en vehículo. Frecuentemente se ve a agentes en las cercanías vigilando hasta que llegan los autobuses y furgonetas.
El Departamento de Justicia, que rechaza la calificación de los activistas que llaman a los campamentos “centros de detención al aire libre”, sostiene que son los traficantes de personas quienes envían a los migrantes a dichos sitios.
Además asegura que los agentes que les dan agua y bocadillos lo hacen por un gesto humanitario y que cualquier funcionario que los envíe, o incluso los escolte hasta allí “no es diferente a cualquier agente de la ley que dirige el tráfico para evitar el desorden y la confusión”.
Por lo general, la Patrulla Fronteriza detiene a los migrantes en los campamentos en un plazo de 12 horas desde que los encuentra, en comparación con las 24 horas del año pasado, aseguró Brent Schwerdtfeger, un alto funcionario de la agencia en el sector de San Diego, en una declaración judicial. La agencia ha más que duplicado el número de autobuses en la zona de San Diego, hasta 15, para agilizar el procesamiento.
El viernes, 33 inmigrantes, entre ellos dos niños pequeños, esperaron entre los muros fronterizos de San Diego hasta que los oficiales se acercaron para pedirles que vaciaran sus bolsillos, se quitaran los cordones de los zapatos y pasaran por el registro de armas, antes de ser trasladados en furgonetas a una estación de espera. Principalmente eran personas originarias de China e India, y otras de Afganistán, Azerbaiyán y Georgia. Los agentes les hablaron en inglés.
Pedro Ríos, voluntario del American Friends of Service Committee, repartió bocadillos de pavo, té y café caliente a través de los huecos del muro fronterizo. Dio analgésicos y pomadas a una mujer de China que cojeaba tras caer del muro.
Kedian William, de 38 años, contó que dejó a su hija de 10 años con familiares en Jamaica porque no podía costear su viaje, que incluía un pasaje de avión a México, pero que el asma de todas formas habría hecho difícil el viaje para la niña. Planeaba aplicar a asilo y reunirse con su familia en Nueva York, luego de que huyera de casa porque su cuñada, el esposo de ésta y su hijo fueran asesinados el año pasado.
William dijo que intentó llegar el miércoles al campamento pero que regresó a Tijuana para evadir a las autoridades mexicanas. Intentó de nuevo al día siguiente esperando seis horas en territorio estadounidense para que los agentes la recogieran para ser procesada.